Ante la falta de acuerdo para solucionar el problema de las autopistas radiales, la ministra de Fomento, Ana Pastor (en la imagen) amenazó con liquidarlas. Constructoras, concesionarias y, sobre todo, la banca se oponían a la medida. No en vano, las entidades financieras serían las que más perderían en caso de liquidación. Por esta razón, presionaron al Gobierno para impedir que Pastor cumpliera su amenaza. Y lo han conseguido.
El argumento de las entidades lo han hecho suyos tanto el ministro de Economía, Luis de Guindos, como el de Hacienda, Cristóbal Montoro: liquidar las radiales supondrá una merma de la marca España. Ya saben, el mantra de la inseguridad jurídica. Y no hay que olvidar un pequeño detalle: estamos en periodo electoral.
El mismo razonamiento ha utilizado este viernes la patronal de las grandes constructoras, Seopan: liquidar las radiales “cerraría el país” a inversiones nacionales y extranjeras y provocaría un “daño a la imagen de España ante la inseguridad jurídica que generaría”, asegura.
La patronal, además, afirma que llevar a cabo la amenaza de Pastor costaría al Estado 5.000 millones de euros. Eso sin contar los 2.300 millones de euros que las empresas del sector reclamarían al Estado por la vía judicial. En definitiva, lo que viene a decir Seopan es lo mismo que dijeron las entidades financieras en defensa del rescate bancario: cuesta más liquidar que sanear.
Para que nos entendamos: con el saneamiento ganan las constructoras, las concesionarias y la banca, pero pierden los españoles. Con la liquidación, pierden las constructoras, las concesionarias y, sobre todo, la banca, pero ganan los españoles que no ponen ni un euro.
Por eso, todo hace indicar que el conjunto de los españoles, que aún no han terminado de pagar el saneamiento bancario, tendrán que hacer frente al de las radiales.
En resumen, se vuelve a la casilla de salida, esto es, a la creación de la Empresa Nacional de Autopistas (la ENA-2), pero con un matiz distinto: la posición de la ministra -que abogaba por reducir al mínimo el impacto económico a los ciudadanos- es ahora más débil que al comienzo del conflicto.
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