El Juzgado de lo Mercantil Número 6 de Madrid ya ha iniciado el proceso para hacerse cargo del proceso concursal de la autopista AP-41 Toledo-Madrid, actualmente bajo control del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Toledo. Fuentes judiciales han confirmado que el juzgado toledano ya ha recibido la correspondiente petición del madrileño, aunque el traspaso no se hará efectivo hasta que culmine la llamada fase común de este concurso.
La quiebra de la AP-41 es, con mucho, el proceso concursal de mayor cuantía que lleva el Juzgado de lo Mercantil toledano. Hay que recordar que este concurso se iniciaba en mayo de 2012, cuando lo presentó la compañía gestora de la infraestructura al no poder hacer frente a unas deudas que estimaba entonces en unos 523 millones. Un 80 por ciento corresponde a los créditos que varios bancos nacionales e internacionales concedieron para esta infraestructura, mientras el resto correspondía al coste de las expropiaciones del terreno. Aún así, este pasivo debe ser mayor, ya que sólo los impagos de expropiaciones, tras varias sentencias judiciales, ha ido creciendo hasta acercarse a los 150 millones.
Fuentes judiciales señalan que el pase del proceso concursal de la AP-41 y otras siete autopistas quebradas (entre ellas, la R-4 Madrid-Ocaña y la AP-36 Ocaña-La Roda) se basa en un decreto-ley aprobado por el Gobierno central el pasado otoño. Este decreto ha permitido que la resolución de todos los concursos de autopistas pueda efectuarse en el Juzgado de lo Mercantil 6, en el que el Ministerio de Fomento ha presentado su propuesta de plan de rescate de autopistas, que serviría de convenio de acreedores para evitar la liquidación de estas empresas y el traspaso total de sus pérdidas, estimadas en unos 3.800 millones de euros sólo con bancos, al Estado. El Estado ha mostrado su disposición a hacerse cargo de estas autopistas a través de una sociedad pública, pero a cambio de que las entidades bancarias renuncien a la mitad de lo que se le debe, algo sobre lo que todavía no hay acuerdo.
En el caso de las expropiaciones de esta vías, que pueden suponer otros 1.000 millones, la Justicia ya ha determinado en varios autos y sentencias que sus cuantías no pueden ser rebajadas en el proceso concursal.
Así las cosas, lo que se espera en el Juzgado madrileño es que los demás terminen el proceso de fase común, en el que se contabilizan todas las deudas de cada compañía, antes de su remisión a la capital española para que se decida su inclusión en el Plan de Rescate si éste es aprobado. Fuentes próximas al Juzgado toledano aseguran que están acometiendo este trámite.
Hay que recordar que el problema fundamental de estas vías de peaje es que no han cumplido las expectativas de tráfico con las que fueron diseñadas, por lo que no pueden sostener el coste de créditos y expropiaciones con sus ingresos. En el caso de la AP-41, en el momento de su entrada en concurso no alcanzaba ni la décima parte de los 25.000 vehículos diarios que se estimaron antes de su apertura en 2007.
Su evolución ha ido a peor en este tiempo, según se agudizaba la crisis económica. A finales del año pasado, registraba un tráfico diario medio de sólo 743 vehículos.
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