El Ministerio de Fomento, con su titular Ana Pastor al frente, ha dejado claro a los accionistas de las empresas acreedoras de la enorme deuda que sobrevuela sobre las autopistas radiales
de peaje, que el coste de dicha deuda no recaerá exclusivamente sobre
la administración y que en caso de no llegar a un acuerdo, el gobierno
luchará cada céntimo en los tribunales. El objetivo está claro, los
ciudadanos no deben pagar la desastrosa planificación de estas vías de
alta capacidad que a día de hoy se encuentran con un horizonte muy
incierto.
"Pueden llevar al Estado a asumir la deuda de las autopistas,
pero se enfrentarán a decenas de pleitos judiciales que retrasarán el
pago y también lo reducirán" Así de contundentes se han mostrado fuentes
del Ministerio de Fomento en referencia al pago de la deuda por las
autopistas. Mientras que otras infraestructuras como el AVE o los Aeropuertos
(con la salida a bolsa de AENA entre otras medidas) van viendo la luz
al final del túnel, los 3.600 millones de euros de deuda sobre las
autopistas no parecen tener un final feliz para ninguna parte.
Hace un tiempo ya se comunicó que el gobierno iba a pedir una quita a
sus acreedores del 50% de la deuda, renegociando las condiciones de la
otra mitad con condiciones más favorables: bonos a 30 años a un interés
del 1%. Pero tanto la banca acreedora como las concesionarias y el
propio ministerio se echan las culpas los unos a los otros y el proceso,
a día de hoy está completamente atascado en el Juzgado de lo Mercantil
nº6 de Madrid. Son las entidades extranjeras los principales acreedores
que no están dispuestas a aceptar dicha quita.
Pero parece que lo tienen complicado, ya que el gobierno no está
dispuesto a 'comerse todo el marrón' de las autopistas y finalmente
deberán llegar todas las partes a un acuerdo. Aunque, por otra lado,
desde la Administración apuntan que en caso de pagar ellos la mayor
parte de la deuda, esta suma no se contabilizaría como déficit y el
importe final sería bastante inferior, ya que se deberían restar las
amortizaciones y demás apuntes contables no reflejados en los 3.600 millones totales. Lo único que parece estar claro es que es un problema de difícil solución.
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