El conseller Vila en el Consell d'Alcaldes del Consell Comarcal del Maresme Fede Cedó |
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, asumió ayer en Mataró (Maresme), en referencia a la concesión de la autopista de peaje C32 que caduca en el 2021, que la Generalitat es partidaria de “poner el modelo en crisis” y no tomar ninguna decisión para prorrogar el peaje “sin contar con el consenso del territorio”. Así lo transmitió al Consell d’Alcaldes de la comarca, que volvió a reivindicar la gratuidad de una vía de altas prestaciones que, como admitió Vila: “los ciudadanos no pueden pagar si ya está amortizada”.
El consenso, en el sentido de “no prolongar la concesión de la C-32 más allá del 2021” es total, apuntó el alcalde de Mataró, Joan Mora. Así, informó que el propio conseller mantendrá reuniones con los afectados, la primera con la Coordinadora Preservem el Maresme, indignados ante la posibilidad que el peaje de la C32 en el Maresme pudiera prolongarse sin ofrecer una alternativa gratuita a los residentes, después de 40 años pagando, como sugirió el propio conseller en otra visita a la comarca.
Por su parte, la alcaldesa de Calella, Montserrat Candini, detalló avances en las negociaciones, como la elaboración de un Plan de Movilidad global “para evitar, como hasta ahora, hacer análisis fragmentados de las infraestructuras comarcales”. La planificación trabajará sobre el horizonte del 2021, garantizando el fin de la concesión de la autopista de peaje.
El conseller, no obstante, refirió como alternativa general el marco de directivas europeas que invita a los gobiernos a gestionar las vías de altas prestaciones con un sistema de pago por uso y por contaminación. Sin embargo, entiende que la autopista del Maresme varíe hacia la gratuidad una vez que la comarca sufre desde hace 40 años la “situación injusta de no disponer de una alternativa gratuita”.
Vila entiende las reivindicaciones del territorio y asegura que las comparte, aunque no es partidario que se apliquen en toda Catalunya. Aquí, el conseller, juzgó necesaria una gran revisión de infraestructuras viarias y analizar las directivas europeas que invitan a los gobiernos a gestionar las vías de altas prestaciones “mediante un sistema de pago por uso y por contaminación” que juzga correcto como sistema de gestión.
En estos seis años que quedan hasta la finalización de la concesión para mantener como vía de peaje la autopista C32, Santi Vila, aseguró que en este margen de tiempo “en el Govern nos lo tomaremos con responsabilidad y sin ningún tipo de discriminación territorial”. Más allá del 2021, apuntó que finalizan la mayoría de concesiones de la red de autopistas catalanas, por lo que evidenció la necesidad de “poner el modelo en crisis, como desea hacer el gobierno de Catalunya” y asumió que “no es justo que los ciudadanos paguen por la amortización de una infraestructura que ya estará amortizada” concluyó en referencia a la C32.
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