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| Caravana de vehículos varados en mitad de la nieve cerca del peaje de La Magdalena durante la noche del 14 de diciembre de 2008. R. M. |
Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, S. A. (Aucalsa), sociedad que explota el peaje de la AP-66, cerró el acceso a la autopista a las 18 horas del domingo 14 de diciembre de 2008. Para entonces, tenía atrapados en mitad de una tormenta de nieve a 506 vehículos en sentido Asturias, 520 más dirección León y a 378 pasajeros que iban a bordo de ocho autobuses. Las 143 cámaras desplegadas a lo largo del Huerna venían advirtiendo al personal de la empresa de que las condiciones del firme llevaban dos horas siendo peligrosas. La situación exigió la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Los soldados rescataron a la última víctima a las 1.18 horas del lunes, tras más de siete horas de padecimientos.
El peor colapso en la historia de la principal comunicación con la meseta desató gran indignación. La entonces portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que, «cuando hay problemas, el Gobierno genera un caos extraordinario». Su compañero Andrés Ayala pidió la dimisión de la ministra Magdalena Álvarez tras calificar de «vergüenza» e «imprevisión» su actuación por «no vigilar ni revisar» los medios de Aucalsa.
La presión obligó al ministerio a abrir un expediente informativo para aclarar la responsabilidad de la concesionaria. Tras años de trámites, el departamento que dirige ahora Ana Pastor ha optado por archivarlo en secreto. La decisión asume las tesis de Aucalsa y culpa a la nieve de lo ocurrido.
En una contestación a este periódico, el ministerio admitió que, «ultimado el proceso de investigación, se consideró que, ante la situación excepcional que se produjo, no podía afirmarse que la sociedad concesionaria incumpliese gravemente sus obligaciones, tanto respecto a la dotación de medios como a la inadecuación de utilización de los mismos». En consecuencia, «la posible sanción a imponer hubiese sido mínima, de 300 euros».
Fomento reconoce que, al menos desde el año 2005, no ha puesto ninguna multa a las concesionarias. «Esta situación no es en absoluto excepcional, sino que es la que se espera de un sistema que está permanentemente inspeccionado por la Administración General del Estado», justifica la Administración. «Los escasos incidentes como el ocurrido en la AP-66 han estado siempre motivados por causas imprevisibles que, aun pudiendo desbordar la capacidad de actuación, no implican necesariamente una actuación negligente», agrega la respuesta.
El ministerio hace así suyas las explicaciones de Aucalsa que no convencieron ni a las delegaciones del Gobierno que informaron del asunto ni a los jueces que lo analizaron. Cabe recordar que, tras el suceso, la Unión de Consumidores de España (UCE) y Auscabc se movilizaron para prestar asistencia jurídica a los afectados y reclamar en su nombre una compensación.
La primera sentencia fue dictada 15 meses después de los hechos y condenaba a la concesionaria a pagar 900 euros a un matrimonio de Nava por los daños económicos y morales padecidos.
El abogado de Aucalsa defendió en el juicio que la Agencia Estatal de Meteorología sólo pronosticó que el manto de nieve alcanzaría aquella tarde de 10 a 15 centímetros de espesor cuando, al final, fue de un metro. La nevada «era más que previsible» por la fecha (el mes de diciembre) y el lugar (el entorno del peaje de la Magdalena), afeó el magistrado-juez. La condena razona que, al cobrarle el peaje a los conductores, la concesionaria adquirió el compromiso contractual de «garantizar (al cliente) una circulación fluida, rápida y sin riesgo de ningún tipo».
Los primeros informes del ministerio apuntaban en igual sentido. Tras entrevistarse con personal de Aucalsa, afectados y Guardia Civil, las Delegaciones del Gobierno en Asturias y Castilla y León realizaron un dictamen para Fomento. En él acusaban a la concesionaria de una «actuación indebida» al no poner más quitanieves, retrasar el cierre de la vía y demorar el aviso a las autoridades del colapso.
En 2009 el ministerio informó de que aquellos estudios obligaban a transformar el expediente informativo en sancionador por «falta grave». El trámite exigía una propuesta de multa elaborada por la Abogacía del Estado, un trámite de audiencia con Aucalsa y, al final de todo, una orden ministerial que resolviera el caso. En 2012 el expediente seguía vivo, pero ya sólo a la espera de la instrucción de Pastor.
La orden, al final, cayó en favor de la concesionaria. Los 90 afectados que recurrieron a Ausbanc y la UCE lograron una indemnización total de 15.497,75 euros. Es la única penalidad que ha soportado la empresa y equivale a la recaudación por peajes que obtiene cada cuatro horas.
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