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| Tráfico de camiones en la carretera N-340. :: lp |
El sector del transporte reaccionó ayer con una mezcla de sorpresa y rechazo a la decisión del Ministerio de Fomento de prohibir la circulación de camiones de más de 7.500 kilos por algunas carreteras nacionales para obligarles a transitar por autopistas de peaje. La federación valenciana del transporte por carretera (Fvet) mostró su oposición a una medida «injustificada y precipitada». Según su presidente, Francisco Corell, los transportistas incrementarán precios. «Si tenemos que pagar un peaje, habrá que repercutirlo en los clientes», explicó.
Tal y como publicó ayer este periódico, la medida entrará en vigor en abril y afecta a toda la red nacional de carreteras. En el caso de la Comunitat, los tramos restringidos suman 240 kilómetros repartidos en dos tramos de la N-340 y la N-332. Ambas vías tienen en común un elevado tráfico de vehículos pesados -entre un 20 y un 30%- y una alta siniestralidad. La vía alternativa que los transportistas tendrán que tomar obligatoriamente es la AP-7. Fomento negocia con Abertis la aplicación de descuentos de entre el 35 y el 50% para los profesionales del transporte.
En cualquier caso, se trata de un nuevo coste añadido a un sector que, según sus propios cálculos aporta a las arcas públicas más de 22.000 millones al año en impuestos, 4,26 veces de lo que recibe en inversiones en infraestructuras. Por ese motivo, las federaciones del sector reclamarán a Fomento que articule un sistema para poder repercutir separadamente en la factura el coste del peaje y que éste no salga del margen del transportista.
El presidente de Fvet admitió que la medida avanzada por LAS PROVINCIAS ha sido una sorpresa y lamentó que Fomento no les informasen en la reunión del Comité Nacional de Transporte del día 21.
Además, Francisco Corell aseguró que habrá que analizar si en los tramos afectados hay empresas a las que no es posible llegar de otra forma que no sea la carretera nacional. «Tenemos que estudiar si puede haber deficiencias de suministro y redactar normas complementarias que hagan que esto se aplique sólo al tránsito, no a la distribución capilar», concretó.
Por su parte, el director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, Manuel Miñés, lamentó que la medida adoptada por el departamento de Ana Pastor no vaya acompañada de mejoras en las carreteras afectadas. En este sentido, recordó el caso de la N-II en Gerona, donde se desvió el tráfico a la AP-7 «pero el Gobierno catalán había conseguido que se licitará con urgencia la duplicación de esta carretera desde Gerona a la Junquera por 110 millones».
Sin embargo, en la Comunitat, la propuesta «no lleva compromiso de licitación ni plazos concretos para las variantes de Altea, Benissa, la conexión sur de Oliva o la duplicación de la variante de Gandia». Además, en el caso del tramo entre Cullera y Favara los presupuestos para 2015 sólo contemplan ocho millones para reanudar sus obras.
Miñés también se preguntó si la rebaja del peaje «conllevará alguna compensación en la prórroga de la concesión a la empresa gestora de la autopista».
Las Provincias.es 30/01/2015
Tal y como publicó ayer este periódico, la medida entrará en vigor en abril y afecta a toda la red nacional de carreteras. En el caso de la Comunitat, los tramos restringidos suman 240 kilómetros repartidos en dos tramos de la N-340 y la N-332. Ambas vías tienen en común un elevado tráfico de vehículos pesados -entre un 20 y un 30%- y una alta siniestralidad. La vía alternativa que los transportistas tendrán que tomar obligatoriamente es la AP-7. Fomento negocia con Abertis la aplicación de descuentos de entre el 35 y el 50% para los profesionales del transporte.
En cualquier caso, se trata de un nuevo coste añadido a un sector que, según sus propios cálculos aporta a las arcas públicas más de 22.000 millones al año en impuestos, 4,26 veces de lo que recibe en inversiones en infraestructuras. Por ese motivo, las federaciones del sector reclamarán a Fomento que articule un sistema para poder repercutir separadamente en la factura el coste del peaje y que éste no salga del margen del transportista.
El presidente de Fvet admitió que la medida avanzada por LAS PROVINCIAS ha sido una sorpresa y lamentó que Fomento no les informasen en la reunión del Comité Nacional de Transporte del día 21.
Además, Francisco Corell aseguró que habrá que analizar si en los tramos afectados hay empresas a las que no es posible llegar de otra forma que no sea la carretera nacional. «Tenemos que estudiar si puede haber deficiencias de suministro y redactar normas complementarias que hagan que esto se aplique sólo al tránsito, no a la distribución capilar», concretó.
Por su parte, el director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, Manuel Miñés, lamentó que la medida adoptada por el departamento de Ana Pastor no vaya acompañada de mejoras en las carreteras afectadas. En este sentido, recordó el caso de la N-II en Gerona, donde se desvió el tráfico a la AP-7 «pero el Gobierno catalán había conseguido que se licitará con urgencia la duplicación de esta carretera desde Gerona a la Junquera por 110 millones».
Sin embargo, en la Comunitat, la propuesta «no lleva compromiso de licitación ni plazos concretos para las variantes de Altea, Benissa, la conexión sur de Oliva o la duplicación de la variante de Gandia». Además, en el caso del tramo entre Cullera y Favara los presupuestos para 2015 sólo contemplan ocho millones para reanudar sus obras.
Miñés también se preguntó si la rebaja del peaje «conllevará alguna compensación en la prórroga de la concesión a la empresa gestora de la autopista».
Las Provincias.es 30/01/2015
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