Algunos hablan de la carta que el presidente de la CEOE, Juan Rosell, envió a la ministra Ana Pastor (en la imagen) pidiéndole que el Estado respondiera ante concesionarias y constructoras por la pérdida de las carreteras radiales.
Pero esa carta no preocupa a Ana Pastor. Lo que le preocupa a la ministra de Fomento es otra carta, llegada la misma víspera de Nochebuena, remitida por la banca acreedora española. El mensaje es simple: no estaban dispuestos a comprar los créditos de la banca extranjera. Pero entonces, ¿la alternativa es la liquidación de las radiales? Por supuesto. Todo el plan de Fomento se venía abajo. El plan consistía en reunir todos los sumarios en uno, en un solo juzgado, para que la cuota parte de la banca extranjera quedara en minoría y no pudieran sabotear el plan de la ministra Pastor. Hablamos de una deuda global de 4.300 millones de euros.
A cambio, el Gobierno les daría a la banca española un bono a 30 años, pagadero al 1% más otro extra, que podría llegar al 2,6%, dependiendo del tráfico por las rutas de las nueve empresas en quiebra técnica.
Todo estaba listo pero la banca dijo no. En primer lugar, el comité rector de los acreedores asegura que tiene provisionados esos créditos que, además, vienen ya de una quita del 50%. No están dispuestos a que hay otra quita
sobrevenida pero, sobre todo, no están dispuestos a introducir una remuneración variable según tráfico. Sobre todo porque auditores e inspectores obligarían a la banca a provisionar de nuevo. Y ahí se han plantado. Es más, la banca apuesta ya claramente por la liquidación judicial de las radiales y que cada uno cobre su cuotaparte.
Lo que es tanto como decir: a partir de aquí arréglaselas usted como pueda, señora ministra. Eso sí, Ana Pastor insiste en que la banca cederá o, en cualquier caso, que el Gobierno no abrirá la mano en materia de responsabilidad patrimonial de la administración del Estado (RPA). Ya se encargó de ello, en parte, con la modificación legal, pero el problema central sigue en pié.
Además, el Gobierno se ve abocado a enfrentarse a un panoplia de demandas: las de las concesionarias y constructoras y la de la banca extranjera.
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