El BNG anunció hoy la presentación de sendas propuestas ante el Parlamento de Galicia y el Congreso de los Diputados tendentes a pedir la transferencia de la gestión y competencias de la autopista AP-9, tras los "abusos" por parte de la concesionaria.
La doble iniciativa fue anunciada en una conferencia de prensa por la diputada del BNG en el Congreso de los Diputados Rosana Pérez y su compañera la diputada autonómica de la misma organización política Ana Pontón.
Pérez denunció la "gestión nefasta" por parte de la firma concesionaria privada Audasa y subrayó que se trata de una infraestructura "fundamental" para el "desarrollo económico" de Galicia, ya que "vertebra" las comunicaciones norte-sur a lo largo de la costa, la zona de mayor concentración de población.
La diputada aludió a los "colapsos" registrados el pasado verano en algunas zonas de peaje, donde ha habido una "reducción de personal en las cabinas", además del "deterioro de la vía" en ciertos tramos.
Subrayó, además, que la AP-9 es la autopista "más cara de España" después de otras dos catalanas en las que hay mayor tráfico, y consideró que la concesionaria ha procedido a aumentar el precio del peaje para compensar la "pérdida de usuarios".
La diputada cuestionó la legalidad de la intención del Ministerio de Fomento de obligar a los camiones a utilizar la AP-9 y otras autopistas y autovías, y destacó que eso puede perjudicar al sector del transporte viario, integrado por pequeñas y medianas empresas, que paga el "carburante más caro de España", en parte por la aplicación de impuestos del denominado "céntimo sanitario".
Añadió que espera ver la posición de ese sector, pero subrayó que el BNG considera que "si es legal obligarles a circular por la autopista" aboga por "que se haga de una manera absolutamente gratuita".
Por su parte, Pontón consideró que la AP-9 tiene una "historia de discriminación, negligencia y abuso continuado" y enfatizó que su gestión representa un "desfalco" para los gallegos.
En ese sentido, indicó que desde 1979 Audasa ha recaudado en Galicia 2.257 millones de euros, de los cuales 1.700 millones en los últimos catorce años.
Según sus cálculos, el coste de construcción, conservación y explotación de esa autopista supone 1.428 millones de euros, y diariamente percibe unos 320.000 euros, lo que supone un "expolio".
Pontón indicó que "no hay un problema legal" para transferir esa autopista a la Xunta, ya que ha habido un precedente en 1999 en la atribución de la A-8 al Gobierno vasco, por lo que opinó que es una cuestión de "voluntad política".
En ese sentido, señaló que espera ver en el debate sobre ese asunto si el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "va de farol cuando dice que tiene que reclamar la transferencia" de esa autopista.
ABC.ES 06/02/2015
La doble iniciativa fue anunciada en una conferencia de prensa por la diputada del BNG en el Congreso de los Diputados Rosana Pérez y su compañera la diputada autonómica de la misma organización política Ana Pontón.
Pérez denunció la "gestión nefasta" por parte de la firma concesionaria privada Audasa y subrayó que se trata de una infraestructura "fundamental" para el "desarrollo económico" de Galicia, ya que "vertebra" las comunicaciones norte-sur a lo largo de la costa, la zona de mayor concentración de población.
La diputada aludió a los "colapsos" registrados el pasado verano en algunas zonas de peaje, donde ha habido una "reducción de personal en las cabinas", además del "deterioro de la vía" en ciertos tramos.
Subrayó, además, que la AP-9 es la autopista "más cara de España" después de otras dos catalanas en las que hay mayor tráfico, y consideró que la concesionaria ha procedido a aumentar el precio del peaje para compensar la "pérdida de usuarios".
La diputada cuestionó la legalidad de la intención del Ministerio de Fomento de obligar a los camiones a utilizar la AP-9 y otras autopistas y autovías, y destacó que eso puede perjudicar al sector del transporte viario, integrado por pequeñas y medianas empresas, que paga el "carburante más caro de España", en parte por la aplicación de impuestos del denominado "céntimo sanitario".
Añadió que espera ver la posición de ese sector, pero subrayó que el BNG considera que "si es legal obligarles a circular por la autopista" aboga por "que se haga de una manera absolutamente gratuita".
Por su parte, Pontón consideró que la AP-9 tiene una "historia de discriminación, negligencia y abuso continuado" y enfatizó que su gestión representa un "desfalco" para los gallegos.
En ese sentido, indicó que desde 1979 Audasa ha recaudado en Galicia 2.257 millones de euros, de los cuales 1.700 millones en los últimos catorce años.
Según sus cálculos, el coste de construcción, conservación y explotación de esa autopista supone 1.428 millones de euros, y diariamente percibe unos 320.000 euros, lo que supone un "expolio".
Pontón indicó que "no hay un problema legal" para transferir esa autopista a la Xunta, ya que ha habido un precedente en 1999 en la atribución de la A-8 al Gobierno vasco, por lo que opinó que es una cuestión de "voluntad política".
En ese sentido, señaló que espera ver en el debate sobre ese asunto si el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "va de farol cuando dice que tiene que reclamar la transferencia" de esa autopista.
ABC.ES 06/02/2015
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