El sector del transporte teme que la obligatoriedad que impulsa el Ministerio de Fomento para hacer circular a los camiones en trayectos largos por las autopistas enmascare un intento del Gobierno de hacer crecer las arcas de las concesionarias. Es lo que opina el sector, y es posible que algunos consideren el incremento de ingresos que va a generar a las empresas que llevan las autopistas el hecho de que los vehículos pesados tengan que circular, sí o sí, por las vías de peaje.
Pero no será oro todo lo que reluzca. La autopista AP-53, que comunica Santiago con Dozón, es un paradigma de trazado que evitan en la medida de lo posible los camioneros. Solo aquellos que transportan mercancías peligrosas, y están por ello obligados por ley, toman la autopista. No escapan de la AP-53 solo para evitar sus elevados peajes, sino que su trazado con fuertes pendientes desde Ponte Ulla a Lamela les hace más rentable conducir por la N-525. El tiempo es prácticamente el mismo, y aseguran que reducen consumo.
Si finalmente la medida de Fomento sale adelante, la rentabilidad que dejarán los camiones en la autopista puede verse compensada con una utilización de turismos todavía menor que la actual: porque si los conductores circulan por una N-525 libre de lentos camiones, quizás puedan convivir de mayor grado con la ausencia de carriles lentos en todo el tramo pontevedrés de la Nacional, a costa de ahorrarse el peaje de la AP-53. Y ahí habrá que echar números, con tino.
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