El Gobierno francés está negociando con las concesionarias de las autopistas el establecimiento de peajes que variarán en función del nivel de contaminación de cada vehículo, con una penalización para los diesel por sus emisiones en micropartículas.
"Le Journal du Dimanche" reveló hoy el contenido de estas negociaciones, que según una fuente próxima al Ejecutivo "se han vuelto más constructivas aunque se trabaje en una revisión profunda de los contratos" con las sociedades concesionarias.
Las conversaciones, que se habían endurecidos por los reproches del Gobierno sobre la renta de las sociedades de autopistas a las que se amenazó con una nacionalización, se centran en establecer un sistema de peajes modulados.
Eso se traduciría en "débiles subidas de precios" para los llamados "vehículos limpios" (eléctricos, híbridos, pero también a los que comparten coche), lo que se compensaría con incrementos más elevados para los más contaminantes, y en particular los diesel con mayores emisiones.
Para las concesionarias ese sistema -que no se aplicaría hasta 2016- tendría la ventaja de ahuyentar el riesgo de una congelación y continuar con los aumentos globales de los peajes y terminar con la tarifa única que les permitiría jugar entre diferentes propuestas.
El Ejecutivo podría presentar el nuevo dispositivo poniendo el acento en las leves alzas de los peajes para los coches limpios en coherencia con su política medioambiental.
El problema es que los peajes diferenciados necesitarían una identificación de los vehículos en los peajes, lo que necesitaría, por ejemplo, una viñeta que los clasificara por nivel de contaminación.
Para eso se podría aprovechar el trabajo llevado a cabo desde hace un año por el Ministerio de Ecología para prohibir la circulación de los vehículos con más emisiones cuando se producen picos de contaminación.
Para 2015, las sociedades de autopistas quieren una progresión global de los peajes del 0,57 %.
Según "Le Figaro", el Gobierno quiere limitar los beneficios de esas empresas -considerados exagerados, teniendo en cuenta que se basan en unas infraestructuras construidas por el Estado y privatizadas a finales de los 1990- a una rentabilidad tope del 7-8 %.
Por encima de ese tope, de acuerdo con el diario, el Estado se quedaría con una parte de esos beneficios. La contrapartida sería que en caso de caída del tráfico, el Estado compensaría igualmente una parte de lo que se dejara de ingresar.
La negociación entre las dos partes incluye también el control de las autopistas a cargo de la Autoridad de Regulación de las Actividades Ferroviarias (Araf).
El Ejecutivo quiere que este organismo verifique que las concesionarias no realicen obras de dudosa necesidad -que sirven para reclamar subidas de peajes- que encargan a empresas del mismo grupo, como se sospecha que ocurre con Vinci y Eiffage.
Francia aplicará a partir del próximo 1 de enero una nueva fase de la llamada "tasa de carbono" que va a incrementar la fiscalidad de las fuentes de energía que emiten dióxido de carbono (CO2).
En la práctica, eso va a encarecer el precio del gas, del fuel, de la gasolina y sobre todo del gasóleo (2,4 céntimos de euro por litro en este último caso).
Además, los vehículos diesel tendrán que abonar otra tasa de 2,4 céntimos de euros por litro para compensar el abandono de la llamada "eco-tasa" que iba a gravar a los camiones que circularan por vías libres de peaje.
Además, "la tasa de carbono" sobre los carburantes volverá a incrementarse en las mismas proporciones en 2016.
Yahoo.com 28/12/2014
"Le Journal du Dimanche" reveló hoy el contenido de estas negociaciones, que según una fuente próxima al Ejecutivo "se han vuelto más constructivas aunque se trabaje en una revisión profunda de los contratos" con las sociedades concesionarias.
Las conversaciones, que se habían endurecidos por los reproches del Gobierno sobre la renta de las sociedades de autopistas a las que se amenazó con una nacionalización, se centran en establecer un sistema de peajes modulados.
Eso se traduciría en "débiles subidas de precios" para los llamados "vehículos limpios" (eléctricos, híbridos, pero también a los que comparten coche), lo que se compensaría con incrementos más elevados para los más contaminantes, y en particular los diesel con mayores emisiones.
Para las concesionarias ese sistema -que no se aplicaría hasta 2016- tendría la ventaja de ahuyentar el riesgo de una congelación y continuar con los aumentos globales de los peajes y terminar con la tarifa única que les permitiría jugar entre diferentes propuestas.
El Ejecutivo podría presentar el nuevo dispositivo poniendo el acento en las leves alzas de los peajes para los coches limpios en coherencia con su política medioambiental.
El problema es que los peajes diferenciados necesitarían una identificación de los vehículos en los peajes, lo que necesitaría, por ejemplo, una viñeta que los clasificara por nivel de contaminación.
Para eso se podría aprovechar el trabajo llevado a cabo desde hace un año por el Ministerio de Ecología para prohibir la circulación de los vehículos con más emisiones cuando se producen picos de contaminación.
Para 2015, las sociedades de autopistas quieren una progresión global de los peajes del 0,57 %.
Según "Le Figaro", el Gobierno quiere limitar los beneficios de esas empresas -considerados exagerados, teniendo en cuenta que se basan en unas infraestructuras construidas por el Estado y privatizadas a finales de los 1990- a una rentabilidad tope del 7-8 %.
Por encima de ese tope, de acuerdo con el diario, el Estado se quedaría con una parte de esos beneficios. La contrapartida sería que en caso de caída del tráfico, el Estado compensaría igualmente una parte de lo que se dejara de ingresar.
La negociación entre las dos partes incluye también el control de las autopistas a cargo de la Autoridad de Regulación de las Actividades Ferroviarias (Araf).
El Ejecutivo quiere que este organismo verifique que las concesionarias no realicen obras de dudosa necesidad -que sirven para reclamar subidas de peajes- que encargan a empresas del mismo grupo, como se sospecha que ocurre con Vinci y Eiffage.
Francia aplicará a partir del próximo 1 de enero una nueva fase de la llamada "tasa de carbono" que va a incrementar la fiscalidad de las fuentes de energía que emiten dióxido de carbono (CO2).
En la práctica, eso va a encarecer el precio del gas, del fuel, de la gasolina y sobre todo del gasóleo (2,4 céntimos de euro por litro en este último caso).
Además, los vehículos diesel tendrán que abonar otra tasa de 2,4 céntimos de euros por litro para compensar el abandono de la llamada "eco-tasa" que iba a gravar a los camiones que circularan por vías libres de peaje.
Además, "la tasa de carbono" sobre los carburantes volverá a incrementarse en las mismas proporciones en 2016.
Yahoo.com 28/12/2014
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