Uno de los principales temas que la ministra de Fomento, Ana Pastor, quiso abordar esta legislatura -así lo anunció en marzo de 2012- lleva visos de terminar donde se lo encontró, es decir, metido en uno de los cajones de su departamento.
Tras año y medio de negociaciones -la primavera pasada se llegó a pensar incluso que el acuerdo estaba muy próximo-, el llamado rescate de las autopistas de peaje en riesgo de quiebra está claramente atascado y parece que así continuará 'sine die'.
Y es que las constructoras y concesionarias de las vías -en algunas participan aquellas y la banca-, los actores implicados que parecen tener más interés en alcanzar una solución pronta, son precisamente los que menos capacidad de presión tienen en este tema. Su advertencia de que la alternativa al rescate, la activación de la responsabilidad patrimonial del Estado (RPA), tendría un impacto superior para las arcas públicas no coincide para nada con los cálculos del Ministerio de Hacienda.
Según SEOPAN, la patronal de las grandes constructoras, en caso de que se terminaran liquidando las nueve vías de pago ya inmersas en concurso de acreedores la factura final para el Estado ascendería a 5.000 millones de euros, mientras que en Fomento sitúan dicha suma cerca de los 3.300 millones.
En cualquier caso, y esa es la ventaja con la que juega el Gobierno, habrá que restar a la RPA el coste de las indemnizaciones por la expropiación de los terrenos donde se construyeron las autopistas. La cantidad final aún está pendiente de resolver por el Tribunal Supremo, aunque estaría entre los 2.300 y los 2.500 millones frente a los 400 que estimó el gobierno de la época.
Esa exención es posible gracias a un cambio normativo que Hacienda introdujo a principios de 2014. También está por ver qué pasaría con el dinero que el Ejecutivo adelantó entre 2008 y 2012 a través de sendos parches para compensar el desplome del tráfico en esas vías (-35%): los préstamos participativos (438 millones en total) y las cuentas de compensación (otros 80 millones).
Este escenario no ha llegado aún, aunque cada semana que pasa parece más cercano y probable. La negociación a tres bandas (Gobierno, constructoras y concesionarias, además de banca acreedora) se encuentra en un punto muerto de difícil solución y el principal problema es dar salida a la deuda en manos de entidades financieras extranjeras.
Sobre un total cercano a los 4.600 millones que arrastran las autopistas de peaje en riesgo de quiebra, hablamos de un importe cercano a los 1.300 millones. Tras la quita del 50% que Fomento aplicaría a todo el pasivo -es la base de su propuesta, ya formalizada en octubre en uno de los concursos de acreedores abierto y después extendida al resto-, se quedarían en cerca de 650 millones.
La pretensión del departamento que dirige Pastor era que la banca nacional asumiera esa parte, que se le pagaría a través de un bono a 30 años con un interés equivalente al del bono español a ese plazo, que ronda el 2,5% en la actualidad. El resto de la deuda pendiente tras la quita tendría un tipo del 1% anual.
A las entidades españolas, sin embargo, ambas referencias les parecen bajas, sobre todo a la vista de que la recuperación de la economía ha ido abaratando los intereses que abona el Estado por sus emisiones y, por tanto, el que se les aplicaría a ellas. Por eso, buscan una compensación extra aún por concretar, fundamentalmente para la patata caliente que asumirían de la banca extranjera y también para el crédito que adelantaran a Fomento -en concreto, a la nueva Empresa Nacional de Autopistas (ENA) que se crearía o, en su defecto, a la actual Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA)-.
Una posibilidad sería añadir un extra al rendimiento que ofrezca el mercado -por ejemplo, el verano pasado contemplaba un tipo del 4,1%-, y otra, también contemplada en su momento aunque no aceptada por el Gobierno, que los bonos tuvieran la garantía del Estado (y no de ENA o SEITSA) y que, además, se pudieran prorrogar más tiempo si la rentabilidad en el momento de cobrarlos no hubiera alcanzado un mínimo que se fijaría en el acuerdo.
Y sobre la mesa también está la amenaza de la banca extranjera de acudir a los tribunales si se les aplica sin más la quita del 50%. Por eso, algunas concesionarias como la de la autopista Alicante-Cartagena (Ausur) han alcanzado un acuerdo aparte con las entidades financieras y han eludido el posible rescate. El mismo camino buscan ahora los gestores (Sacyr y Ferrovial) de la AP-36 Ocaña-La Roda (522 millones de deuda).
Diario de Navarra.es 12/01/2015
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