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| Vista del peaje de la R-2 (EFE) |
Las compañías constructoras y bancos dueños de las ocho autopistas de peaje que están en concurso de acreedores han dado un paso más en su batalla contra el Gobierno. Juan Rosell, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha enviado una dura carta directamente a Mariano Rajoy a través de la cual le exige al Estado que active inmediatamente el rescate de las concesionarias mediante la creación de una empresa pública. De lo contrario, le amenaza con una demanda colectiva por “inconstitucionalidad”.
La misiva fue remitida por Rosell el pasado 15 de diciembre, lunes, dos días antes de que fuese renovado como presidente de la patronal de los empresarios. Esta reelección contó con el apoyo de lo más granado del Ibex 35. Un detalle que hace hincapié, más si cabe, en el pulso que las compañías implicadas en esta quiebra conjunta le han echado al Ejecutivo del PP. Especialmente porque en la primera página de la carta el líder de la CEOE ya señala que España, que sigue padeciendo “una situación financiera de gran dificultad”, no puede tomar decisiones que hagan creer a los inversores que no “somos un país serio que cumple sus compromisos”. Le conmina a crear una empresa pública para que el coste sea el menor de los posibles para las arcas del Estado y para los ciudadanos.
En este sentido, Rosell indica que permitir la liquidación de las concesionarias de autopistas de peaje, actualmente en concurso de acreedores, supondría ir contra la seguridad jurídica incluida en la Constitución, al “ignorar las garantías legales reconocidas a los inversores y los reequilibrios acordados mediante normas con rango legal”. Según esta argumentación, el representante de la CEOE advierte que “los procedimientos judiciales contra la Administración española que irremediablemente seguirían a esta situación introducirían un grado de incertidumbre en los mercados muy perjudicial para la imagen internacional de España, clave para generar confianza y desarrollar nuevas inversiones en nuestro país”.
La misiva fue remitida por Rosell el pasado 15 de diciembre, lunes, dos días antes de que fuese renovado como presidente de la patronal de los empresarios. Esta reelección contó con el apoyo de lo más granado del Ibex 35. Un detalle que hace hincapié, más si cabe, en el pulso que las compañías implicadas en esta quiebra conjunta le han echado al Ejecutivo del PP. Especialmente porque en la primera página de la carta el líder de la CEOE ya señala que España, que sigue padeciendo “una situación financiera de gran dificultad”, no puede tomar decisiones que hagan creer a los inversores que no “somos un país serio que cumple sus compromisos”. Le conmina a crear una empresa pública para que el coste sea el menor de los posibles para las arcas del Estado y para los ciudadanos.
En este sentido, Rosell indica que permitir la liquidación de las concesionarias de autopistas de peaje, actualmente en concurso de acreedores, supondría ir contra la seguridad jurídica incluida en la Constitución, al “ignorar las garantías legales reconocidas a los inversores y los reequilibrios acordados mediante normas con rango legal”. Según esta argumentación, el representante de la CEOE advierte que “los procedimientos judiciales contra la Administración española que irremediablemente seguirían a esta situación introducirían un grado de incertidumbre en los mercados muy perjudicial para la imagen internacional de España, clave para generar confianza y desarrollar nuevas inversiones en nuestro país”.
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| Mariano Rajoy. (Efe) |
Las nueve páginas de la carta inciden en la obligación del Gobierno de activar de forma inmediata el rescate de las ocho autopistas, propiedad de compañías como Ferrovial,Sacyr, ACS, OHL, Abertis, FCC, Isolux, Acciona, Sando y Comsa, y entidades financieras como Bankia, Unicaja, BMN y las antiguas CCM y CAM. Un derecho que, según Rosell, está reconocido por ley y cuyo incumplimiento por parte del Gobierno “ha originado la insolvencia de las sociedades” y su más que probable futura liquidación.
Si así ocurriera, las empresas amenazan al Gobierno con “la presentación de reclamaciones por la responsabilidad patrimonial de la Administración por importe superior a los 8.000 millones”. Además, se producirá “la demanda al Estado español por parte de las entidades extranjeras ante los cortes de arbitrajes internacionales” y, en consecuencia, “el cierre del mercado nacional a las inversiones extranjeras a causa de la inseguridad jurídica de España”. Más aún, Rosell da por seguro que esas demandas serán ganadas y que tendrán un impacto muy considerable en el déficit público.
El ultimátum no queda ahí, ya que las compañías aseguran que el Gobierno ha actuado contra la ley al aprobar un real decreto –el 1/2014– que modifica con carácter retroactivo el cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), es decir, la compensación que el Estado debería pagar a las empresas por entrar en liquidación. La CEOE sostiene que “esta medida supone la vulneración de los principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza negativas y de los derechos expropietarios”. Una cuestión de “inconstitucionalidad” que, en caso de aplicarse, provocaría demandas en los tribunales.
Si así ocurriera, las empresas amenazan al Gobierno con “la presentación de reclamaciones por la responsabilidad patrimonial de la Administración por importe superior a los 8.000 millones”. Además, se producirá “la demanda al Estado español por parte de las entidades extranjeras ante los cortes de arbitrajes internacionales” y, en consecuencia, “el cierre del mercado nacional a las inversiones extranjeras a causa de la inseguridad jurídica de España”. Más aún, Rosell da por seguro que esas demandas serán ganadas y que tendrán un impacto muy considerable en el déficit público.
El ultimátum no queda ahí, ya que las compañías aseguran que el Gobierno ha actuado contra la ley al aprobar un real decreto –el 1/2014– que modifica con carácter retroactivo el cálculo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), es decir, la compensación que el Estado debería pagar a las empresas por entrar en liquidación. La CEOE sostiene que “esta medida supone la vulneración de los principios constitucionales de seguridad jurídica y confianza negativas y de los derechos expropietarios”. Una cuestión de “inconstitucionalidad” que, en caso de aplicarse, provocaría demandas en los tribunales.
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| Florentino Pérez, presidente de ACS. (Efe) |
Toda una serie de advertencias cuyo fondo es que el Ministerio de Hacienda y la Oficina Económica de Presidencia se oponen a pagar a las concesionarias la RPA, que asciende a 3.400 millones, más las expropiaciones, que suman otros 1.200 millones en caso extremo de liquidación. El Gobierno considera que en la compensación ya van incluidos esos costes adicionales y que no está dispuesto a pagarlos dos veces.
Para la CEOE, la mejor forma de solucionar este conflicto, que se remonta a 2012, cuando las primeras concesionarias empezaron a solicitar el concurso voluntario, es que el Gobierno se haga cargo de los 710 kilómetros de autopistas de peaje mediante la constitución de una sociedad pública. Esta nueva empresa se haría cargo de los activos, valorados en 6.327 millones, sobre los que se aplicaría una quita del 50% sobre una deuda bancaria de 4.000 millones. El Estado sólo debería hacerse cargo de los 2.000 millones restantes y de las expropiaciones, según la fórmula planteada por la patronal.
Este planteamiento coincide plenamente con el propuesto por Hacienda y Fomento, pendiente desde hace casi un año del visto bueno de los bancos acreedores por la compensación monetaria a cambio de aceptar la quita del 50%.
El Confidencial.com 27/01/2015
Para la CEOE, la mejor forma de solucionar este conflicto, que se remonta a 2012, cuando las primeras concesionarias empezaron a solicitar el concurso voluntario, es que el Gobierno se haga cargo de los 710 kilómetros de autopistas de peaje mediante la constitución de una sociedad pública. Esta nueva empresa se haría cargo de los activos, valorados en 6.327 millones, sobre los que se aplicaría una quita del 50% sobre una deuda bancaria de 4.000 millones. El Estado sólo debería hacerse cargo de los 2.000 millones restantes y de las expropiaciones, según la fórmula planteada por la patronal.
Este planteamiento coincide plenamente con el propuesto por Hacienda y Fomento, pendiente desde hace casi un año del visto bueno de los bancos acreedores por la compensación monetaria a cambio de aceptar la quita del 50%.
El Confidencial.com 27/01/2015
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