En el continuo pulso entre el Gobierno y las entidades acreedoras de las autopistas por la constitución de la sociedad pública, las posiciones vuelven a alejarse: lo que parecía un acuerdo inminente el pasado mes de septiembre, cuando el Ejecutivo aprobó la modificación de la ley Concursal para unificar los concursos en los que se encontraba inmersas las sociedades concesionarias, se presenta, de nuevo, como un proceso repleto de dificultades. El futuro del llamado «banco malo» de las carreteras de pago se encuentra en el aire y las denominadas radiales podrían ir al proceso de liquidación.
Desde las entidades financieras se advierte de que en la última reunión, que se mantuvo este mes, las negociaciones volvieron a situarse en punto muerto. Y no hay visos de que las discrepancias se resuelvan a corto y medio plazo. «No se sabe muy bien qué va a ocurrir», explican fuentes de la banca.
Después de aceptar una quita del 50% sobre la deuda financierade 3.800 millones de euros y de asumir el pasivo de las entidades extranjeras (Royal Bank of Scotland, Espírito Santo y Crédit Agricole, entre ellas), el casus belli viene determinado por los tipos de interés vinculados a los bonos a 30 años por los que se canjearía dicha deuda. El Gobierno ofrece un rendimiento del 1% para el crédito antiguo superior a los 1.600 millones de euros y un interés equivalente al del bono español –actualmente, en el 2,99%– para el crédito nuevo (650 millones de euros) correspondiente al pasivo de la banca internacional.
Las entidades quieren este último interés, el del bono español, para su deuda y para la que asumen de las entidades internacionales exigen un extra de rentabilidad, un plus de mercado. Y el Gobierno de Mariano Rajoy se niega a satisfacer estas nuevas exigencias.
Después de varios meses de negociaciones, ambas partes no logran ponerse de acuerdo y, mientras tanto, se agota el tiempo para lograr una alternativa a la liquidación en cadena de las concesionarias en quiebra, una situación que sería más costosa para las arcas públicas, debido a la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) presente en los contratos, un derecho de cobro para los accionistas en caso de liquidación de los contratos concesionales.
La máxima del Gobierno es, como ha señalado insistentemente la ministra de Fomento, Ana Pastor, que este sistema «no cueste un solo euro al Estado». Constructoras y banca, advierten, por su lado, que la hipotética liquidación de las autopistas de peaje tendría un coste superior para las arcas públicas. En este sentido, Seopan, la patronal de los grandes grupos de construcción, cifró este importe en 5.000 millones de euros, frente al «coste cero» que supondría la creación de la sociedad, y ha advertido de las consecuencias legales de esta opción.
De momento, se desconoce de cuánto tiempo disponen la Administración, las empresas y las entidades financieras para evitar esta última opción, que desde el Gobierno ya se ve como la única salida viable en el caso de que fracase la constitución de la nueva Empresa Nacional de Autopistas (ENA).
El Ministerio de Fomento presentó por primera vez el pasado mes de octubre la propuesta de la constitución de la sociedad pública en el marco del convenio de acreedores en las radiales R-3 y R-5 de Madrid. Un mes después hizo lo mismo en el de la circunvalación de Alicante.
La idea es extender esta fórmula a todas las concesionarias en concurso tras acumular todos los procesos concursales y aplicar una única solución. El juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid, al que se le ha asignado la tarea, aún no se ha pronunciado sobre el límite de tiempo para alcanzar un acuerdo.
El Ejecutivo cree que será posible dilatar el tiempo de negociación, mientras que el juez no se pronuncie: en este momento, existen dudas sobre si el plazo empezará a correr a partir del primer o del último concurso. La Abogacía del Estado defenderá esta última opción, lo que podría conceder un importante margen de tiempo hasta la próxima primavera o verano, según explican fuentes del Gobierno popular.
Pero, de momento, existen pocos puntos de encuentro. Los ministerios de Fomento y de Hacienda temen que, después de obtener luz verde por parte de la autoridades de la competencia de la Unión Europea, la concesión de títulos con un tipo de interés equivalente a la rentabilidad de los bonos del Tesoro pueda considerarse «ayudas de Estado» y, por tanto, chocar con las directrices de Bruselas.
«El Gobierno no puede aceptar más de lo que ya está sobre la mesa», detallan estas fuentes. Desde la banca, conocedora de este deseo de alargar los plazos, expresan sus dudas sobre si en periodo electoral el partido en el Gobierno estará dispuesto a asumir un proyecto que otros grupos pueden usar como arma arrojadiza.
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