¿A quién corresponde sofocar los incendios que se producen en la autopista? ¿Deben pagar los vehículos de emergencias que circulan por ella? El Consorcio Provincial de Bomberos de Pontevedra, que integra a los parques comarcales de Bueu, O Porriño, Ribadumia y Vilagarcía, a los que hay que sumar el de Deza-Tabeirós, acaba de suscribir un acuerdo con Audasa por el que sus camiones circularán gratis por la autopista a cambio de que atiendan las incidencias que se produzcan en la vía dentro del ámbito de actuación de estos parques.
El consorcio da cobertura a entre el 60 % y el 70 % de la población de la provincia -quedan excluidas las ciudades de Vigo y Pontevedra por tener parque propio- y atienden un promedio de mil incidentes anuales. Trabajan en todo el servicio cerca de cien personas, aunque cualquier actuación fuera de su ámbito de actuación debe ser autorizada por la gerencia del consorcio.
Eso es lo que se ha hecho ahora con este convenio. «A concesionaria Audasa -explican desde la Diputación, de la que depende el consorcio, junto con la Xunta de Galicia,- dotará aos vehículos do Consorcio Provincial do dispositivo de pago por telepeaxe (OBE), para que o tránsito pola autopista sexa rápido e gratuíto. A cambio, o consorcio prestará os seus servizos contra incendios na AP-9, dentro do seu ámbito xeográfico de actuación, cando sexa requirido».
La concesionaria de la AP-9 queda así excluida de cobro del coste del operativo. Este se fija en función del personal empleado, los materiales necesarios, los vehículos desplazados, el tiempo invertido o el recorrido que deben cubrir coches y camiones o el uso de equipos de rescate. Este coste se grava grava con un 50 % de recargo en caso de que el destinatario esté fuera del ámbito del consorcio. La AP-9 cruza algunos concellos que se mantienen fuera del consorcio provincial.
La gestión de los parques se privatizó el 26 de abril del 2013, en el que fue el contrato de mayor cuantía económica que había ejecutado hasta la fecha la Administración provincial. El acuerdo de explotación se fijó por ocho años. Matinsa, la firma adjudicataria ingresará por ello 21.059.338 euros, una cifra que se podría incrementar, toda vez que se establece la posibilidad de prórrogas hasta un máximo de 14 años. Mensualmente, la empresa ingresa 219.368 euros, 2.6 millones al año.¿A quién corresponde sofocar los incendios que se producen en la autopista? ¿Deben pagar los vehículos de emergencias que circulan por ella? El Consorcio Provincial de Bomberos de Pontevedra, que integra a los parques comarcales de Bueu, O Porriño, Ribadumia y Vilagarcía, a los que hay que sumar el de Deza-Tabeirós, acaba de suscribir un acuerdo con Audasa por el que sus camiones circularán gratis por la autopista a cambio de que atiendan las incidencias que se produzcan en la vía dentro del ámbito de actuación de estos parques.
El consorcio da cobertura a entre el 60 % y el 70 % de la población de la provincia -quedan excluidas las ciudades de Vigo y Pontevedra por tener parque propio- y atienden un promedio de mil incidentes anuales. Trabajan en todo el servicio cerca de cien personas, aunque cualquier actuación fuera de su ámbito de actuación debe ser autorizada por la gerencia del consorcio.
Eso es lo que se ha hecho ahora con este convenio. «A concesionaria Audasa -explican desde la Diputación, de la que depende el consorcio, junto con la Xunta de Galicia,- dotará aos vehículos do Consorcio Provincial do dispositivo de pago por telepeaxe (OBE), para que o tránsito pola autopista sexa rápido e gratuíto. A cambio, o consorcio prestará os seus servizos contra incendios na AP-9, dentro do seu ámbito xeográfico de actuación, cando sexa requirido».
La concesionaria de la AP-9 queda así excluida de cobro del coste del operativo. Este se fija en función del personal empleado, los materiales necesarios, los vehículos desplazados, el tiempo invertido o el recorrido que deben cubrir coches y camiones o el uso de equipos de rescate. Este coste se grava grava con un 50 % de recargo en caso de que el destinatario esté fuera del ámbito del consorcio. La AP-9 cruza algunos concellos que se mantienen fuera del consorcio provincial.
La gestión de los parques se privatizó el 26 de abril del 2013, en el que fue el contrato de mayor cuantía económica que había ejecutado hasta la fecha la Administración provincial. El acuerdo de explotación se fijó por ocho años. Matinsa, la firma adjudicataria ingresará por ello 21.059.338 euros, una cifra que se podría incrementar, toda vez que se establece la posibilidad de prórrogas hasta un máximo de 14 años. Mensualmente, la empresa ingresa 219.368 euros, 2.6 millones al año.
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