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| El tramo ahora anulado con una sentencia que no tendrá efecto va de La Pobla y el aeropuerto. E. M. |
La cuenta atrás para la extinción de la concesión para explotar la autopista AP-7 está siendo todo menos un camino de rosas para la Generalitat Valenciana, después de que el Tribunal Supremo, TS, haya dado la razón a una demanda de Aumar -la concesionaria que cobra el peaje de la autopista- relativa a una supuesta ilegalidad de la autovía A-7, según informó ayer Expansión.
El fallo del más alto tribunal, y sobre el que no cabe recurso, impugna la licitación y adjudicación del tramo de esta autovía comprendido entre el término municipal de La Pobla con el aeropuerto y el enlace de la instalación aeroportuaria en Benlloch hasta Torreblanca, que adopta la denominación de CV-13. «Ni obliga a demolerla ni impide el tráfico, pero invalida la licitación», según explicaron desde la Conselleria de Infraestructuras, promotora de la obra.
El TS argumenta que esta Conselleria obvió el informe sobre Intensidad media diaria de tráfico, IMD, que debe incorporarse al proyecto de cualquier carretera para justificar su construcción, tal y como ha demandado Aumar. Desde el departamento que dirige la consellera Isabel Bonig han asegurado a EL MUNDO que dicho estudio no es preceptivo, puesto que «en el resto de la documentación ya consta dicha información sobre tráficos».
Con esta sentencia, «el Supremo viene a decir que el procedimiento está incompleto administrativamente, pero no pide más responsabilidades a la Conselleria», explicaron las mismas fuentes.
La guerra jurídica se remonta a 2006 cuando Aumar, la filial de Abertis que explota la AP-7, vio peligrar sus ingresos con la licitación de un tramo más de la autovía de La Plana que pone a disposición de los conductores 90 kilómetros de cuatro carriles gratuitos, entre Sagunto y Torreblanca, y su enlace con el aeropuerto. «Presentó un recurso que fue desoído por el Consell al entender que no era necesario el IMD y que luego también desestimó el Tribunal Superior de Justicia, TSJ», matizaron desde Infraestructuras.
La concesionaria no desistió y acudió con un contencioso administrativo al Supremo quien le acaba de dar la razón este es de abril, pese a que en octubre del año pasado, el director general Vicente Dómine firmó una resolución por la que se adjuntaba el informe sobre el volumen de tráfico que se demandaba, pero llegó tarde.
Ahora, pues, sólo cabe esperar que la concesionaria de la autopista reclame una indemnización por los perjuicios económicos que le ha producido la autovía desde su puesta en marcha en 2010 que, según parece podría ascender a 440 millones de euros.
Desde la Conselleria de Infraestructuras recordaron que la batalla en los tribunales comenzó con un recurso en el que Aumar consideraba que al entrar en funcionamiento dicha autovía, el régimen económico pactado con la concesionaria variaría sustancialmente. Lógico, el conductor elegiría una carretera sin peaje para cruzar la provincia de Castellón.
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