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| FOTO: CÉSAR TOIMIL |
Ni el Ministerio de Fomento primero, ni ahora el grupo popular en el Congreso consideran ni legal ni necesario que la autopista del Atlántico pase a depender de la Xunta y deje de hacerlo de la Administración central, pero el Gobierno gallego asegura no desistir de su petición. La tramitación en las Cortes de la nueva ley de carreteras, aprobada por el consejo de ministros el día 8, fue aprovechada por el Ejecutivo gallego para remitir a Fomento un informe en el que desde la misma introducción la Consellería de Infraestructuras apela a buscar un acuerdo entre los dos gobiernos para permitir legalmente el traspaso de la AP-9.
En dicho escrito remitido al ministerio la Xunta llega a calificar de «discrepancia» las diferencias de criterio que ambas administraciones mantienen respecto a las posibilidades que la actual ley de carreteras otorga para el traspaso. El Ejecutivo de Núñez Feijoo estima que legalmente el traspaso de la autopista ya es posible, pero en todo caso insta al Gobierno central a aprovechar la tramitación de la nueva ley de carreteras como «oportunidad para habilitar los mecanismos que posibiliten ese cambio de titularidad, de forma tal que se eviten ambigüedades y diferentes interpretaciones por parte de cada administración», se indica en el citado informe remitido a Fomento.
El grupo popular en el Congreso argumentó el martes, a cuenta de una proposición de ley del BNG en la que reclamaba el traspaso de la AP-9, la imposibilidad de llevar a cabo la transferencia del vial por estar clasificado como de interés general a juicio de dicho partido, al interconectar los puertos de primer nivel de la comunidad, sus aeropuertos y enlazar con la frontera de Portugal. Las obras instadas a Audasa por Fomento para la mejora de las áreas de peaje que registraron atascos en los últimos veranos; la advertencia de que ubique personal en todas sus cabinas las 24 horas del día; la ampliación en Rande y Santiago, y la gratuidad en el peaje entre Vigo y Pontevedra en los viajes de vuelta, son para el PP muestras del control que ejerce el ministerio sobre la concesionaria, negando por ello que la Xunta garantizase una fiscalización mejor.
El Gobierno gallego, que advierte que no pretende hacer de su reclamación un conflicto entre ambos gobiernos, regidos además por el PP, mantiene en cambio que es la administración más cercana la que puede exigir un mejor servicio a la concesionaria.
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