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| Foto: JANET GONZALEZ VALDES |
La Xunta intentó hace meses pugnar por la transferencia de la gestión de la AP-9. La ministra de Fomento, Ana Pastor, se negó en redondo apoyándose en informes jurídicos de su departamento que referían una imposibilidad legal para la cesión: la autopista del Atlántico es una vía de interés general, pues conecta con la frontera portuguesa. Y por tanto debe seguir en manos del Estado. Fomento se negó así a una transferencia de un vial estratégico, pero en el proyecto de la nueva Ley de Carreteras, que ayer aprobó el Consejo de Ministros, se prepara el terreno para otras transferencias que podrían no ser del agrado de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Pero que, en cualquier caso, Fomento quiere negociar para reordenar la red de carreteras atendiendo a la funcionalidad de cada una de ellas.
Así, en el preámbulo del anteproyecto que fue sometido a consultas se asegura que el notable desarrollo de la red viaria en España «impone la necesidad de reajustar las competencias del Estado y de las restantes Administraciones sobre determinadas carreteras». En este nuevo escenario, en el proyecto de ley se especifica que al Estado le compete dar servicio al tráfico de largo recorrido, es decir, aquellos corredores que conectan comunidades autónomas y los núcleos de población más importantes o que enlazan con los principales centros logísticos o las fronteras, aunque en este caso haya excepciones forales, como la AP-8 en Guipúzcoa. «En efecto -se asegura en la ley que se acaba de enviar al Congreso-, la separación en lo posible de los tráficos de largo, medio y corto recorrido es siempre una acción eficaz para luchar contra la accidentalidad». Y es a ese tráfico de largo recorrido en el que Fomento cree que deben centrarse sus esfuerzos de mantenimiento, pues en la actualidad gestiona más de 26.000 kilómetros de viales. Las carreteras paralelas a las autovías estatales, que en la actualidad se utilizan para tráfico local, son las que más encajarían en este programa de transferencias.
Para gestionar estas transferencias masivas a comunidades autónomas y municipios, Fomento elaborará, ya a partir de la próxima legislatura -la ley se espera que se apruebe en septiembre-, un nuevo catálogo de carreteras, donde se definirá la red básica y la complementaria, pero también se establecerá una nueva categoría: lo que ya en la ley recibe el nombre de «viario anexo». Aquí se incluirán las carreteras «transferibles», pues ya no cumplen «las condiciones que se exigen para integrarse en la red del Estado». Es el Gobierno central el que en principio debe «promover las oportunas transferencias de titularidad», pero siempre «priorizando el acuerdo» con la administración correspondiente.
Fuentes de Fomento, no obstante, consideran que también los Gobiernos autónomos pueden proponer transferencias al ministerio, si consideran que pueden gestionar mejor esas vías. En cualquier caso, la ley prevé establecer un sistema ágil para ejecutar estas cesiones. Las mismas fuentes del ministerio alegan que se seguirán realizando por medio de convenios en los que pueden negociarse contrapartidas económicas para el mantenimiento de estas carreteras, en un momento en que numerosas comunidades autónomas y municipios tienen serios problemas presupuestarios. En cualquier caso, aseguran, el proceso de transferencia será «largo». La ley faculta al Gobierno a modificar mediante real decreto la red de carreteras estatal y, en caso de no haber acuerdo, «el expediente será resuelto por el Consejo de Ministros». La decisión última dependerá por tanto del Gobierno.
Respecto a las travesías y tramos urbanos, Fomento determinará primero qué tramos se consideran urbanos -básicamente los que se encuentran en suelo urbano- y, una vez adquirida esta condición, «se entregarán a los ayuntamientos respectivos».
Las autovías y líneas de AVE que se proyecten tendrán un estudio de rentabilidad
La construcción de una nueva línea de alta velocidad o de una nueva carretera o autovía deberá estar avalada por ley por un estudio previo de su retorno social y económico, según aseguró la ministra de Fomento, Ana Pastor, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. La ministra, que no se refirió al plan de transferencias que incluye el nuevo proyecto de ley -que viene a sustituir a la Ley de Carreteras de 1988-, defendió el rigor que va imprimir el texto normativo a los nuevos proyectos de infraestructuras. «Una vez que entren en vigor, no se va a hacer ni una sola línea de tren o autovía sin realizar un análisis previo y profundo de su retorno social y económico», aseguró Pastor. En ese mismo Consejo de Ministros se aprobó también la nueva Ley del Sector Ferroviario.
La norma impedirá la especulación urbanística con los terrenos próximos a la zona en la que se planifique la construcción de una nueva carretera, de forma que se permitirá suspender cautelarmente todas las recalificaciones urbanísticas en la zona desde el momento en que se proyecte la vía.
Como ya se adelantó en su momento, también prevé sanciones a las concesionarias de autopistas que no presten un servicio adecuado a los clientes, algo que se considera una infracción grave. Estas multas tienen un tope de 15.000 euros.
La Ley de Carreteras que ahora se debatirá en el Congreso permitirá a Fomento, a través de la Dirección General de Carreteras, ordenar la retirada de publicidad de la red de carreteras en caso de que pueda afectar «a la seguridad vial o la explotación de la vía».
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