Seopan, la patronal que agrupa a las grandes constructoras, considera que abocar a la liquidación a las autopistas de peaje en concurso de acreedores daña la imagen de España, cierra el mercado nacional a inversiones nacionales y extranjeras y conlleva litigios judiciales que durarán varios años.
El presidente de la patronal, Julián Núñez, ha asegurado en una rueda de prensa que se sigue trabajando con el Gobierno en una solución para hacer frente a los problemas que afrontan estas carreteras y que aún no hay nada cerrado.
Para Seopan, crear una sociedad concesionaria pública para integrar 9 autopistas de peaje con problemas es la solución menos gravosa para el interés público y evita importantes perjuicios para las partes y la imagen de España.
De hecho, asegura que esta alternativa evitaría un enfrentamiento judicial de las concesionarias con el Gobierno que podría durar varios años o el cierre del mercado nacional a las inversiones nacionales y extranjeras en proyectos de participación público-privada.
Además, evitaría que se dañase la marca España ante la inseguridad jurídica que puede crear la aprobación de medidas retroactivas y es menos gravosa para el interés público ya que las aportaciones futuras del Estado supondrán valores muy inferiores al pago de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Durante su intervención, ha asegurado además el incremento de 1.830 millones de euros de costes de expropiaciones en suelo rural no urbanizable.
En este sentido, subraya que las empresas ya han perdido el 100 % de su capital (1.799 millones de euros) y que los accionistas han desembolsado 3.491 millones reales.
Por ello, entienden que la constitución de una sociedad concesionaria pública de autopistas que agregaría al 22 % de la red total de autopistas de peaje es la mejor solución para hacer frente a un problema que debe minimizar el impacto en el déficit público y evitar la declaración de Ayuda de Estado.
Asimismo, ha reclamado que se actualice el marco concesional y se resuelva el actual problema de inseguridad jurídica en la transmisión de riesgos al operador privado (riesgos de expropiación, por ejemplo), al mismo tiempo que se propicia un marco tributario competitivo.
Por otro lado, subraya que la imposibilidad de mantener el ritmo de inversión y conservación con cargo a los presupuestos obliga a buscar alternativas como la tarificación por uso de las carreteras, una medida que generaría unos ingresos anuales en torno a 3.000/4.000 millones, pudiendo repercutirse un tercio de los mismos a medidas paliativas y el resto al mantenimiento y conservación.
Para 2014 se espera que la actividad de construcción se reduzca entre un 4 % y un 6 % con respecto a un año antes, un ejercicio en el que el sector restará 0,6 puntos de crecimiento al PIB.
Tras los recortes sufridos, en 2014 y 2015 España tendrá el menor ratio de inversión por superficie y población de toda la UE 27.
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