La Diputación de Guipuzkoa, con Bildu en su titularidad, ha anunciado que, a partir de octubre del año próximo, todas las autovías y autopistas del territorio serán de pago. No solo las vías dependientes de su competencia, sino todas las que atraviesen la provincia, incluida la N-I. La Diputación ha previsto que los ciudadanos empadronados en la provincia estén exentos del pago de estos peajes y que los ciudadanos de Álava, Vizcaya y Navarra disfruten de una reducción en el importe.
Estamos en un país de locos; en un reino de taifas, donde cada Ayuntamiento, Diputación o Comunidad Autónoma toma decisiones por cuenta propia, sin la menor consideración hacia el bien común o sin el menor sentido común, si es que hay algo de común en los sentidos. Hace pocos días comentábamos cómo un Ayuntamiento gerundense ha cortado la N-II al paso por su localidad sin que ni las administraciones central o autonómica lo hayan impedido.
Ahora le toca el turno a otra carretera nacional. Qué curioso que en ambos casos se trate de actuaciones a pocos kilómetros de las fronteras con Europa. Viva el aislacionismo decimonónico.
En principio, vemos que hay dificultades técnicas para aplicar este peaje, que desconocemos cómo van a solucionarse. La Diputación quiere implantar un sistema de arcos o pórticos electrónicos, que posibilitaría el pago "sin que ningún vehículo tenga que detenerse en la vía", dicen. ¿Y cómo lo cobran: directamente en la cuenta del propietario del vehículo mediante el reconocimiento de la matrícula? ¿En una carretera fronteriza por la que circulan diariamente decenas de miles de coches con matrícula extranjera? ¿Y con tres tarifas diferentes, en función de la localidad en la que se ha matriculado el coche? Mucho optimismo me parece. Si se implanta y quieren que pague todo vehículo que circule, van a tener que instalar cabinas y eso va a significar colapsar la frontera con atascos kilométricos. El propio responsable de carreteras de la Diputación, preguntado por estos extremos declaró: "No vamos a entrar ahora a explicar estos detalles específicos".
Eso desde el punto de vista técnico. Porque desde el sentido común la cosa es mucho más grave.
Las competencias en las carreteras están transferidas a las Comunidades, pero la Ley de Carreteras 25/1988 en su artículo 5 es bien clara: "Los Planes y Programas de carreteras del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales deberán coordinarse entre sí en cuanto se refiere a sus mutuas incidencias, para garantizar la unidad del sistema de comunicaciones y armonizar los intereses públicos afectados, utilizando al efecto los procedimientos legalmente establecidos".
Si cada Diputación decide establecer un peaje en su territorio, viajar no es que vaya a ser un problema: es que simplemente se imposibilita. En esa misma N-I, entre Madrid y la frontera francesa, se atraviesan las provincias de Madrid, Segovia, Burgos, Álava, otra vez Burgos, otra vez Álava y Guipuzkoa. Cinco provincias y siete peajes. Y estamos hablando de una autovía de titularidad pública y no de una vía de peaje de financiación privada. Desde luego, de armonizarse los intereses públicos afectados, nada de nada.
Por si fuera poco, esta decisión de la Diputación guipuzcoana también va en contra de las normativas europeas, que prohíben una discriminación por territorios, que también es algo lo suficientemente ambiguo como para que todos los partidos y dirigentes se den por satisfechos. Pero, insistimos, por encima de las normas y regulaciones siempre complejas, está el sentido común y nada hay más lejano a ese sentido que empezar a instalar peajes provinciales. Porque por las mismas razones que la Diputación de Guipuzkoa tiene para no cobrar a sus residentes, tiene la de Burgos para cobrar sólo a los de esa provincia por circular por su tramo de vía. Un do ut des terrorífico.
Los Estados gastan centenares de millones en construir vías rápidas, puentes y túneles para eliminar barreras geográficas y vienen unos políticos (algunos más que otros) y para recaudar 38 millones de euros (que es lo que estiman recaudar los diputados de Guipuzkoa) echan por tierra esos centenares de millones de inversión. Volvamos a la época de los caminos de carro, los senderos fronterizos, los barqueros para cruzar el Bidasoa y las casetas de fielato, que parece ser es lo que añoran algunos.
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