El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, ha solicitado un "sacrificio" a las concesionarias y las constructoras titulares de las nueve autopistas de peaje que afrontan un riesgo de quiebra para "encontrar entre todos una solución razonable a su problema".
El 'número dos' de Fomento considera que los actuales accionistas de estas vías deben reconocer "la pérdida de valor" que han registrado sus concesiones, según detalló tras participar en un congreso de infraestructuras organizado por International Faculty for Executives (Ifaes).
Catalá considera que la situación de estas nueve autopistas es un problema "local y parcial" dentro del sistema concesional español, si bien subrayó la necesidad de solucionarlo con el fin de garantizar que este sistema siga siendo "un modelo de éxito de referencia internacional".
"Son modelos concesionales que no han funcionado y en los que ha habido un riesgo que se ha puesto de manifiesto con un mal funcionamiento de las concesiones que ha tenido consecuencias en sus resultados", sintetizó el 'número dos' de Fomento en relación a las vías en problemas.
Por ello, emplazó al sector a "reconocer el problema, para no desenfocarlo" y a buscar una "solución coherente con la realidad", teniendo además en cuenta, tal como ya ha asegurado la ministra de Fomento, Ana Pastor, "que no se pueden asignar recursos de los ciudadanos para solucionar este problema". "Si todos jugamos con las mismas reglas y con lealtad sobre estos principios, encontraremos la solución", aseveró Catalá.
El secretario de Estado aseguró que el Ministerio actualmente estudia la contrapropuesta remitida por los titulares de las autopistas sobre la solución planteada por Fomento, que pasa por constituir una sociedad mixta que integre a todas las vías con problemas.
Según fuentes del sector, el Departamento que dirige Ana Pastor ofrece a las constructoras y concesionarias de las autopistas una participación del 20% en la sociedad. No obstante, las empresas han reclamado contar con un 49%, o bien que se les abonen los alrededor de los 500 millones que considera que la Administración les adeuda por las obras de construcción de las autopistas.
El sobrecoste que las vías afrontaron por las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron y la caída de los tráficos constituyen las causas de los problemas de esta decena de vías.
Entre estas autopistas figuran las radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda o la Cartagena-Vera. Cinco de ellas están ya en concurso de acreedores y entre sus principales accionistas figuran las grandes constructoras cotizadas.
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