El departamento que dirige la ministra Ana Pastor enfila la recta final del plan de reflotamiento de las autopistas en riesgo de quiebra por la falta de tráfico. El Ministerio ha empezado a comunicar a cada una de las nueve concesionarias afectadas que no aplicará la contraoferta remitida semanas atrás por la patronal Seopan –basada en un informe de Deloitte– y se dispone a poner en marcha su propio modelo de rescate, en cuya elaboración participó Ernst&Young.
Fue el pasado abril cuando el Gobierno ofreció a los accionistas de las concesionarias afectadas la creación de una empresa pública que englobe las autopistas, el 100% de la deuda que cuelga de ellas, y de la que repartiría el 20% del capital entre las citadas empresas privadas. La firma pública está valorada en 608 millones y el paquete de los socios privados sería de 122 millones.
De no aceptar, comentan fuentes cercanas a las negociaciones, Fomento se plantea dejarlas a su suerte –actualmente tienen comprometidas cuentas de compensación para cubrir parcialmente la caída de tráfico y créditos participativos para el pago de expropiaciones– y sería entonces cuando la banca ejecutaría unos créditos garantizados por las propias acciones de las concesionarias.
Con el control en manos de los bancos, estos entregarían la autopista a la empresa pública capitaneada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), dependiente de Fomento.
Antes de poner en marcha esta solución, Fomento ha pactado con la banca acreedora de las autopistas una reestructuración para la deuda de las nueve concesionarias, que incluye englobar créditos en un primer tramo de 3.700 millones con un tipo medio del 2,6%, y una inyección de deuda nueva por 1.200 millones para atender los costes pendientes por expropiaciones y que pagaría una media del 6%. Los dos se amortizarían en 30 años y la Administración aportará 980 millones , la mayor parte al final del crédito, para hacer frente a los pagos.
El rescate, que ha sido defendido durante las últimas semanas por el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, reconoce una deuda de casi 500 millones con las constructoras de algunas de esas autopistas, cifra que se atendería después del trigésimo año de vida de la concesionaria pública, una vez que se haya cubierto la deuda.
Este guión fue respondido con otro desde el frente de empresas, en el que trabajó Deloitte y que fue apadrinado por la patronal Seopan. En él se pone en valor los 1.800 millones puestos por las concesionarias para la construcción de las autopistas, capitalizados al 6% desde la aportación hasta este momento. La cifra resultante es de 2.600 millones, sobre la que las concesionarias decían aceptar una quita del 50% y tomar un 49% de la sociedad resultante, paquete que estaría tasado en 650 millones.
Otra de las reivindicaciones de Seopan, como portavoz de las empresas afectadas, es que los 500 millones en obras impagadas se cubran en los seis primeros años de funcionamiento de la futura empresa pública de autopistas.
Las nueve concesiones que serán nacionalizadas: La crisis de las autopistas afecta a firmas como Abertis, ACS, Ferrovial, OHL, Sacyr, Acciona, Azvi, Isolux o Comsa. Estas son las nueve del rescate.
Cinco Días.com 24/06/2013
Fue el pasado abril cuando el Gobierno ofreció a los accionistas de las concesionarias afectadas la creación de una empresa pública que englobe las autopistas, el 100% de la deuda que cuelga de ellas, y de la que repartiría el 20% del capital entre las citadas empresas privadas. La firma pública está valorada en 608 millones y el paquete de los socios privados sería de 122 millones.
De no aceptar, comentan fuentes cercanas a las negociaciones, Fomento se plantea dejarlas a su suerte –actualmente tienen comprometidas cuentas de compensación para cubrir parcialmente la caída de tráfico y créditos participativos para el pago de expropiaciones– y sería entonces cuando la banca ejecutaría unos créditos garantizados por las propias acciones de las concesionarias.
Con el control en manos de los bancos, estos entregarían la autopista a la empresa pública capitaneada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), dependiente de Fomento.
Antes de poner en marcha esta solución, Fomento ha pactado con la banca acreedora de las autopistas una reestructuración para la deuda de las nueve concesionarias, que incluye englobar créditos en un primer tramo de 3.700 millones con un tipo medio del 2,6%, y una inyección de deuda nueva por 1.200 millones para atender los costes pendientes por expropiaciones y que pagaría una media del 6%. Los dos se amortizarían en 30 años y la Administración aportará 980 millones , la mayor parte al final del crédito, para hacer frente a los pagos.
El rescate, que ha sido defendido durante las últimas semanas por el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, reconoce una deuda de casi 500 millones con las constructoras de algunas de esas autopistas, cifra que se atendería después del trigésimo año de vida de la concesionaria pública, una vez que se haya cubierto la deuda.
Este guión fue respondido con otro desde el frente de empresas, en el que trabajó Deloitte y que fue apadrinado por la patronal Seopan. En él se pone en valor los 1.800 millones puestos por las concesionarias para la construcción de las autopistas, capitalizados al 6% desde la aportación hasta este momento. La cifra resultante es de 2.600 millones, sobre la que las concesionarias decían aceptar una quita del 50% y tomar un 49% de la sociedad resultante, paquete que estaría tasado en 650 millones.
Otra de las reivindicaciones de Seopan, como portavoz de las empresas afectadas, es que los 500 millones en obras impagadas se cubran en los seis primeros años de funcionamiento de la futura empresa pública de autopistas.
Las nueve concesiones que serán nacionalizadas: La crisis de las autopistas afecta a firmas como Abertis, ACS, Ferrovial, OHL, Sacyr, Acciona, Azvi, Isolux o Comsa. Estas son las nueve del rescate.
- M-12 / Eje aeropuerto: OHL firmó un crédito de 280 millones a largo plazo con Banesto, Bankia y RBS.
- Radial 2: La autopista Madrid-Guadalajara está gestionada por Henarsa (Abertis y ACS). Su deuda es de 420 millones a 22 años vista.
- Radiales 3 y 5: Participada por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia, fue a concurso con 660 millones. Santander, Bankia, BBVA o La Caixa están entre más de 30 acreedores.
- Radial 4: Autopista Madrid Sur (Cintra, Sacyr y CCM), titular de la vía que va de Madrid a Ocaña (Toledo), entró en concurso al no poder refinanciar 575 millones.
- Madrid-Levante: La autopista Ocaña-La Roda (AP-36, participada por Cintra, Sacyr y Kutxa) suspendió pagos con 522 millones de deuda. Están afectados CaixaBank, BBVA, Banco de Valencia, RBS, Santander, Sabadell, HSBC, Société Générale o Deutsche Bank.
- Aucosta: La Cartagena-Vera (GVI, Ploder, Cajamar, Unicaja y CAM) está en concurso con 550 millones aportados por Santander, RBS, Banesto, Unicaja y otros.
- AP-41: La Madrid-Toledo (Isolux, Comsa, Azvi y Sando), primer concurso, soporta un crédito de 380 millones liderado por Santander, Banesto o Sabadell.
- Ciralsa: La circunvalación de Alicante (ACS, Abertis y Globalvía) arrastra 240 millones de deuda.
- Ausur: La Alicante-Cartagena (Ploder, Cajamar, Grupo Fuertes, Unicaja y Caja Murcia) tiene un crédito de 214 millones.
Cinco Días.com 24/06/2013
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