Órdago a la grande de concesionarias y constructoras, que reclaman a Fomento que si no quiere cederles una participación del 49% de la nueva sociedad que se va a crear para salvar estas infraestructuras, debe abonar 500 millones que quedan pendientes de la construcción de las autopistas. Una propuesta que deberá estudiar el departamento que dirige Ana Pastor y que, de momento, les ofrece sólo una participación del 20% en este proyecto.
Pero no sólo eso: también piden que el Ejecutivo se haga cargo de los 1.500 millones extraordinarios que costaron, tras las sentencias judiciales, las expropiaciones de los terrenos sobre los que se asientan.
Tras presentar estas propuestas por parte de las concesionarias de las autopistas de peaje, volverán las negociaciones, antes las que el Secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, confía en que en pocos días tengamos un acuerdo satisfactorio. Una solución que no va a ser sencilla, y que va a suponer un quebradero de cabeza para el Ministerio. Y es que en este enredo están implicadas varias partes, entre ellas diez constructoras, 52 entidades financieras y miles de expropiados que esperan poder cobrar lo que se les adeuda.
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