El director general de Abertis Autopistas en España, José Luis Giménez, ha asegurado hoy que la creación de una sociedad para integrar a 9 autopistas de peaje con problemas que plantea el Ministerio de Fomento no es una solución para el sector sino para la banca y para la contabilidad nacional.
Durante su intervención en el congreso Investructuras 2013, Giménez ha indicado que la posibilidad de crear una sociedad mixta para rescatar a estas vías no aborda la cuestión de fondo que atraviesan estas autopistas.
"A lo mejor no queda otra alternativa", ha reconocido Giménez, quien ha subrayado que si finalmente se opta por este mecanismo es imprescindible que los principios queden claros y que haya transparencia.
En este contexto, el director de concesiones de Sacyr, Rafael Gómez del Río, ha insistido en que se debe arreglar el problema de las autopistas radiales para que vuelva a fluir el crédito en los proyectos de infraestructuras.
"Hay una falta de credibilidad del sector", ha añadido el directivo, quien ha lamentado que las concesionarias no tengan herramientas para controlar los riesgos derivados de las expropiaciones, ni capacidad para decidir si el precio es razonable o no.
Por su parte, el jefe del departamento en España de la dirección de Asesoría Jurídica de Cintra, Antonio Resines, ha reconocido que el modelo de participación público-privada necesita ajustes, entre ellos, regular en los pliegos los riesgos, la actuación de la Administración, los mecanismos para el reequilibrio de una concesión y los supuestos ante los cambios normativos.
El jefe de la asesoría jurídica de Autopistas Europa de Globalvía, Carlos Lacleta de Michelena, ha lamentado además la residencia de las entidades financieras y de la Administración a la hora de solicitar el concurso de acreedores de una concesionaria, al tiempo que ha abogado por implantar un sistema de ingresos mínimos garantizados.
Por parte de FCC Construcción, el director de explotación de Concesiones, Carlos Rodríguez, ha destacado la importancia de repartir los riesgos en un contrato de participación público-privada, de hacer un estudio de viabilidad reflexionado y de contar con plazos de licitación adecuados para evaluar todos los supuestos.
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