El Gobierno está preparando un rescate de las deficitarias autovías de peaje que constructoras, ejecutivos regionales y central han construido en los últimos años. La medida se podría adoptar en los próximos Consejos de Ministros y Rafael Catalá, secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, ha revelado que se creará una sociedad, con participación del Estado, en la que se agruparán las nueve concesiones con problemas económicos para su superviviencia.
En las concesiones participan 52 entidades financieras, 10 empresas constructoras y 21 socios, según Catalá, y, entre todas, suman una deuda de 3.500 millones de euros. Se trata de préstamos que dificilmente se pueden devolver por las empresas concesionarias, ya que estas autovías generan menos tráfico del previsto en sus planes de explotación, por lo que los ingresos tampoco alcanzan para devolver las deudas y sostener la actividad. A este problema se suma el de los propietarios de tierras expropiadas, que aún esperan cobrar sus indemnizaciones o que han recurrido las adjudicadas por considerarlas insuficientes, con una alta probabilidad de ganar en los tribunales.
En realidad, los problemas de las concesionarias de autopistas de peaje vienen de largo. Sin embargo, hasta ahora, los diferentes Gobiernos han usado la técnica de los créditos participativos y las cuentas de compensación, que no han adelgazado la deuda. La propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), que ya se ha trasladado a los principales afectados, pasa por crear una sociedad en la que se absorvan las autopistas con problemas, así como su deuda. Esta empresa estaría valorada en unos 600 millones de euros, según la tasación de una empresa independiente para el Ministerio de Fomento, y serviría para reestructurar la deuda en 30 años, a la vez que las entidades financieras afectadas inyectan 1.200 millones de euros para garantizar la liquidez.
Casi todas las autopistas de peaje deficitarias están participadas por grandes constructoras y concesionarias (FCC, Ferrovial, Sacyr, OHL, Abertis y Globalvía). Entre las vías con problemas se encuentran las radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la autopista que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. Cinco de ellas ya están en concurso de acreedores desde hace meses.
La intención del Ministerio de Fomento es que el 20% del capital de la sociedad que se cree acabe en manos de las constructoras y concesionarias que arriesgaron con planes financieros muy agresivos. El reparto de este porcentaje de capital se realizaría a partir de criterios como el endeudamiento de la concesionaria, los recursos que haya aportado a la autopista y el plazo de explotación de la vía con que aún cuente.
El ministerio que dirige Ana Pastor también contempla la posibilidad de pagar una compensación en efectivo a las concesionarias que entreguen sus vías a la nueva sociedad pública pero no quieran participar en su capital social. Fomento trabaja con la hipótesis de que el tráfico de estas vías siga cayendo este año (un 15%) y el próximo (-3%), para equilibrarse en 2015 y aumentar una media de entre un 2% y un 2,5% en el resto de ejercicios. Además, el plan para la empresa pública tendrá un horizonte de 40 años.
El Gobierno pondrá en marcha esta idea sólo si todas las concesionarias en problemas aceptan. En caso contrario, la otra opción es dejarlas quebrar, lo que generaría un problema de 3.500 millones que debería asumir el Estado (es decir, todos los contribuyentes) de alguna manera.
Revista 80 días.es 30/05/2013
En las concesiones participan 52 entidades financieras, 10 empresas constructoras y 21 socios, según Catalá, y, entre todas, suman una deuda de 3.500 millones de euros. Se trata de préstamos que dificilmente se pueden devolver por las empresas concesionarias, ya que estas autovías generan menos tráfico del previsto en sus planes de explotación, por lo que los ingresos tampoco alcanzan para devolver las deudas y sostener la actividad. A este problema se suma el de los propietarios de tierras expropiadas, que aún esperan cobrar sus indemnizaciones o que han recurrido las adjudicadas por considerarlas insuficientes, con una alta probabilidad de ganar en los tribunales.
En realidad, los problemas de las concesionarias de autopistas de peaje vienen de largo. Sin embargo, hasta ahora, los diferentes Gobiernos han usado la técnica de los créditos participativos y las cuentas de compensación, que no han adelgazado la deuda. La propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy (PP), que ya se ha trasladado a los principales afectados, pasa por crear una sociedad en la que se absorvan las autopistas con problemas, así como su deuda. Esta empresa estaría valorada en unos 600 millones de euros, según la tasación de una empresa independiente para el Ministerio de Fomento, y serviría para reestructurar la deuda en 30 años, a la vez que las entidades financieras afectadas inyectan 1.200 millones de euros para garantizar la liquidez.
Casi todas las autopistas de peaje deficitarias están participadas por grandes constructoras y concesionarias (FCC, Ferrovial, Sacyr, OHL, Abertis y Globalvía). Entre las vías con problemas se encuentran las radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la autopista que conecta con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-La Roda, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera. Cinco de ellas ya están en concurso de acreedores desde hace meses.
La intención del Ministerio de Fomento es que el 20% del capital de la sociedad que se cree acabe en manos de las constructoras y concesionarias que arriesgaron con planes financieros muy agresivos. El reparto de este porcentaje de capital se realizaría a partir de criterios como el endeudamiento de la concesionaria, los recursos que haya aportado a la autopista y el plazo de explotación de la vía con que aún cuente.
El ministerio que dirige Ana Pastor también contempla la posibilidad de pagar una compensación en efectivo a las concesionarias que entreguen sus vías a la nueva sociedad pública pero no quieran participar en su capital social. Fomento trabaja con la hipótesis de que el tráfico de estas vías siga cayendo este año (un 15%) y el próximo (-3%), para equilibrarse en 2015 y aumentar una media de entre un 2% y un 2,5% en el resto de ejercicios. Además, el plan para la empresa pública tendrá un horizonte de 40 años.
El Gobierno pondrá en marcha esta idea sólo si todas las concesionarias en problemas aceptan. En caso contrario, la otra opción es dejarlas quebrar, lo que generaría un problema de 3.500 millones que debería asumir el Estado (es decir, todos los contribuyentes) de alguna manera.
Revista 80 días.es 30/05/2013
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