“Lo que está haciendo Fomento es lanzar mensajes a través de los medios para hacernos saber que no está dispuesto a mover un ápice en su oferta sobre la sociedad pública para el rescate del sector de las autopistas, pero la realidad es que esta semana a nosotros todavía no nos han llamado para negociar”. Así se expresaba un representante de una constructora al saberse que el Ministerio no quiere otorgarles más allá del 20% de participación en el nuevo ente, cuando el sector abogaba por un 49%.
“La situación es bastante fea y confusa, pero el proceso negociador está en plena ebullición y habrá que esperar a que concluyan los contactos”, añadía la misma fuente, poniendo así en duda el reciente optimismo del secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, quien auguraba que el acuerdo era ya inminente. Posteriormente, se veía obligado a recabar un sacrificio a las empresas a la vista de los tiempos que corren.
A primeros de mes, la asociación que agrupa a las grandes constructoras, Seopan, enviaba a los responsables ministeriales su propuesta, que incluía que la nueva empresa pública se hiciese cargo de la deuda de las autopistas con el sector bancario, unos 3.600 millones de euros, así como otros 500 millones que les adeudan las concesionarias. Al mismo tiempo solicitaban mayores plazos de concesión y que los peajes subiesen un 1% por encima de la evolución de precios durante un periodo de tiempo. Aseguraban que el sobrecoste de las expropiaciones les ha supuesto un agujero de unos 2.300 millones de euros.
Por su parte, Fomento sigue al pie de la letra el guión que le ha marcado la consultora Ernst & Young, y afirma que las constructoras están buscando que la nueva sociedad financie el capital inicial que invirtieron en el negocio y que ya ha sido provisionado por gran parte de las compañías. Afirmaba que no estaba dispuesta a asumir más que 400 millones de euros de deuda auditada, pero incluía que la banca refinancie la deuda del sector, así como que facilite otros 1.200 millones de euros para cubrir los sobrecostes de las expropiaciones. El pago de estos créditos se prolongaría a treinta años y a un menor tipo de interés. Durante los primeros años sólo se pagarían intereses.
Otras fuentes del sector creen, sin embargo, que la propuesta de la Administración es casi la única salida posible al conflicto. “Todos están llevando las posiciones al extremo para ver qué sacan realmente en la negociación”, afirman, “pero está claro que el Estado no tiene por qué asumir la inversión de un negocio que no salió bien”.
También el presidente de Abertis, Salvador Alemany, expresaba su convicción de que la creación de un banco malo público es una solución acertada, lo que implicará la compra por parte del Estado de las vías más problematizadas y salvaguardar la situación del esto del sector.
El presidente de Abertis recordó que el tráfico medio de la carreteras sufre una caída media anual del 5%, aunque en mayo este dato fue de sólo el 2%, lo que parece apuntar hacia una salida de la crisis.
Tambores judiciales
Otras consultados no lo ven de la misma forma. “Si nos quieren imponer un hecho consumado, se creará un pésimo precedente y no descartamos la posibilidad de acudir a los tribunales, aunque bien es cierto que un tema de estas características tardaría bastante tiempo el dilucidarse”. Recuerdan que la Administración ya se había incumplido anteriores compromisos sobre cuentas de compensación y créditos participativos.
Y tiempo es lo que parece no tener el Ministerio, que quiere tener concluido el tema antes de irse de vacaciones o, a más tardar, en septiembre. Por eso, el departamento de Ana Pastor quiere convertir en capital de la futura sociedad los más de 470 millones de euros ya concedidos en forma de créditos participativos, lo que le otorgaría el 80% del capital, dejando a las empresas concesionarias y constructoras poco más de 120 millones de euros.
También se ofrece la posibilidad de abonar una compensación a las concesionarias que no quieran entrar en el capital social de la sociedad pública, que pasaría a depender de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), dependiente de Fomento.
El quid de la cuestión es evitar como sea que las arcas públicas tengan que asumir más déficit o deuda pública para no contrariar los designios de Bruselas. De ahí el rechazo ministerial a tener que aportar nuevos fondos.
Por el momento, son diez las autopistas que entrarían en esta nueva sociedad, cinco de ellas en concurso de acreedores. En caso de no aceptar la propuesta ministerial, podría abandonárselas a su suerte, con lo que la banca ejecutaría los préstamos, que están garantizados por las propias acciones de las concesionarias.
“Están condenados a entenderse”, explica un representante del sector. “Ahora se está jugando una guerra mediática y habrá que ver hasta dónde están dispuestas a ceder cada una de las partes, sin olvidar que la responsabilidad patrimonial última de las autopistas corresponde al Estado, por lo que no parece probable que ninguna de ellas vaya a dejar de funcionar”.
Zoom News.es 25/06/2013
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