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El Ministerio de Fomento va a dejar sin resolver el problema de las autovías en quiebra y trasladará la patata caliente al siguiente Gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre. El juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha aprobado la liquidación de las filiales de OHL, Aeropistas y Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria Española, que gestionan la autopista de peaje M12 entre Madrid y la Terminal 4. Este mismo juzgado decretó ya la fase de liquidación de la AP-36 Ocaña-La Roda
Pastor se había comprometido con las constructoras a cerrar el problema en esta legislatura y deja la patata caliente al futuro Gobierno Título: Seopan estima que el Estado tendría que abonar 5.500 millones de euros por las ocho autopistas en quiebra Subtítulo: El Estado recurrirá el auto de la liquidación de la M12 de Barajas para evitar el pago de la Responsabilidad Patrimonial
Julián González.- El Ministerio de Fomento va a dejar sin resolver el problema de las autovías en quiebra y trasladará la patata caliente al siguiente Gobierno que salga de las urnas el 20 de diciembre. El juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha aprobado la liquidación de las filiales de OHL, Aeropistas y Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria Española, que gestionan la autopista de peaje M12 entre Madrid y la Terminal 4. Este mismo juzgado decretó ya la fase de liquidación de la AP-36 Ocaña-La Roda. El Ejecutivo ha anunciado que recurrirá el auto para paralizar el proceso. La patronal Seopan calcula que el Estado tendría que abonar unos 5.500 millones de euros por las ocho autopistas declaradas en quiebra.
La Administración Central trata de ganar tiempo y aplazar la crisis de las autopistas, en un intento también de evitar que se active el pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) pactada por las partes para el caso de que no se cumplan las previsiones de ingreso estimadas. Por ese motivo, Fomento recurrirá el fallo ante la Audiencia Provincial de Madrid, igual que hizo para el caso de la AP36 Ocaña-La Roda y dilatar el proceso, amparándose en que el Ministerio tiene encima de la mesa un plan de negociación que no es aceptado ni por las empresas que gestionan las autopistas ni por los bancos acreedores.
En el caso de tener que hacer frente el Estado a las ocho liquidaciones de las autopistas declaradas en quiebra, tendría que responsabilizarse de los 3.400 millones de euros que arrastran como deuda, lo que provocaría un problema al Gobierno de turno, ya que dicha cifra se contabilizará como deuda pública e iría contra el déficit. Se estima además que la responsabilidad patrimonial de las ocho autopistas decretadas en liquidación podría ascender hasta los 4.500 millones de euros, según el valor oficial y 5.700 millones, según la estimación de los accionistas. Seopan cifra esta cantidad en unos 5.500 millones de euros.
El presidente de la patronal, Julián Núñez, declara que la legislación es muy clara en este aspecto, señalando que si las autopistas van a la quiebra el Estado tiene que asumir el coste. “Aquí no existe rescate. Se trata de aplicar la ley. Todos los países tienen mecanismos diferentes para abordar situaciones similares. Nadie invierte a largo plazo si no se garantiza la inversión”, comentó tajantemente el representante de las constructoras.
Para Núñez, la convocatoria de elecciones del 20 de diciembre ha paralizado el proceso de las negociaciones y asume que será el nuevo Ejecutivo quien tendrá que afrontar el problema, ya que el nuevo recurso alargará el proceso otros seis meses. “La solución no está muerta. Espero que el futuro Gobierno pueda llevarlo a buen término”, comentó.
El plan diseñado hace meses por Fomento para estas ocho autovías pasa por integrarlas en una sociedad pública, tras realizar una quita de un 50% sobre los 3.400 millones de deuda reconocida inicialmente, y un bono a 30 años para devolver el resto de la deuda. El interés que devengará esta deuda se sitúa entre el 1,1% que está dispuesto a reconocer Fomento y el 2% que como mínimo reclaman los bancos extranjeros, al que se opone el Ministerio de Hacienda.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, declaró a finales de septiembre pasado que esperaba se llegase a un acuerdo con los bancos y que pudiera cerrarse el problema en esta legislatura. Pastor dijo entonces que la propuesta seguía estando encima de la mesa, manifestando su esperanza de que todavía había tiempo para llegar a un compromiso. Ahora, con el anuncio de esta nueva liquidación por parte del juzgado, difícilmente va a ser posible alcanzar un pacto en estos dos meses escasos.
El Gobierno lleva buscando una solución a este problema prácticamente desde que arrancó esta legislatura y sigue sin cerrar un compromiso con la banca acreedora. Abertis, ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr y OHL figuran como principales accionistas de las sociedades concesionarias en quiebra y han pedido en múltiples ocasiones el rescate de las ocho autopistas por la falta de ingresos debido a su mínima utilización por culpa de la crisis.
Según Seopan, el origen del problema de las autopistas en concurso se debe fundamentalmente al incremento de los costes de las expropiaciones contractuales por decisiones de la Administración y de los Tribunales. Esta cifra ha pasado de los 387,7 millones de euros iniciales a 2.250 millones. Segundo, al incremento de la inversión en construcción por decisión de la Administración. La patronal de la construcción valora esta cifra en un sobrecoste de 473,2 millones. Tercero, la caída del tráfico por culpa de la crisis y otras alternativas paralelas que evitan pagar a los automovilistas. Cuarto, la no implementación por el Gobierno de las medidas de reequilibrio ordenadas en la Ley de Presupuestos del Estado de 2010.
La autopista de peaje M12 gestionada por las filiales de OHL, Aeropistas y Eje Aeropuerto Concesionaria Española, solicitó el concurso voluntario de acreedores en noviembre de 2013, tras ser inaugurada en 2005. La propia OHL especifica en el hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, tras el auto dictado, se inicia la fase de liquidación de ambas sociedades. Como consecuencia de ello, afirma, “nace para la administración la obligación legal de resolución del contrato de concesión y la del pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Se monetizarán también todos los activos de ambas sociedades, tanto bienes como derechos, para permitir el pago de los acreedores y, en su caso, de los accionistas”.
La deuda de las dos filiales de OHL está cifrada en unos 558 millones de euros, de los cuales 121 millones corresponden a Eje Aeropuerto y 437 millones a Aeropistas. Unos 220 millones son deuda bancaria. Con la resolución del juez, la constructora que preside Juan Miguel Villar Mir ve aclarado una parte del problema que tiene con esta autopista pero no lo resuelve, ya que el Estado ha anunciado que recurrirá el fallo y se dilatará el proceso de liquidación.
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