Cada acontecimiento que se produce en relación con las autopistas radiales de peaje quebradas subrayan que el plan desarrollado por Fomento para proceder a su rescate parece impracticable y que el marrón deberá resolverlo el gobierno que salga de las urnas del próximo 20-D. La orden judicial de liquidación de la sociedad de OHL, Aeropistas y su filial Autopista Eje Aeropuerto Concesionaria, es decir la radial que une Madrid con el aeropuerto de Barajas, también conocida como M-12, es el último capítulo de un problema para el que no se ve la solución.
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| El Periódico |
En un auto, el juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid, ha acordado la disolución de las dos sociedades, que se hallan en concurso de acreedores con una deuda de 550 millones de euros, tras la inadmisión de los dos convenios de acreedores presentados. «A raíz del auto citado se inicia la fase de liquidación de ambas sociedades y como consecuencia de ello nace para la Administración la obligación legal de resolución del contrato de concesión y con ella la del pago de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA)», señala OHL en el hecho relevante remitido ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Se destaca, asimismo, que ahora se monetizarán la totalidad de los activos de ambas sociedades, tanto bienes como derechos, a los efectos de permitir el pago de los acreedores y, en su caso, de los accionistas. Durante esta fase cesan en su función los administradores, siendo sustituidos por la administración concursal, destaca el hecho relevante. La resolución judicial tiene un claro efecto sobre los planes con que Fomento pretendía resolver el problema de la quiebra de las radiales mediante la creación de una sociedad.
El Gobierno ha estado trabajando con las empresas concesionarias y con los 48 bancos acreedores en la creación de una sociedad pública para integrar las autopistas de peaje con dificultades económicas. Para ello, había planteado una quita del 50% a la deuda de estas carreteras, que asciende a 4.500 millones, y la creación de un fondo de titulización que emita bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1%.
El acuerdo, sin embargo, no ha llegado a materializarse por diferentes obstáculos. No solo han pesado las dificultades formales que implica la emisión del bono a 30 años, para la banca local, sino también las reticencias de las banca extranjera a aceptar las condiciones del acuerdo al que los bancos locales parecen más próximos.
La patronal que agrupa a las grandes constructoras, Seopan, calcula que liquidar todas las autopistas de peaje en quiebra tendría un coste superior a 8.000 millones, pero parece que ese es el camino que lleva este problema si acaba resolviéndose por vía judicial. En enero del 2014, el mismo juzgado de Madrid declaró el concurso de la sociedad Aeropistas y de la autopista de peaje Eje Aeropuerto, con una deuda conjunta de 557,7 millones de euros.
El mismo juzgado ya abrió en febrero la fase de liquidación de la AP-36 Ocaña-La Roda, tras rechazar el plan de rescate que Fomento aprobó como propuesta de convenio por considerar que presentaba «defectos de legalidad». Fomento, no obstante presentó recursos contra la decisión judicial,y ayer la ministra, Ana Pastor, confirmó que también se presentará en el caso de la nueva resolución. La Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre ambos casos.
De acuerdo con el auto del juzgado, las propuestas de convenio presentadas presentan el mismo defecto. En este sentido, señala que las propuestas presentadas por el Abogado del Estado, en nombre de Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte), necesitan ser refrendadas o aprobadas por el Consejo de Ministros o al menos por el delegado del Gobierno en las sociedades concesionarias.
El abogado público efectúa unas proposiciones, según el auto, que no tienen amparo legal alguno y están expresamente prohibidas por el artículo 100 de la ley concursal, sin que quepa por tanto quitas del 100% o la supresión de créditos reconocidos. Además, se necesita la audiencia de los trabajadores.
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