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| El plan de rescate a las autopistas no llega y el Estado se juega miles de millones de euros |
El Ministerio de Fomento podrá seguir manteniendo el mensaje de que el rescate de las concesionarias de autopistas de peaje no costará ni un euro a los españoles aunque lo que no se sabe es durante cuánto tiempo. Por el momento, el Gobierno está recurriendo las liquidaciones de las sociedades cuyos concursos han llegado a su punto final, con lo que no deberá afrontar aún desembolso alguno. Sin embargo, la bolsa de las responsabilidades que tendrá que asumir si no triunfan sus recursos en los tribunales no deja de crecer. El nuevo Gobierno que determinen las urnas a finales de año se enfrentará a demandas superiores a los 1.500 millones por parte de las concesionarias.
La Abogacía del Estado trabaja a toda máquina para recurrir la liquidación de la autopista que llega a la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (M-12), la segunda que llega a esta fase del concurso de acreedores y que forzaría a poner en marcha el mecanismo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, el sistema por el cual el Estado, propietario en último término del activo, recupera la concesión a través del pago de las deudas. Ya lo hizo con el primer caso, el de la concesionaria de la AP-36, que conecta las localidades de Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete).
Sin embargo, no serán los únicos casos en los que tengan que trabajar los abogados del Estado. Se prevé que en los próximos meses lleguen nuevos autos de los juzgados de lo Mercantil dictando la liquidación de las sociedades concesionarias.
Al menos dos de ellos se esperan para antes de que finalice el presente año. Los recursos harán que el actual Gobierno no tenga que realizar maniobras adicionales pero dejarán un complicado panorama al Ejecutivo que resulte de la consulta electoral del próximo 20 de diciembre.
Si los tribunales dan la espalda al Estado en sus recursos, la recuperación de las concesiones podría costar al erario público algo más de 4.000 millones de euros. Por lo pronto, la cifra asociada a los casos que ya están en los tribunales superan los 900 millones de euros.
La intención del Gobierno es prolongar los procesos judiciales lo máximo posible con el fin de poder llegar a un acuerdo definitivo sobre el plan para rescatar a las autopistas de peaje en quiebra. El problema es que, igual que sucedió con los concursos de acreedores de las concesionarias, se prevé que las liquidaciones también lleguen prácticamente en cadena.
Antes del verano, el consejero delegado de Ferrovial, Iñigo Meirás, vaticinó que al menos cinco concesionarias entrarían en liquidación en la segunda mitad del presente ejercicio. No serán tantas pero es probable que antes de fin de año aún se vean al menos otras dos.
La estrategia del Ejecutivo cuenta con la posición favorable de las grandes constructoras (las principales accionistas de las concesionarias) y de la banca acreedora española, aunque no así de los bancos internacionales, que no ven con buenos ojos la quita del 50% que el Estado quiere aplicar para pagar el resto de la deuda a través de un bono a 30 años.
El juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha sido el que ha rechazado el convenio de acreedores presentado por el Gobierno para las dos concesionarias que han llegado a la fase de liquidación.
Entre otras cuestiones, el juez estima que el rescate debería haber sido aprobado por el consejo de ministros y contar con la aprobación mayoritaria de los acreedores.
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