Llevaba meses rumiándose que la gran banca española había decidido cambiar el paso y salir al rescate de Ausur, la autopista entre Alicante y Cartagena, propiedad de Ploder, y al final, los rumores se han cumplido. Esta misma semana, las 15 entidades acreedoras
de la concesionaria han firmado la refinanciación de la vía, ante la
creciente descofianza que existe entre los bancos de poder cerrar con el
Gobierno una solución global de las autopistas quebradas en las líneas
que se habían definido hasta ahora.
El Ejecutivo había presionado para que tanto Ausur como Aulesa, autopista asturiana de Abertis, pasarán a formar parte del denominado banco malo de autopistas
para, así, mejorar un poco el perfil de la sociedad y facilitar un
acuerdo en todo lo relativo a la estructura financiera de esta nueva
sociedad, que se basa en una quita del 50% y en la emisión de bono a 30 años.
La retribuciónd de esta deuda es uno de los puntos donde han encallado las conversaciones, ante la negativa del Ejecutivo de garantizar una remuneración superior al 1,8%,
y la exigencia de las entidades de acercarla a los precios de mercado,
que actualmente se mueven en torno al 3%. Una de las soluciones que se
puso sobre la mesa para acercar posturas era incluir en el banco malo de
autopistas sociedades en dificultades pero con mejores números, con
Ausur a la cabeza.
De hecho, fuentes próximas a la compañía aseguran que, desde verano, la familia Gálvez, dueña de Ploder,
había asumido que, a pesar de estar en condiciones de poder refinanciar
la concesión por los números de la carretera, la banca se había cerrado
en banda por motivos de Estado. Un motivo que ha terminado esfumándose,
ante la creciente amenaza del Gobierno de terminar optando por una liquidación de las autopistas quebradas: las cuatro radiales, eje aeropuerto, Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante.
"Este
año no esperamos que haya ya ningún acuerdo y habrá que esperar a enero
para retomar las conversaciones", señalan desde una entidad financiera.
"Ante las crecientes dudas que existen y la imposibilidad de avanzar, lo más sensato es salvar al menos esta concesión que, de hecho, nunca llegó a estar en concurso, sólo incurrió en el 5 bis (preconcurso)", añade.
La deuda de Ausur, que ha estado asesorada por Arcano Corporate, ascendía a 240 millones de euros, cifra que ha quedado reducida a 196 millones, tras una amportización del principal. Sobre esta cantidad, se ha ha refinanciado un 65% a euribor más 200 puntos básicos a un plazo inicial de siete años, y el otro 35% se ha construido como un tramo PIK,
frente a la opción que se puso en el pasado sobre la mesa de poder
aplicar quitas. Este estructura se ha hecho con la vista puesta en poder
hacer emisiones de bonos en el futuro, cuando la concesión alcance velocidad de crucero.
Con
Ausur ya salvada, ahora la pelota está en el tejado del Gobierno, que
amenaza con liquidar las autopistas quebradas, opción que tanto bancos
como constructoras consideran la peor de todas, ya que supone cargarse el modelo concesional español. Pero las diferencias dentro del propio Ejecutivo, con Fomento y Hacienda defendiendo intereses distintos, está complicando los posibles acuerdos.
Otro grave escollo pendiente de salvar es la petición del Ejecutivo a la gran banca de que compre la deuda de las entidades extranjeras,
que ronda los 1.300 millones de euros, según las fuentes consultadas.
Algunos de estos bancos han lanzado ya el globo sondo de que si el Gobierno se acoge a la homologación de deudas, recurrirán a los tribunales.
Pero las entidades nacionales se muestran radicalmente opuestas a
asumir este agujero sin algo a cambio, como una mayor rentabilidad del
citado bono.
Fuentes conocedoras aseguran que los alemanes Commerzbank y Deutsche Bank, junto al holandés ING,
están siendo los bancos más intransigentes a la hora de tratar de
llegar a un acuerdo y se muestran completamente cerrados a abordar
cualquier tipo de solución que no sea vender su deuda. Las entidades
españolas, por su parte, piden quem si al final no queda otra salida, al
menos, sea el Gobierno quien decida a qué precio se compra esa deuda,
no los propios bancos. Jugadas de estrategia en una negociación cada día
más atascada.
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