El Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, que dirige el concurso de acreedores de las autopistas R-3 y R-5, ha dado un primer paso para acumular en uno solo todos los procesos concursales de todas y cada una de las ocho autopistas en suspensión de pagos existentes en el país. Entre ellas, se encuentran las tres que cruzan territorio toledano: la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda, y la R-4 Madrid-Ocaña. Así se recoge en una información difundida por la agencia Europa Press.
En concreto, el juez titular ha comunicado al resto de juzgados que llevan concursos de autopistas que se ha presentado convenio de acreedores al proceso de las dos radiales que su Juzgado tramita y que es el que mayor pasivo acumula (660 millones de euros), por lo que le corresponde asumir la acumulación del proceso.
Hay que recordar que la autopista AP-41 entró en un proceso concursal en mayo de 2012, al no poder hacer frente a una deuda de unos 523 millones de euros. En octubre de ese año le seguía la autopista R-4, con un pasivo de 575 millones. Poco después, la AP-36, también entraba en proceso concursal con una deuda acumulada de 522 millones.
La decisión de este Juzgado madrileño deriva de la propuesta presentada en el mismo por el Ministerio de Fomento para evitar la liquidación de las autopistas R-3 y R-5 y, de paso, del resto de vías con problemas. Consiste en un plan de rescate basado en la tanta veces anunciada sociedad pública que asumiría estas autopistas, a cambio de que sus bancos acreedores renuncien a un 50 por ciento de lo que se les debe.
Sin embargo, el juez ha instado al departamento que dirige Ana Pastor a que «subsane» varias «deficiencias formales» detectadas en su propuesta, según informaron a Europa Press en fuentes del proceso concursal.
Fomento cuenta con una semana para subsanar estos pequeños «fallos formales». Una vez que presente de nuevo el convenio y se admita a trámite, el juez volverá a fijar un plazo de un mes para que los bancos acreedores de las vías manifiesten si se suman o no al plan de rescate del Ministerio.
Este aplazamiento permite, no obstante, a Fomento contar con más plazo para seguir negociando con la banca, fundamentalmente con la extranjera, su adhesión al plan de rescate.
Este plan contempla constituir con las ocho autopistas en quiebra una empresa pública de autopistas, después de aplicar una quita del 50 por ciento a la deuda de 3.800 millones que estas vías tienen con los bancos. El resto del pasivo se titulizará en un bono a treinta años.
El Ministerio de Fomento presentó el viernes 17 de octubre ‘in extremis’ ante el juzgado esta propuesta de convenio de acreedores para las autopistas radiales de Madrid R-3 y R-5.
De esta forma, dio el primer paso para llevar el rescatar a estas autopistas y a las otras siete que actualmente estén en quiebra, dado que prevé extender esta propuesta de convenio al resto de las vías concursadas.
Hay que recordar que buena parte de esta deuda corresponde a indemnizaciones no abonadas a propietarios cuyos terrenos fueron expropiados para trazar estas autopistas. Sólo en el caso de la AP-41, se afectó a un colectivo de más de 1.600 propietarios a los que se expropió unos 11 millones de metros cuadrados. Sumando los justiprecios reconocidos por la Justicia y los intereses de demora, se estima que los expropiados de la Madrid-Toledo deben recibir cerca de 150 millones de euros.
Órganos judiciales como el TSJ de la región y el Supremo ya han dictaminado que estas indemnizaciones no deben ser objeto de quita en un proceso concursal, ya que al haber sufrido una expropiación el Estado debe abonarla como responsable último.
Las ocho autopistas de peaje actualmente en quiebra y que rescatará el Ministerio de Fomento redujeron una media del 2,6 por ciento su tráfico en los diez primeros meses del año, periodo en el que contabilizaron unos 6.239 vehículos diarios, según datos del departamento que dirige Ana Pastor.
A pesar de la caída media, tres de estas vías cerraron octubre con un saldo positivo. Una de ellas, cruza terrenos toledanos, la AP-36 Ocaña-La Roda, que presenta un aumento del tráfico del 3,2 por ciento, la M-12 entre Madrid y el aeropuerto de Barajas (+1,9 por ciento) y la Cartagena-Vera (+2,8 por ciento).
La evolución del tráfico por estas ocho autopistas, las de más reciente construcción, contrasta con la del conjunto de la red de vías de pago, que concluyeron los nueve primeros meses con una intensidad media diaria (IMD) de 16.743 usuarios, y un crecimiento del 1,87 por ciento.
En el mes de octubre, el tráfico de toda la red de autopistas, que suma 2.560 kilómetros, alcanzó los 15.230 coches diarios, un 1,72 por ciento más, manteniendo así la tendencia a la recuperación que muestra desde inicios de ejercicio.
En cuanto a las ocho autopistas en quiebra, las radiales de Madrid y la Madrid-Toledo siguen registrando las mayores reducciones en el tránsito de vehículos.
Entre enero y octubre, el número medio de usuarios de la R-2 Madrid-Guadalajara disminuyó un 6,6 por ciento, hasta 4.346 vehículos al día; en la R-3 Madrid-Arganda un 2,95 por ciento (9.389 usuarios), en la R-5 Madrid-Navalcarnero un 4,8 por ciento (6.264 vehículos) y en la R-4 Madrid-Ocaña, un 3,56 por ciento (4.697 usuarios).
Asimismo, la autopista que enlaza Madrid con Toledo perdió un 4,4 por ciento de su tráfico en los nueve primeros meses, cuando contabilizó una media de apenas 743 vehículos diarios.
La caída de los tráficos que se anotan desde que empezó la crisis, junto a los sobrecostes de expropiaciones que afrontaron, constituyen las causas de la situación que atraviesan estas vías, todas ellas en concurso de acreedores.
En virtud del plan diseñado por el Gobierno para solventar su situación, Fomento aglutinará estas autopistas en una nueva empresa nacional, 100 por ciento estatal y dependiente del Ministerio.
Esta sociedad gestionará así 748 kilómetros de vías de pago, alrededor de una quinta parte (el 22 por ciento) de la red total del país, además de algunas libres de tasas como la M-50 de Madrid.
El Departamento que dirige Ana Pastor se ha fijado como principal objetivo que esta empresa no requiera aportaciones públicas. Por ello, prevé diseñar un plan de negocio con el fin de que generen ingresos para pagar su deuda.
La Tribuna de Toledo.es 10/11/2014
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