Si nada se tuerce, antes de que acabe el año el Ministerio de Fomento habrá podido por fin cerrar la crisis de las autopistas en quiebra mediante la creación de una sociedad pública. El ministerio ha presentado en los juzgados una propuesta de convenio de acreedores para la R-3 y la R-5 que si, como parece, sale adelante, será el primer paso del plan de salvamento. Europa Press informó ayer de que la propuesta inicial tenía defectos que Fomento debe ahora subsanar.
Una vez presente el nuevo convenio, dispondrá de un mes para negociar con la banca acreedora su adhesión al convenio, que extenderá a todas las vías para después crear la empresa pública. Las entidades nacionales ya han manifestado su disposición a aceptar la propuesta, que pasa por una quita del 50% para los casi 4.000 millones de deuda de las concesionarias y la emisión de un bono a 30 años para sufragar el resto. Con este apoyo, Fomento se garantiza el éxito de la propuesta, pero dejaría pendiente el fleco de la banca extranjera.
Estas entidades se niegan a aceptar cualquier quita y se remiten al contrato firmado, que les garantiza el pago por parte del Estado de la Responsabilidad Patrimonial Administrativa (RPA), una especie de seguro para su inversión. Ante la perspectiva de que algunas de ellas no acepten de ningún modo el plan de Fomento, lo que el ministerio trata ahora es de limitar al máximo los daños para que el posible pago de esa RPA sea lo más limitado posible, explican fuentes conocedoras del proceso.
Los técnicos del departamento de Ana Pastor también están buscando la fórmula para garantizar al Estado una salida airosa en la más que presumible batalla judicial que las entidades díscolas emprenderán si el convenio sale adelante por el apoyo de la banca española pero sin su respaldo. Por lo pronto, en Fomento no creen que la idea de estos bancos de ir al Constitucional sea una vía adecuada.
La Razón.es 10/11/2014
La Razón.es 10/11/2014
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