La fórmula ya está decidida, pero todavía queda por aclarar el importe de la operación. La Xunta subirá el peaje encubierto que paga a las concesionarias de las autovías de Barbanza (AG-11) y O Salnés (AG-41) para evitar su quiebra, ante la merma de ingresos por la caída de tráfico. El impacto económico de la medida se concretará cuando el Consello de la Xunta la apruebe, entre finales de este año y principios del 2015.
El procedimiento por el que el Ejecutivo trata de anticiparse a un rescate de las concesiones que cifra en 127 millones lleva más de un año de gestación. La Xunta movió ficha en la Lei de Orzamentos del 2014. Aprovechó esa norma para facultar a la Axencia Galega de Infraestruturas a adoptar medidas de reequilibrio para «garantir a viabilidade económica da explotación das concesións de obra pública baixo o réxime de canon de demanda». De este modo, la Administración autonómica puede inyectar fondos públicos extra a las empresas que gestionan las autovías con peaje en la sombra para reequilibrar sus cuentas y que puedan afrontar los gastos derivados de la deuda financiera contraída para construir esos viales.
Aunque esta regulación habilita a la Xunta a acudir en auxilio de cualquier concesionaria en riesgo de quiebra, originalmente está pensada para sofocar los desequilibrios contables en las autovías de Barbanza y O Salnés. El motivo es la caída continuada del tráfico que registran esos viales, que incide en los ingresos que obtienen las concesionarias a través del peaje encubierto que paga la Administración en ese tipo de vías. Con menos vehículos de los que se estimaron antes de la construcción de esas infraestructuras, las empresas que los explotan obtienen una recaudación menor de la prevista. Pero un problema saca a la luz otro: las desmesuradas expectativas de usuarios con las que se proyectaron las autovías y se redactaron los contratos. Por la de Barbanza circularon el año pasado una media de 12.496 vehículos al día, cuando para su construcción se calcularon 20.841. La brecha es todavía mayor en la de O Salnés, que tuvo 9.000 usuarios menos al día de los 22.231 previstos.
Son las luces de emergencia provocadas por esta tesitura las que llevan a la Xunta a acudir con fondos públicos en auxilio de concesionarias privadas. Conscientes de lo impopular de esta medida en tiempo de crisis, y en un momento en el que el Estado se dispone a pagar más de 4.000 millones para rescatar las radiales madrileñas, en el Ejecutivo manejan la operación con prudencia. La apuesta por incrementar el canon que la Administración paga a las empresas que construyeron, explotan y mantienen las autovías se fundamenta en la tesis de que es la fórmula menos gravosa. Esa inyección extra se realizará a través de una subida de la tarifa que abona por vehículo y tendrá carácter temporal. La Xunta la aplicará hasta la recuperación de los tráficos, cuando retomará la tarifa inicial. A cambio, las dos concesionarias deberán someterse a un control estricto de sus cuentas.
En cuanto al importe, la Xunta asegura que quedará lejos de los 4,7 millones de diferencia entre lo que presupuestó el año pasado para el canon de las dos autovías y lo que abonó con arreglo al tráfico real. Las cuentas del 2015 reservan 10,68 millones para pagar el canon del vial de Barbanza, y 3,72 para el de O Salnés.
La Voz de Galicia.es 22/11/2014
El procedimiento por el que el Ejecutivo trata de anticiparse a un rescate de las concesiones que cifra en 127 millones lleva más de un año de gestación. La Xunta movió ficha en la Lei de Orzamentos del 2014. Aprovechó esa norma para facultar a la Axencia Galega de Infraestruturas a adoptar medidas de reequilibrio para «garantir a viabilidade económica da explotación das concesións de obra pública baixo o réxime de canon de demanda». De este modo, la Administración autonómica puede inyectar fondos públicos extra a las empresas que gestionan las autovías con peaje en la sombra para reequilibrar sus cuentas y que puedan afrontar los gastos derivados de la deuda financiera contraída para construir esos viales.
Aunque esta regulación habilita a la Xunta a acudir en auxilio de cualquier concesionaria en riesgo de quiebra, originalmente está pensada para sofocar los desequilibrios contables en las autovías de Barbanza y O Salnés. El motivo es la caída continuada del tráfico que registran esos viales, que incide en los ingresos que obtienen las concesionarias a través del peaje encubierto que paga la Administración en ese tipo de vías. Con menos vehículos de los que se estimaron antes de la construcción de esas infraestructuras, las empresas que los explotan obtienen una recaudación menor de la prevista. Pero un problema saca a la luz otro: las desmesuradas expectativas de usuarios con las que se proyectaron las autovías y se redactaron los contratos. Por la de Barbanza circularon el año pasado una media de 12.496 vehículos al día, cuando para su construcción se calcularon 20.841. La brecha es todavía mayor en la de O Salnés, que tuvo 9.000 usuarios menos al día de los 22.231 previstos.
Son las luces de emergencia provocadas por esta tesitura las que llevan a la Xunta a acudir con fondos públicos en auxilio de concesionarias privadas. Conscientes de lo impopular de esta medida en tiempo de crisis, y en un momento en el que el Estado se dispone a pagar más de 4.000 millones para rescatar las radiales madrileñas, en el Ejecutivo manejan la operación con prudencia. La apuesta por incrementar el canon que la Administración paga a las empresas que construyeron, explotan y mantienen las autovías se fundamenta en la tesis de que es la fórmula menos gravosa. Esa inyección extra se realizará a través de una subida de la tarifa que abona por vehículo y tendrá carácter temporal. La Xunta la aplicará hasta la recuperación de los tráficos, cuando retomará la tarifa inicial. A cambio, las dos concesionarias deberán someterse a un control estricto de sus cuentas.
En cuanto al importe, la Xunta asegura que quedará lejos de los 4,7 millones de diferencia entre lo que presupuestó el año pasado para el canon de las dos autovías y lo que abonó con arreglo al tráfico real. Las cuentas del 2015 reservan 10,68 millones para pagar el canon del vial de Barbanza, y 3,72 para el de O Salnés.
La Voz de Galicia.es 22/11/2014
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