El caso Monago ha situado el foco mediático sobre las privilegiadas condiciones de las que disfrutan sus señorías en las Cortes Generales para desplazarse a lo largo y ancho de la piel de toro sin tener que dar cuenta del motivo de sus viajes. Muchos se preguntan ahora cómo es posible que un senador completara desde mayo de 2009 a noviembre de 2010 más de treinta vuelos a Canarias sin tener que justificar ni un solo euro de los más de 10.000 que se calcula que costó este dispendio. La respuesta se halla en un reglamento institucional que abre a sus señorías las puertas a estos privilegios y que ahora parece que podría ser objeto de revisión.
La proliferación de críticas sociales ante este episodio invita a nuevas preguntas, como por ejemplo si esta práctica es habitual en otras instituciones más cercanas a la ciudadanía de Euskadi. A este respecto, la web del Parlamento Vasco muestra en una cascada infinita de datos los números sobre los que se apoyan los aforados autonómicos para completar sus traslados, aunque llama la atención que de la partida reservada para viajes no se haya gastado, según la última actualización del 30 de septiembre, ni una cuarta parte de los 200.000 euros presupuestados.
Pero los datos que ofrece el Legislativo sobre este ámbito van más allá. En primer lugar, nos ceñimos a los desplazamientos domésticos o “gastos de locomoción”, como figura en los Presupuestos aprobados para este año; es decir, el dinero que desde las arcas autonómicas se les facilita a los miembros electos de esta institución para subvencionar el coste que representa acceder cada semana a la sede del parque de La Florida.
La suma, dividida entre el número de parlamentarios empadronados en cada territorio, ronda el medio millón de euros, según las Cuentas en vigor, un montante que llega hasta los 564.000 euros si incorporamos la tarjeta de autopista a la que cada parlamentario tiene derecho desde el momento en el que recoge su acta institucional.
Esta herramienta permite circular a sus señorías sin coste alguno por la red de autopistas de la CAV, un límite territorial que desde el Parlamento Vasco llevan a rajatabla. Pongamos por ejemplo que algunos de los miembros de esta institución viajan desde cualquier punto de Euskadi hasta Iruñea para participar en una reunión de su partido. Pues bien, todas las vías de pago que hayan empleado desde su lugar de salida hasta la capital navarra serán abonadas por el Parlamento Vasco, salvo que en el último tramo de su trayecto circulen por la autopista que conecta Irurzun con Iruñea. Esos 2,15 euros de peaje correrán a cargo del parlamentario en cuestión, después de que la Cámara autonómica le comunique el pertinente cobro.
El resto de viajes requieren, según apuntan desde el Parlamento, del “imprescindible acuerdo” de la Mesa de la Cámara. Hasta hace año y medio, sus señorías recibían dietas diarias -117,43 euros para trayectos en el Estado y 162,86 euros en caso de tratarse de viajes al extranjero- que debían sumarse a los gastos del propio desplazamiento, pese a que en muchas ocasiones los cursos o jornadas que motivaban estos periplos incluían el coste de manutención de los invitados.
Esta situación motivó que la Cámara autonómica alcanzase al principio de la actual legislatura un acuerdo por el cual se suprimieron las dietas para los viajes. Desde entonces se exige la presentación de facturas para que los parlamentarios puedan cobrar los gastos que hayan tenido que hacer durante los desplazamientos ligados con actividades propias de su cargo, un cambio que desde la Cámara aseguran que ha rebajado la cuenta de euros.
Deia.com 20/11/2014
La proliferación de críticas sociales ante este episodio invita a nuevas preguntas, como por ejemplo si esta práctica es habitual en otras instituciones más cercanas a la ciudadanía de Euskadi. A este respecto, la web del Parlamento Vasco muestra en una cascada infinita de datos los números sobre los que se apoyan los aforados autonómicos para completar sus traslados, aunque llama la atención que de la partida reservada para viajes no se haya gastado, según la última actualización del 30 de septiembre, ni una cuarta parte de los 200.000 euros presupuestados.
Pero los datos que ofrece el Legislativo sobre este ámbito van más allá. En primer lugar, nos ceñimos a los desplazamientos domésticos o “gastos de locomoción”, como figura en los Presupuestos aprobados para este año; es decir, el dinero que desde las arcas autonómicas se les facilita a los miembros electos de esta institución para subvencionar el coste que representa acceder cada semana a la sede del parque de La Florida.
La suma, dividida entre el número de parlamentarios empadronados en cada territorio, ronda el medio millón de euros, según las Cuentas en vigor, un montante que llega hasta los 564.000 euros si incorporamos la tarjeta de autopista a la que cada parlamentario tiene derecho desde el momento en el que recoge su acta institucional.
Esta herramienta permite circular a sus señorías sin coste alguno por la red de autopistas de la CAV, un límite territorial que desde el Parlamento Vasco llevan a rajatabla. Pongamos por ejemplo que algunos de los miembros de esta institución viajan desde cualquier punto de Euskadi hasta Iruñea para participar en una reunión de su partido. Pues bien, todas las vías de pago que hayan empleado desde su lugar de salida hasta la capital navarra serán abonadas por el Parlamento Vasco, salvo que en el último tramo de su trayecto circulen por la autopista que conecta Irurzun con Iruñea. Esos 2,15 euros de peaje correrán a cargo del parlamentario en cuestión, después de que la Cámara autonómica le comunique el pertinente cobro.
El resto de viajes requieren, según apuntan desde el Parlamento, del “imprescindible acuerdo” de la Mesa de la Cámara. Hasta hace año y medio, sus señorías recibían dietas diarias -117,43 euros para trayectos en el Estado y 162,86 euros en caso de tratarse de viajes al extranjero- que debían sumarse a los gastos del propio desplazamiento, pese a que en muchas ocasiones los cursos o jornadas que motivaban estos periplos incluían el coste de manutención de los invitados.
Esta situación motivó que la Cámara autonómica alcanzase al principio de la actual legislatura un acuerdo por el cual se suprimieron las dietas para los viajes. Desde entonces se exige la presentación de facturas para que los parlamentarios puedan cobrar los gastos que hayan tenido que hacer durante los desplazamientos ligados con actividades propias de su cargo, un cambio que desde la Cámara aseguran que ha rebajado la cuenta de euros.
Deia.com 20/11/2014
No hay comentarios:
Publicar un comentario