Los afectados por la ampliación de la autopista AP-9 en Chapela no aceptarán precios de saldo en las expropiaciones de sus casas y fincas. El colectivo vecinal considera una "tomadura de pelo" las valoraciones de los terrenos ofrecidas por el Ministerio de Fomento en el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos, al calificar de "miseria" los precios propuestos por el metro cuadrado, que oscilan entre los 8 euros por las fincas rústicas a los 90 euros por las edificables, según explican los perjudicados.
"Nosotros reclamamos que se pague a precio de mercado por el perjuicio que la autopista ha causado a los vecinos durante tantos años y que se incrementará con la actuación que pretenden realizar, pero lejos de eso, las valoraciones ofrecidas demuestran que actúan con mala fe y prepotencia, y eso no lo podemos consentir", apunta Francisco Puch, uno de los portavoces de la Asociación de Afectados. Este colectivo asegura que el malestar de los vecinos por los bajos precios ofrecidos quedó patente en el levantamiento de las actas de ocupación, donde solo firmaron cuatro vecinos. El conflicto más grave está en las personas que perderán sus viviendas. En total, según explican desde la asociación, serán ocho las casas que se expropiarán en la parroquia de Chapela y otras muchas quedarán en la zona de dominio público, "lo que supone un importante problema, porque quedan condenadas para siempre ya que no podrán mover ni una teja", señala Puch.
Otra de las quejas es que a la hora de realizar las valoraciones de los terrenos no se tiene en cuenta los muros de cierre, los accesos y los servicios del terreno.
La asociación de afectados también ha presentado alegaciones ante Fomento al incrementarse en el último momento el número de expropiaciones respecto al listado publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en julio de 2010, en el que se incluían 31 parcelas y una vivienda. "Cuando conocimos el proyecto constructivo el pasado mes de junio nos llevamos la sorpresa de que las propiedades afectadas se habían ampliado a más de sesenta fincas y ocho casas", explica Puch, unas sospechas que se confirmaron en la relación definitiva publicada en el BOE el pasado 28 de agosto.
Ante esta situación la Asociación de Afectados gestionó un abogado para asesorar a los vecinos y contrató a un topógrafo para realizar sus propias mediciones. Varios de los perjudicados han presentado una reclamación por defecto de forma e indefensión, asesorados por el letrado.
Por último, desde el colectivo han solicitado una reunión con el alcalde, Javier Bas, y con representantes de Audasa y Fomento, para tratar todos estos asuntos y defender el interés de los vecinos.
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