Portugal estrecha el cerco sobre los conductores españoles que se han saltado los peajes de sus autovías, un agujero que solo la empresa concesionaria Brisa estima en 80 millones de euros.
Después de Galicia, la segunda comunidad con mayor responsabilidad en esta deuda es Extremadura, donde los conductores que habitualmente pasan por la denominada Vía Adherente para evitar detenerse a pagar están siendo localizados poco a poco y apremiados para que paguen lo que deben.
La campaña de cobro empezó hace año y medio a través de cartas informativas. La novedad es que seguirá su curso a partir de los próximos meses en los juzgados, según ha explicado a este diario Óscar Hernández, del bufete de abogados de Aracena (Huelva) ONBK, el despacho que ha sido contratado desde Portugal para perseguir a los morosos españoles.
Entre los conductores que podrían estar afectados, bien porque ya han recibido una carta, o porque en algún momento no pagaron algún peaje en Portugal, surgen muchas dudas. La primera es la validez legal de la comunicación, a través de un escrito con el membrete de Brisa (la empresa concesionaria de 17 autopistas, entre ellas la A-6 que enlaza Badajoz y Lisboa), y la empresa de cobro de deudas Gesphone. Este método de comunicación lo ha criticado Automovilistas Europeos Asociados, que no lo considera válido legalmente.
Después de Galicia, la segunda comunidad con mayor responsabilidad en esta deuda es Extremadura, donde los conductores que habitualmente pasan por la denominada Vía Adherente para evitar detenerse a pagar están siendo localizados poco a poco y apremiados para que paguen lo que deben.
La campaña de cobro empezó hace año y medio a través de cartas informativas. La novedad es que seguirá su curso a partir de los próximos meses en los juzgados, según ha explicado a este diario Óscar Hernández, del bufete de abogados de Aracena (Huelva) ONBK, el despacho que ha sido contratado desde Portugal para perseguir a los morosos españoles.
Entre los conductores que podrían estar afectados, bien porque ya han recibido una carta, o porque en algún momento no pagaron algún peaje en Portugal, surgen muchas dudas. La primera es la validez legal de la comunicación, a través de un escrito con el membrete de Brisa (la empresa concesionaria de 17 autopistas, entre ellas la A-6 que enlaza Badajoz y Lisboa), y la empresa de cobro de deudas Gesphone. Este método de comunicación lo ha criticado Automovilistas Europeos Asociados, que no lo considera válido legalmente.
Desde el despacho de abogados que coordina la estrategia explican que la misiva no es para cobrar una multa sino una deuda. Se trata por tanto de una primera comunicación para informar del importe –detallándolo con el día, hora y tramo de cada peaje impagado– con el fin de resolver estos impagos de manera amistosa.
Al que no atienda este requerimiento, prosigue Hernández, le llegarán varias cartas más desde su despacho de abogados. El siguiente paso sería el juzgado. Las primeras demandas se pusieron en septiembre, por lo que de admitirse empezarán a llegar citaciones judiciales en breve. Esta fase solo se ha iniciado de momento en Galicia. Las demandas se pondrán en los juzgados españoles pues el deudor vive en España, aclara el letrado onubense.
«Nosotros no reclamamos multas, yo creo que de ahí viene la confusión de las asociaciones. Lo que reclamamos es una tasa de peaje que es una deuda, que es lo mismo que irse a El Cristo a comer marisco e irse sin pagar. Entonces el dueño puede ir al juzgado de Badajoz y acreditar que tal señor comió esto tal día».
A los afectados les sobrevienen muchas más dudas. Sobre la posibilidad de que el gobierno portugués embargue el importe adeudado a los conductores españoles sin fallo judicial, Hernández dice que esto no ocurrirá porque no existe competencia para ello. También niega cualquier convenio en esta materia con el Estado español.
El otro temor es si la Guardia Nacional Republicana (GNR, el equivalente a la Guardia Civil) puede dar el alto y hacer pagar a un español todo el importe adeudado. A este abogado no le consta que esté sucediendo, pero indica que Brisa ha facilitado a la GNR esta lista de morosos, y asevera que los agentes lusos tienen potestad para cobrar la deuda contraída con las empresas concesionarias portuguesas, y que de no pagar el titular de la matrícula se le podría inmovilizar el coche.
Lo que sí asegura es que en casos de empresas de transportes que son grandes deudoras, éstas sí están identificadas y en cualquier momento se puede poner en marcha una campaña para ir a por ellas.
En el despacho jurídico ONBK explican que esto no es una campaña del gobierno, sino que ha sido idea de una empresa de cobro de deudas, Gesphone, que ha planteado a las concesionarias de autopistas empezar a cobrar una deuda que habían intuido podría ser millonaria
En total se calcula que habría unas 300.000 matrículas afectadas, si bien solo se han enviado cartas a una tercera parte de sus titulares. «Se seguirán enviando por fases pues cada vez que hacen un envío masivo la centralita se colapsa», explica el abogado de ONBK.
Según Hernández, de las primeras 2.000 cartas enviadas, cuando tenían un encargo similar de la otra concesionaria, Ascendis, pagó aproximadamente el 40%. «Ahora (con Brisa) hay de todo, suelen pagar quienes deben cuantías más pequeñas, pero también hay gente que ha pagado entre mil y ocho mil euros de deuda (...). En realidad yo era escéptico al estar en un país latino. No pensé que la respuesta del español iba a ser tan cívica, es como si hubieran entendido que hay que pagar».
Sobre los recargos que ocasionaría no pagar Hernández opina que en este punto también se confunden las asociaciones, que han levantado una alarma falsa. «El único coste añadido al peaje que cargamos son los 25 euros de gastos administrativos, que tienen que ver con los gastos del correo, la identificación del conductor, el informe que se pide en tráfico, es decir, los gastos que se genera localizar a la persona y notificarla. Son gastos que la ley permite imputar al deudor, y que son 25 euros. A partir de ahí solo se pagaría de más en fase judicial si hubiera una condena con las costas y los intereses».
Hoy.es 09/11/2014
Al que no atienda este requerimiento, prosigue Hernández, le llegarán varias cartas más desde su despacho de abogados. El siguiente paso sería el juzgado. Las primeras demandas se pusieron en septiembre, por lo que de admitirse empezarán a llegar citaciones judiciales en breve. Esta fase solo se ha iniciado de momento en Galicia. Las demandas se pondrán en los juzgados españoles pues el deudor vive en España, aclara el letrado onubense.
«Nosotros no reclamamos multas, yo creo que de ahí viene la confusión de las asociaciones. Lo que reclamamos es una tasa de peaje que es una deuda, que es lo mismo que irse a El Cristo a comer marisco e irse sin pagar. Entonces el dueño puede ir al juzgado de Badajoz y acreditar que tal señor comió esto tal día».
A los afectados les sobrevienen muchas más dudas. Sobre la posibilidad de que el gobierno portugués embargue el importe adeudado a los conductores españoles sin fallo judicial, Hernández dice que esto no ocurrirá porque no existe competencia para ello. También niega cualquier convenio en esta materia con el Estado español.
El otro temor es si la Guardia Nacional Republicana (GNR, el equivalente a la Guardia Civil) puede dar el alto y hacer pagar a un español todo el importe adeudado. A este abogado no le consta que esté sucediendo, pero indica que Brisa ha facilitado a la GNR esta lista de morosos, y asevera que los agentes lusos tienen potestad para cobrar la deuda contraída con las empresas concesionarias portuguesas, y que de no pagar el titular de la matrícula se le podría inmovilizar el coche.
Lo que sí asegura es que en casos de empresas de transportes que son grandes deudoras, éstas sí están identificadas y en cualquier momento se puede poner en marcha una campaña para ir a por ellas.
En el despacho jurídico ONBK explican que esto no es una campaña del gobierno, sino que ha sido idea de una empresa de cobro de deudas, Gesphone, que ha planteado a las concesionarias de autopistas empezar a cobrar una deuda que habían intuido podría ser millonaria
En total se calcula que habría unas 300.000 matrículas afectadas, si bien solo se han enviado cartas a una tercera parte de sus titulares. «Se seguirán enviando por fases pues cada vez que hacen un envío masivo la centralita se colapsa», explica el abogado de ONBK.
Según Hernández, de las primeras 2.000 cartas enviadas, cuando tenían un encargo similar de la otra concesionaria, Ascendis, pagó aproximadamente el 40%. «Ahora (con Brisa) hay de todo, suelen pagar quienes deben cuantías más pequeñas, pero también hay gente que ha pagado entre mil y ocho mil euros de deuda (...). En realidad yo era escéptico al estar en un país latino. No pensé que la respuesta del español iba a ser tan cívica, es como si hubieran entendido que hay que pagar».
Sobre los recargos que ocasionaría no pagar Hernández opina que en este punto también se confunden las asociaciones, que han levantado una alarma falsa. «El único coste añadido al peaje que cargamos son los 25 euros de gastos administrativos, que tienen que ver con los gastos del correo, la identificación del conductor, el informe que se pide en tráfico, es decir, los gastos que se genera localizar a la persona y notificarla. Son gastos que la ley permite imputar al deudor, y que son 25 euros. A partir de ahí solo se pagaría de más en fase judicial si hubiera una condena con las costas y los intereses».
Hoy.es 09/11/2014
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