La Federación de Servicios para la Movilidad y el Consumo (SMC) de UGT ha pedido al Ministerio de Fomento que mantenga los puestos de trabajo de las autopistas de peaje con problemas financieros y que renegocie las cláusulas de los pliegos concesionales de estas autopistas.
El objetivo de esta medida es redefinir los beneficios de las entidades privadas por aplicación del concepto de plazo variable, señala el sindicato, que añade que esto supone diferir los beneficios concretos al plazo concesional.
El sindicato ha celebrado una reunión con el Ministerio de Fomento al efecto de trasladar al secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, su oposición a la propuesta que contempla el Ejecutivo para dar viabilidad a estas autopistas.
En este sentido, SMC-UGT ha manifestado su oposición a una propuesta que entienden que supone rescatar por la vía de la nacionalización a las empresas de autopistas de peaje en quiebra, socializando las pérdidas y hacer deudores al conjunto de la ciudadanía "de una negligente política de infraestructuras".
Con independencia de la fórmula que finalmente adopte el Ministerio de Fomento, añaden, el departamento que dirige Ana Pastor les ha trasladado la continuidad de la actividad y, por tanto, del empleo de los actuales trabajadores.
El Ejecutivo planteó a la banca y concesionarias de autopistas una quita a la deuda total, que asciende a 4.600 millones de euros (en su mayoría -4.000 millones- pasivo financiero y el resto deuda comercial) y la creación de un fondo de titulización que emita bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1 % (porcentaje que podría incrementarse hasta el 4,3 % en función de determinadas variables, entre ellas los tráficos de estas vías).
Desde los bancos reclamaban que estos bonos estén garantizados por el Estado o que se mejore la rentabilidad fija que devengarán estos bonos para que lo que se reciba no esté por debajo de lo que se paga ahora por el bono español a 30 años: 4,162 %.
El sector constructor y concesional pide que los bonos a 30 años que en un principio serían emitidos por la sociedad pública que aglutinaría a estas carreteras puedan ser comprados por terceros, fundamentalmente bancos, sin una penalización del 10 %.
Unas propuestas que evalúa el Ministerio de Fomento sin visos de una nueva reunión antes de las Elecciones Europeas.
El objetivo de esta medida es redefinir los beneficios de las entidades privadas por aplicación del concepto de plazo variable, señala el sindicato, que añade que esto supone diferir los beneficios concretos al plazo concesional.
El sindicato ha celebrado una reunión con el Ministerio de Fomento al efecto de trasladar al secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, su oposición a la propuesta que contempla el Ejecutivo para dar viabilidad a estas autopistas.
En este sentido, SMC-UGT ha manifestado su oposición a una propuesta que entienden que supone rescatar por la vía de la nacionalización a las empresas de autopistas de peaje en quiebra, socializando las pérdidas y hacer deudores al conjunto de la ciudadanía "de una negligente política de infraestructuras".
Con independencia de la fórmula que finalmente adopte el Ministerio de Fomento, añaden, el departamento que dirige Ana Pastor les ha trasladado la continuidad de la actividad y, por tanto, del empleo de los actuales trabajadores.
El Ejecutivo planteó a la banca y concesionarias de autopistas una quita a la deuda total, que asciende a 4.600 millones de euros (en su mayoría -4.000 millones- pasivo financiero y el resto deuda comercial) y la creación de un fondo de titulización que emita bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1 % (porcentaje que podría incrementarse hasta el 4,3 % en función de determinadas variables, entre ellas los tráficos de estas vías).
Desde los bancos reclamaban que estos bonos estén garantizados por el Estado o que se mejore la rentabilidad fija que devengarán estos bonos para que lo que se reciba no esté por debajo de lo que se paga ahora por el bono español a 30 años: 4,162 %.
El sector constructor y concesional pide que los bonos a 30 años que en un principio serían emitidos por la sociedad pública que aglutinaría a estas carreteras puedan ser comprados por terceros, fundamentalmente bancos, sin una penalización del 10 %.
Unas propuestas que evalúa el Ministerio de Fomento sin visos de una nueva reunión antes de las Elecciones Europeas.
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