Las sociedades concesionarias que gestionan la explotación de la autopista de peaje AP-36 que une Ocaña (Toledo) y La Roda (Albacete) tienen previsto presentar próximamente ante el juzgado de lo mercantil el convenio de acreedores a fin de dar continuidad a la compañía y evitar su liquidación.
Según han indicado hoy a EFE fuentes cercanas a las negociaciones, está previsto que los acreedores voten en asamblea el próximo 18 de julio dicho convenio, que deberá contar con el visto bueno de la administración concursal y del juez encargado de tramitar el concurso.
A mediados de octubre del 2012, Autopista Madrid Levante Concesionaria Española e Inversora de Autopistas de Levante, las sociedades concesionarias de la autopista, solicitaron el concurso voluntario de acreedores presionadas por una deuda de 522 millones.
Las concesionarias, participadas por Ferrovial (55 %), Sacyr (40 %) y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián (5 %), adoptaron esta decisión ante la "inminente" imposibilidad de atender diversos compromisos de pago con las entidades financieras acreedoras.
Tanto Ferrovial como Sacyr anunciaron que tenían provisionada la inversión relativa a este proyecto por lo que no esperaban impacto significativo alguno en sus cuentas.
La compañía controlada por Rafael del Pino, Ferrovial, indicó entonces que la autopista se había visto directamente afectada por factores ajenos a la misma, como la reducción "sustancial" del tráfico previsto, la crisis económica o el aumento de capacidad en vías alternativas libres de peaje.
Asimismo, señaló que en esta decisión había sido relevante que las medidas de apoyo a la concesión legalmente previstas "no hayan sido efectivamente implementadas por el órgano de contratación" aunque ya mostraban su confianza en que se pudiese alcanzar una solución.
En los cuatro primeros meses del año, el tráfico en la AP-36 entre Ocaña-La Roda creció el 5,5 %.
Para hacer frente a la insolvencia de muchas de estas carreteras de peaje, el Ejecutivo planteó a la banca y concesionarias una quita a la deuda total, que asciende a 4.600 millones de euros (en su mayoría -4.000 millones- pasivo financiero y el resto deuda comercial).
También la creación de un fondo de titulización que emita bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1 % (porcentaje que podría incrementarse hasta el 4,3 % en función de determinadas variables, entre ellas los tráficos de estas vías).
Desde los bancos reclamaban que estos bonos estén garantizados por el Estado o que se mejore la rentabilidad fija que devengarán estos bonos para que lo que se reciba no esté por debajo de lo que se paga ahora por el bono español a 30 años: 4,162 %.
El sector constructor y concesional pide que los bonos a 30 años que en un principio serían emitidos por la sociedad pública que aglutinaría a estas carreteras puedan ser comprados por terceros, fundamentalmente bancos, sin una penalización del 10 %.
Unas propuestas que evalúa el Ministerio de Fomento sin visos de una nueva reunión antes de las Elecciones Europeas.
La Información.com 20/05/2014
Según han indicado hoy a EFE fuentes cercanas a las negociaciones, está previsto que los acreedores voten en asamblea el próximo 18 de julio dicho convenio, que deberá contar con el visto bueno de la administración concursal y del juez encargado de tramitar el concurso.
A mediados de octubre del 2012, Autopista Madrid Levante Concesionaria Española e Inversora de Autopistas de Levante, las sociedades concesionarias de la autopista, solicitaron el concurso voluntario de acreedores presionadas por una deuda de 522 millones.
Las concesionarias, participadas por Ferrovial (55 %), Sacyr (40 %) y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián (5 %), adoptaron esta decisión ante la "inminente" imposibilidad de atender diversos compromisos de pago con las entidades financieras acreedoras.
Tanto Ferrovial como Sacyr anunciaron que tenían provisionada la inversión relativa a este proyecto por lo que no esperaban impacto significativo alguno en sus cuentas.
La compañía controlada por Rafael del Pino, Ferrovial, indicó entonces que la autopista se había visto directamente afectada por factores ajenos a la misma, como la reducción "sustancial" del tráfico previsto, la crisis económica o el aumento de capacidad en vías alternativas libres de peaje.
Asimismo, señaló que en esta decisión había sido relevante que las medidas de apoyo a la concesión legalmente previstas "no hayan sido efectivamente implementadas por el órgano de contratación" aunque ya mostraban su confianza en que se pudiese alcanzar una solución.
En los cuatro primeros meses del año, el tráfico en la AP-36 entre Ocaña-La Roda creció el 5,5 %.
Para hacer frente a la insolvencia de muchas de estas carreteras de peaje, el Ejecutivo planteó a la banca y concesionarias una quita a la deuda total, que asciende a 4.600 millones de euros (en su mayoría -4.000 millones- pasivo financiero y el resto deuda comercial).
También la creación de un fondo de titulización que emita bonos a 30 años con una rentabilidad mínima del 1 % (porcentaje que podría incrementarse hasta el 4,3 % en función de determinadas variables, entre ellas los tráficos de estas vías).
Desde los bancos reclamaban que estos bonos estén garantizados por el Estado o que se mejore la rentabilidad fija que devengarán estos bonos para que lo que se reciba no esté por debajo de lo que se paga ahora por el bono español a 30 años: 4,162 %.
El sector constructor y concesional pide que los bonos a 30 años que en un principio serían emitidos por la sociedad pública que aglutinaría a estas carreteras puedan ser comprados por terceros, fundamentalmente bancos, sin una penalización del 10 %.
Unas propuestas que evalúa el Ministerio de Fomento sin visos de una nueva reunión antes de las Elecciones Europeas.
La Información.com 20/05/2014
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