Tres autopistas de la generación de la AP-9 gallega y que entraron en funcionamiento igualmente en los años setenta pasarán a ser gratuitas antes de que concluya la presente década, mientras que al vial de pago que recorre Galicia de norte a sur le quedarán otros 28 años más de peaje.
El Ministerio de Fomento asegura que no tiene voluntad alguna de renegociar una ampliación en el período de concesión de ninguna de las tres autopistas cuya explotación privada vence entre el 2018 y el 2019. El Gobierno añade que quedará en manos del próximo ejecutivo poder plantear o no mejoras en el trazado y mantenimiento de esas concesiones a cambio de prolongar los peajes, pero tanto en Burgos como en Andalucía, Cataluña y Valencia, donde se ubican los tres viales, es unánime entre todos los partidos e instituciones el rechazo a alargar el peaje tras 40 años de cobro.
La primera de la que desaparecerán las cabinas de cobro será la AP-1, que une Burgos y Armiñón (Álava). Entró en funcionamiento en 1979, al igual que la autopista del Atlántico, e incluso contó con cuatro extensiones de la concesión, una más que lo que registró la AP-9. La comisión de Fomento del Congreso votó por unanimidad hace unos días un acuerdo de todos los partidos para rechazar que se prolongue la concesión e incluso que se estudie adelantar su conclusión para liberar de tráfico la nacional I.
El mismo escenario traza Fomento para la AP-7, la autopista que recorre el Mediterráneo desde Tarragona hasta Alicante. Abierta en 1978, se cobrará el último peaje a las doce de la noche del 31 de diciembre del 2019, tras tres prórrogas a lo largo de su historia.
Y finalmente, la AP-4 Sevilla-Cádiz, que es la segunda más antigua de las autopistas que cuentan con peaje (tras la catalana C-32), también dejará de contar con peaje al acabar el 2019. Como en el caso de Galicia, el período de concesión se modificó en tres ocasiones, rectificando el final de la concesión prevista para 1993. Al igual que en la autopista castellana, diversos colectivos plantean rescatar ya la concesión y hacer gratis el vial, decisión que tendría un coste de 250 millones de euros.
La autopista del Atlántico es uno de los viales de pago más rentables de cuantos componen la red de viales de alta capacidad del Estado. Esa rentabilidad no ha incidido ni lo más mínimo en acortar el período de vigencia del peaje, más bien todo lo contrario. El levantamiento de las barreras previsto inicialmente para abril del 2012, fue prorrogado por la UCD en 1978 hasta finales del 2013; el PSOE extendió en 1994 la concesión hasta el 2023, y el PP hizo lo propio en el 2000 hasta el 2048, todo ello en medio de cambio de manos de la empresa titular, lo que ha acabado por impedir una más rápida amortización del vial.
Con dichas ampliaciones en la vigencia del cobro, la AP-9 se convirtió en una de las tres únicas autopistas de España en las que el período de concesión llega a los 75 años. Además de la principal autopista gallega, también la A-53 Santiago-Alto de Santo Domingo está sometida igualmente al régimen de pago durante tres cuartos de siglo, que vencen en el 2074. Y solo otro vial, que también afecta a las comunicaciones de Galicia, la A-66 (León-Campomanes) cuenta con un plazo de explotación tan prolongado.
A partir de ahí las concesiones bajan a 68 años en el caso de la A-6 Villalba-Adanero, a 65 años en el de la maltrecha económicamente Radial 4 de Madrid, y a 56 en la de Tudela-Irurzun, siendo lo más habitual los períodos de 50 años.
Los polémicos peajes que Portugal implantó en el 2010 siguen coleando en la vida política del país vecino cinco años después, y han vuelto a convertirse en uno de los temas recurrentes una vez más de la campaña electoral de unos comicios legislativos como los que se celebran en Portugal en octubre. Tanto la coalición del Gobierno formada por los conservadores del PSD y CDS, como el PS, principal partido de la oposición se han lanzado a proclamar su intención de rebajar el precio de los peajes automáticos en las zonas menos desarrolladas del país, que identifican con el interior de Portugal. El socialista Antonio Costa, exalcalde de Lisboa y líder ahora de los socialistas ha expresado su predisposición a aceptar una medida semejante, pero ha añadido su intención de abaratar también las tarifas de la autovía que desemboca desde Andalucía en el Algarve, por motivos de interés turístico.
El Gobierno de Pedro Passos Coelho ha eludido concretar cómo se llevaría a cabo dicha rebaja, para que no le acusasen de electoralismo, pero ya adelantó que ese descuento sería aplicado tanto a los vehículos ligeros como a los transportes pesados.
Pese a que los peajes de las llamadas scuts forman parte de la dialéctica casi diaria en la campaña electoral, ninguno de los partidos mayoritarios refleja en sus programas compromiso alguno sobre la minoración de sus precios o eliminación, como reclaman insistentemente numerosos colectivos lusos, así como al otro lado de la frontera los empresarios de Huelva principalmente. Partidos del ala izquierda, como los comunistas del PCP o el Bloco, consideran que los anuncios de rebaja solo constituyen anuncios electoralistas sin base real.
Pese a no comprometerse por escrito, el Gobierno de coalición que encabeza Passos dejó en el aire en la recta final de su mandato la implantación de un nuevo sistema de cobro, que en lugar de aplicarse en tramos concretos de las siete autovías del país, pase a tarificar todos y cada uno de los kilómetros recorridos, aunque con distintos precios en función del horario de utilización y del día.
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