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Ha pasado de ser la portavoz del PNV en la Comisión de Infraestructuras Viarias de las Juntas Generales a ostentar el cargo de diputada. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?
-Con toda la ilusión y con mucha responsabilidad. Las cosas se ven de distinta manera estando como portavoz de la oposición o como diputada, pero el haber estado en las Juntas Generales con anterioridad y haber trabajado los temas me da un cierto bagaje para afrontar los retos que tenemos entre manos.
Ya ha comentado que una de las prioridades es concluir las obras de Deskarga. ¿Qué plazos maneja?
-Al saber que se paralizaban las obras ya dijimos que eso suponía que los trabajos se iban a alargar mucho en el tiempo y que iban a tener un sobrecoste importante. En la Administración los plazos hay que respetarlos a rajatabla, hay que cumplir con todos los requisitos de un concurso, con la publicidad, con la licitación y adjudicación tal y como marca la ley... Tenemos que redactar un nuevo proyecto. Ya está adjudicado y se va a comenzar a redactar, pero eso conlleva seis meses de trabajo. Después hay un tiempo de exposición al público, el proceso de adjudicación... Prácticamente necesitaríamos otros tres meses, lo que nos lleva a después del verano.
Dicen fuentes de la construcción que allí puede quedar todavía un año de trabajo. ¿Habrá que esperar tanto para completar este eje?
-Los plazos más aproximados los tendremos cuando esté redactado el proyecto. Esto nos dirá de qué costes estamos hablando y también qué tiempo de ejecución vamos a necesitar. Podría ser a finales de 2018. Cuanto antes mejor, pero queremos hacer las cosas bien.
Si el plazo de ejecución es una incógnita, también lo es el precio final del proyecto. Se habla de que podría costar en torno a 70 millones de euros, cuando el proyecto inicial era de 48.
-Hasta la redacción del proyecto no lo sabremos, pero será bastante más alto que los 48 millones iniciales previstos, aunque no me atrevo a dar una cifra exacta, porque hay que valorar todos los elementos. Tenemos que tener en cuenta que ha habido muchas afecciones por la parte ejecutada de la obra, laderas inestables, desmontes realizados... La situación de la obra ahora mismo es que hay que volver a valorarla. Por eso, en la redacción del nuevo proyecto vamos a intentar contar con más garantías, sobre todo geotécnicas. Es un reto prioritario y estratégico para el Gobierno foral actual.
Antes del cambio de Gobierno vaticinaban que el “marrón” que había en Deskarga podía ser terrible. ¿Se han encontrado una situación tan fea como se esperaban?
-La situación es complicada porque ha habido muchos problemas derivados del tipo de orografía que tenemos, pero también por la mala gestión de la obra. Tenemos un panorama complicado.
¿Ha habido algún elemento que les haya llamado la atención?
-Por ejemplo, esta ladera inestable sobre la que estamos trabajando, ha estado un año sin ninguna actuación. En la oposición denunciábamos que aquello era un peligro absoluto para los usuarios de la carretera que está justo al lado (entre Bergara y Antzuola) y tenía muy mala pinta. Desde el minuto uno, hemos puesto en marcha la licitación de esa obra y, de hecho, en julio empezamos a trabajar en ella.
También ha anunciado su intención de implantar un peaje en Etzegarate para 2017. ¿A qué obedece este planteamiento?
-No es una decisión de ahora. Hace dos legislaturas se creó una ponencia, y hubo unas conclusiones en las que ahora nos basamos. Teníamos claro que había que poner un peaje en la N-I y los estudios decían que el lugar más adecuado para implantar ese sistema de cobro era Etzegarate.
Habla de un sistema de lectura de matrículas, pero no ha definido cómo se llevará a cabo. ¿Se puede adelantar algo a este respecto?
-Seguimos pensando que tiene que ser un sistema de lectura de matrículas en Irun y Etzegarate, pero hay que afinar y estudiar muy bien los sistemas que hay. Para finales de año intentaremos tomar una decisión para que la implantación sea lo más rápida posible.
¿Existe algún estudio sobre el impacto económico que tendría este peaje en las arcas guipuzcoanas?
-Últimamente no hemos hecho ningún estudio, se hicieron hace algunos años. Es verdad que los tráficos han ido cambiando. Con la crisis empezaron a bajar y ahora estamos con importantes subidas. Ahora mismo no tenemos un impacto exacto, pero estamos haciendo un informe al respecto.
El anuncio de esta decisión ha despertado las primeras críticas. Los transportistas del territorio se oponen a un nuevo peaje.
-Ya sé que estarán siempre contra el peaje, pero estamos buscando la vía para que el impacto sobre los transportistas guipuzcoanos sea el menor posible. No sé si lo conseguiremos, pero desde luego lo intentaremos y así se lo hemos trasladado a los transportistas. Ellos saben que implantar el sistema de cobro era un proyecto prioritario para nosotros, nosotros conocemos su opinión contraria. No queremos plantearlo desde el enfrentamiento y la confrontación, sino desde la colaboración porque pensamos que son un agente importante en la economía del territorio.
¿Puede ser la fiscalidad una herramienta para compensar los efectos negativos que les supondría?
-Es uno de los elementos que estamos estudiando. Sabemos que en Alemania ha habido una decisión judicial contraria en ese sentido y nos lo pone difícil. Vamos a encargar un estudio jurídico que nos dé todas las garantías para esta implantación y para posibilitar alguna salida para los transportistas.
También Navarra ha encendido las alarmas ante este nuevo peaje. Su presidenta, Uxue Barkos, pedía que la decisión no se tome de forma unilateral.
-Intentaremos llegar a acuerdos, pero sí que tengo que decir que la decisión de implantar el peaje está tomada. A Navarra tengo que decirle que sí va a haber un diálogo, ya nos hemos puesto en contacto con ellos, pero tenemos que tener en cuenta que en el tramo guipuzcoano de la A-15 no se cobra ningún peaje y en Navarra sí.
Le acusan de que este peaje viene a salvar la situación financiera de Bidegi. ¿Qué opina al respecto?
-Este peaje no tiene que ver con la situación financiera de nada. Este peaje será un ingreso importante para liberar, de alguna manera, el presupuesto de la Diputación para la conservación de las carreteras. No tiene nada que ver con Bidegi.
¿Cuál es la situación financiera real de Bidegi?
-Bidegi tiene muy buena salud económica y no necesita de ningún ingreso de la Diputación ni de este peaje para hacer frente a sus pagos y a sus créditos. Lo demostraremos pronto en las Juntas Generales.
¿A qué achacan esta contraposición de visiones que ha existido en torno a Bidegi?
-Ha sido un relato político falso y malintencionado. Bidegi nunca jamás ha tenido problemas para hacer frente a sus pagos. De hecho, el equipo financiero de Bidegi de hace dos años y el actual es el mismo. No es que de repente Bidegi no tenga problemas, es que nunca los ha tenido. Todo esto ha sido fruto de un relato político malintencionado y creo que sin precedentes en Gipuzkoa.
¿En qué situación se encuentra el proceso judicial abierto por los presuntos pagos irregulares de la AP-1?
-Nosotros vamos a respetar completamente el proceso en los tribunales, colaboraremos con la justicia en todo lo que nos solicite. El anterior Gobierno foral tomó la decisión de externalizar la defensa jurídica de la Diputación, se contrataron unos abogados que pensamos que eran muy de parte del anterior Gobierno foral, muy de parte de la izquierda abertzale, y lo que hemos dicho siempre es: ¿Por qué no va a llevar el régimen jurídico de la Diputación su defensa? Lo que hemos hecho ha sido rescindir estos contratos y pasar la defensa jurídica de la Diputación a los servicios jurídicos de la propia Diputación.
El portavoz foral, Imanol Lasa, comentó en julio que estaban estudiando toda la información relativa a este caso.
-El Consejo de Diputados acordó hacer un informe técnico objetivo sobre las querellas que se han presentado. Se decidió que el Departamento de Infraestructuras Viarias iba a hacer un informe técnico y en ello están los técnicos. Si lo solicita el juez, se lo presentaremos.
La oposición exige la creación de una comisión de investigación sobre la totalidad de esta carretera. ¿Qué opinión le merece?
-Yo no tengo que dar el visto bueno o no a ninguna comisión. Desde la Diputación no tenemos nada que decir a esto. Respetaremos el proceso judicial y colaboraremos en todo aquello que nos solicite el juez.
Retomando el asunto de las inversiones, ¿la Diputación va a aportar partidas para eliminar del todo el acceso de Carlos I a la variante de Donostia o apuesta por dejarlo tal y como está?
-Carlos I no era un proyecto nuestro. Nosotros teníamos otro. Pero el Gobierno anterior acometió un proyecto que nos ha tocado terminar a nosotros y tenemos que tener en cuenta que es un dinero público y tenemos que darle una oportunidad a la obra que se ha hecho. Hay que ver cómo se comportan los tráficos, cómo responden los vecinos de Amara. Se acaba de abrir esa nueva bulevarización. De momento se ha terminado, puede haber mejoras, pero es importante que haya un diálogo con los vecinos de Amara y que se garantice la seguridad vial. Estamos trabajando este tema con el Ayuntamiento de Donostia.
¿Contemplan actuar en la rotonda de Martutene para evitar los atascos que se producen a determinadas horas?
-Se está redactando el proyecto. Es verdad que en horas punta hay mucha acumulación de tráfico. Estamos vigilantes con ese tema. Ahora mismo no hay un gran problema, pero hay que estar encima para ver si el problema se mantiene solamente en horas punta o va a más.
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