Tanto Hacienda como Bruselas han dado el visto bueno hoy, 12 de septiembre de 2014. España tiene vía libre para rescatar sus autopistas quebradas. La fórmula elegida es la nacionalización de las pérdidas en lo que ha dado en llamarse la Sareb de las autopistas, a imagen y semejanza del banco malo creado para aglutinar activos tóxicos de las entidades financieras.
Esta empresa apestada se hará cargo de la gestión de las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas), la AP-41 (Madrid - Toledo), la AP-36 (Ocaña - La Roda) y la AP-7 (Circunvalación de Alicante y tramo Cartagena - Vera). Del cómputo estimado en primavera han saltado dos vías: la AP-71 entre León y Astorga, y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Cartagena.
En total, hablamos de 682 kilómetros de carreteras que no se llegaron a amortizar por unas previsiones de utilización que no se llegaron a cumplir. De hecho, su uso se quedó en un 16 % sobre los planes iniciales. Pero no hay problema, ya que como explicamos en su día las pérdidas siempre se podían repartir entre unos cuantos. Entre 47 millones de ciudadanos —o los que de verdad nos encontremos ahora mismo pagando impuestos—, para ser algo más precisos.
Hablando de imprecisiones... tal y como vimos en su día, ni siquiera estaban claros los números de la deuda: entre 3.700 y 4.600 millones de euros de los 6.000 millones calculados inicialmente. De ellos afirma el Gobierno que la banca (principalmente Bankia, 435 millones; Banco Sabadell, 345 millones; Santander, 295 millones; CaixaBank, 270 millones; ICO, 260 millones) ha aceptado realizar una quita de deuda sustancial. Ya hace tiempo que Fomento y Hacienda advirtieron que no estaba la caja como para ir con exigencias, de modo que impusieron unas ciertas condiciones.
Condiciones para la salvación de las autopistas
A propuesta del Gobierno, se deberán cumplir tres condiciones, o medidas:
- Valoración de la deuda. Las empresas deben tomar el 20 % del capital de la Sareb de las autopistas, cuyo valor se ha fijado en sólo 608 millones de euros. En abril se produjo un regateo entre el Gobierno y las concesionarias por la deuda; Fomento elevaba la estimación de la deuda de 350 a 480 millones mientras las concesionarias ponían el grito en el cielo exigiendo 1.200 millones. Comoquiera que ha pasado el tiempo y las autopistas siguen a la deriva, hoy por hoy no hay quien garantice ni los 1.200 ni los 608 millones.
- Una quita de deuda del 50 %. También hay condiciones para las entidades bancarias, que deben ejecutar una quita del 50 % sobre esos 3.700 a 4.600 millones que suscribieron las concesionarias en créditos, más otros 253 millones que Fomento reconoce como pendientes de pago con las concesionarias. Las concesionarias, por su parte, pidieron en abril poder tener derecho de pernada preferente de tanteo en la reprivatización prevista para un futuro, cuando las cuentas públicas hayan devuelto su esplendor a las autopistas quebradas.
- Financiación de estas partidas. Como estas cifras no salen de la nada, la tercera medida contempla la financiación, con un bono a 30 años que emitirá la nueva empresa, cuya rentabilidad deberá ser superior al 1 %. En abril la banca quiso conseguir que este bono fuera negociable y que se pudiera utilizar como aval para contraer más deuda, y que su rentabilidad pudiera ser de un 4 %, por aquello de que la banca siempre gana.
Motor Pasión.com 12/09/2014
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