Nace la Asociación de Usuarios de la AP-9 final del trayecto, con el objetivo de reclamar ante el Tribunal Supremo la nulidad de la prórroga de la concesión de esta autopista hasta 2048. Ante la Audiencia Nacional también exigirá la devolución de peajes.
Este colectivo, que sigue captando socios, considera "nulas de pleno derecho" las ampliaciones de que ha sido objeto la concesión de la Autopista del Atlántico. En el año 2000 el Gobierno de José María Aznar acordó 25 años más, hasta el máximo legal, a cambio de que la concesionaria completara trazados pendientes.
En 2003, con la concesión ya prorrogada, el Ejecutivo central decidió privatizar la autopista. La concesión expiraba en 2023, después de una prórroga previa del Gobierno de Felipe González, que en la década de los ochenta amplió el contrato que finalizaba el año pasado.
El letrado Agustín Gándara explica que la nueva asociación interpondrá "una acción de nulidad" porque "no hubo libre concurso para la nueva concesión". "La prórroga de la concesión había que sacarla a concurso, y no se hizo", defiende el responsable del bufete que en nombre de Usuarios de la AP-9 presentará las correspondientes demandas.
Gándara confía que la Justicia les dé la razón, pues hay sentencias del Tribunal de Luxemburgo que sientan precedente. Recuerda la sentencia que declaró ilegal el régimen de concesión pública y monopolística otorgado por la Xunta a Naviera Mar de Ons en 1997 y por veinte años para transportar viajeros de un lado a otro de la ría de Vigo. El Tribunal de la Unión Europea había declarado ilegal el contrato por considerar que la normativa autonómica había sido redactada de forma específica para el adjudicatario, violando la libre concurrencia, y que la propia declaración de servicio público, emitida en 1999, era "inaplicable".
La Asociación de Usuarios de la AP-9 final del trayecto ya tiene fecha para abrir el proceso judicial contra el Gobierno español. El dos de enero presentará la reclamación previa ante el Ministerio de Fomento, requisito previo para luego poder acudir al Supremo.
Al mismo tiempo en la Audiencia Nacional reclamará la devolución de peajes desde 2007. El conductor, bien particular o empresario, que desee sumarse al proceso debe hacerse socio del nuevo colectivo y reunir las facturas correspondientes para reclamar los importes abonados a la concesionaria de la AP-9. Será más fácil justificar el pago a quien acostumbre a abonar las tarifas con tarjeta de crédito o tenga el dispositivo para el pago automático de peajes.
Agustín Gándara calcula que podrían reclamarse a Audasa hasta 50 millones de los 150 millones anuales que factura anualmente la Autopista del Atlántico vía peajes.
Si la Justicia da la razón a la asociación, los propietarios del vial podrían ser indemnizados con unos 200 millones de euros, 50 millones de beneficios por cada año de concesión.
La Opinión A Coruña.es 22/09/2014
Este colectivo, que sigue captando socios, considera "nulas de pleno derecho" las ampliaciones de que ha sido objeto la concesión de la Autopista del Atlántico. En el año 2000 el Gobierno de José María Aznar acordó 25 años más, hasta el máximo legal, a cambio de que la concesionaria completara trazados pendientes.
En 2003, con la concesión ya prorrogada, el Ejecutivo central decidió privatizar la autopista. La concesión expiraba en 2023, después de una prórroga previa del Gobierno de Felipe González, que en la década de los ochenta amplió el contrato que finalizaba el año pasado.
El letrado Agustín Gándara explica que la nueva asociación interpondrá "una acción de nulidad" porque "no hubo libre concurso para la nueva concesión". "La prórroga de la concesión había que sacarla a concurso, y no se hizo", defiende el responsable del bufete que en nombre de Usuarios de la AP-9 presentará las correspondientes demandas.
Gándara confía que la Justicia les dé la razón, pues hay sentencias del Tribunal de Luxemburgo que sientan precedente. Recuerda la sentencia que declaró ilegal el régimen de concesión pública y monopolística otorgado por la Xunta a Naviera Mar de Ons en 1997 y por veinte años para transportar viajeros de un lado a otro de la ría de Vigo. El Tribunal de la Unión Europea había declarado ilegal el contrato por considerar que la normativa autonómica había sido redactada de forma específica para el adjudicatario, violando la libre concurrencia, y que la propia declaración de servicio público, emitida en 1999, era "inaplicable".
La Asociación de Usuarios de la AP-9 final del trayecto ya tiene fecha para abrir el proceso judicial contra el Gobierno español. El dos de enero presentará la reclamación previa ante el Ministerio de Fomento, requisito previo para luego poder acudir al Supremo.
Al mismo tiempo en la Audiencia Nacional reclamará la devolución de peajes desde 2007. El conductor, bien particular o empresario, que desee sumarse al proceso debe hacerse socio del nuevo colectivo y reunir las facturas correspondientes para reclamar los importes abonados a la concesionaria de la AP-9. Será más fácil justificar el pago a quien acostumbre a abonar las tarifas con tarjeta de crédito o tenga el dispositivo para el pago automático de peajes.
Agustín Gándara calcula que podrían reclamarse a Audasa hasta 50 millones de los 150 millones anuales que factura anualmente la Autopista del Atlántico vía peajes.
Si la Justicia da la razón a la asociación, los propietarios del vial podrían ser indemnizados con unos 200 millones de euros, 50 millones de beneficios por cada año de concesión.
La Opinión A Coruña.es 22/09/2014
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