Tras un ejercicio complicado, la ministra de Fomento, Ana Pastor, deberá afrontar una recta final del año a ritmo frenético. Sobre su mesa aún están pendientes asuntos trascendentales, algunos de los cuales deberían haber estado ya resueltos pero que, sin embargo, se han enquistado por luchas internas en el Gobierno de Mariano Rajoy, entre otras cuestiones. Entre los más urgentes, dar carpetazo definitivo al rescate de las concesionarias de autopistas en quiebra, poner en marcha la entrada de un operador privado en el transporte de viajeros por ferrocarril y culminar la privatización de AENA.
Desde enero, el peliagudo tema del rescate de las concesionarias de autopistas en situación de quiebra o con graves problemas financieros ha estado cerca de resolverse en dos oportunidades. Sin embargo, los acelerones del Ejecutivo para tratar de cerrar las negociaciones a tres bandas con los accionistas de las empresas (principalmente, los grandes grupos constructores y de infraestructuras) y la banca acreedora sólo han tenido como fruto una cadena de reuniones sin que se haya llegado a una solución definitiva.
El Ministerio de Fomento puso las bases de un acuerdo consistente en una quita de un 50% en la deuda total de las concesionarias, que supera los 4.000 millones de euros, y la asunción por el Ejecutivo del otro 50% a través de la emisión de un bono a 30 años.
Poco antes de la primavera, cuando al Gobierno le entró la prisa por primera vez para solucionar el asunto, la banca y los accionistas recibieron la propuesta con una cierta resignación aunque no dejaron de realizar sus alegaciones que se basaban, entre otros puntos, en el interés del bono(que el Gobierno quería situarlo en el 1% con la posibilidad de incrementarse hasta el 4% en función de la evolución de los tráficos y la banca pretendía que se aproximara más a ese 4% de salida).
Sin embargo, el mismo Gobierno que puso la directa hacia la solución, echó el freno a las reuniones y el rescate volvió a quedar en el limbo. Lapelea entre Fomento y Hacienda atascó una situación que pareció por momentos resuelta.
No fue hasta dos semanas antes de finalizar julio cuando el Ejecutivo volvió a la carga, en este caso con la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, al frente de la situación.
Volvieron a sucederse las reuniones, algunas con carácter de urgencia, para dejarlo todo cerrado antes del verano. Pero las posturas estaban aún demasiado alejadas y el propio Gobierno suspendió el encuentro teóricamente definitivo, a celebrarse el último jueves de julio.
Además de la pelea interna con Hacienda, Fomento deberá resolver también la cuestión de la Comisión Europea, muy pendiente del proceso ante la posibilidad de que se trate de un caso de ayudas ilegales de Estado.
En numerosas ocasiones, el comisario de Competencia, Joaquín Almunia, se ha mostrado crítico con el proceso y también con la forma de proceder del Ejecutivo, al que ha acusado de tener informado a Bruselas de los pasos que estaba dando.
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