viernes, 26 de septiembre de 2014

El Gobierno y la gran banca impondrán a los extranjeros su pacto en los peajes en quiebra


Era uno de los puntos más espinosos de las negociaciones que está manteniendo la banca con el Gobierno para crear el denominado banco malo de autopistas, sociedad en la que se incluirán todas las autopistas quebradas del país y cuya solución se ha convertido en una cuestión de Estado.

Consciente de ello, la gran banca nacional mantiene una fluida relación con el Ejecutivo, con quien está consiguiendo acercar posturas para intentar llegar a una solución en breve. Esta sintonía, en cambio, no existe con la banca extranjera, que, como ha ocurrido en tantas quiebras a lo largo de esta crisis financiera, se está mostrando inflexible en las conversaciones.

Aunque el Gobierno intentó salvar el escollo pidiendo a las entidades nacionales que adquirieran a las extranjeras su parte del pasivo, esta vía se ha resquebrajado y la banca española, que en toda la negociación está funcionando como un bloque compacto, ha optado por acogerse a la nueva normativa de homologación de deudas.

Este sistema ya se ha puesto sobre la mesa en otras refinanciaciones que la banca extranjera intentó bloquear negándose al acuerdo, como la lograda por FCC, y se ha mostrado como un potente revulsivo para que desde los despachos de Londres o Nueva York se termine cerrando filas con Madrid.
 

En esta ocasión puede ocurrir lo mismo. Según fuentes conocedoras de las conversaciones, las grandes entidades españolas han puesto sobre la mesa la opción de acogerse a esta normativa para forzar a los rebeldes foráneos a desbloquear un asunto que todas las partes –entidades, constructoras y Gobierno– cada vez tienen más ganas de cerrar.

El pasivo en manos de la banca extranjera asciende a 646 millones de euros, repartido entre entidades como RBS, ING, Barclays, BES, BNP Paribas y Lloyds. El total del agujero de estas concesiones asciende a 4.600 millones de euros, de los que 3.900 millones son deudas con la banca, y se da por hecha una quita del 50% además de la emisión de un bono a 30 años que no computará en déficit.

La nueva normativa, aprobada este mismo año, sobre sistema de homologación de deuda contempla que en "acuerdos de refinanciación homologados judicialmente podrán extender sus efectos a los acreedores disidentes cuando concurran las mayorías establecidas en cada caso".

La mayoría exigida para homologar judicialmente un acuerdo se sitúa en el 51% de todos los pasivos financieros. Además, en los préstamos sindicados se pone como línea roja el 75%, salvo que los propios acuerdos de la sindicación contemplen un listón menor.

Como la nueva sociedad pública nacerá de la suma de varias concesionarias –las cuatro radiales de Madrid, la autopista al aeropuerto Adolfo Suárez, Ocaña-La Roda, Cartagena-Vera, Madrid-Toledo y la Circunvalación de Alicante–, la banca española se ha garantizado previamente que tiene la mayoría necesaria en la deuda ligada a cada una de estas sociedades para poder forzar el acuerdo.

El Confidencial.com 23/09/2014

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