La excúpula de Spanair ha recibido estos días un varapalo judicial. El juez ha considerado que los administradores de la aerolínea no actuaron con diligencia a la hora de presentar la quiebra y que esta demora abultó la deuda y causó un perjuicio a los acreedores, entre los que se encuentra la Agencia Tributaria, AENA y los propios empleados. La pena impuesta es el pago de una indemnización de 10,8 millones y la inhabilitación durante dos años para ejercer de administrador de bienes ajenos.
En la ley concursal, la mala gestión se paga cara. Siempre que una empresa entra en concurso de acreedores, si finalmente va a liquidación o si se pacta una quita superior al 50%, el juez debe entrar a calificar si el concurso de acreedores es fortuito (no hay responsabilidad de los administradores) o culpable. En el caso de Spanair, por el impacto de su quiebra, la fiscalía ha ejercido de acusación y, al igual que la administración concursal, ha considerado que los exgestores, entre los que figuran el exvicepresidente del Barça Ferran Soriano, la Generalitat, Fira de Barcelona y Turisme de Barcelona, no hicieron bien su trabajo.
Como la sentencia se puede recurrir, habrá que esperar a que sea firme, desenlace que se puede demorar años. La pérdida para los contribuyentes es doble. Lo que invirtieron las instituciones públicas en un proyecto que no resultó viable y lo que se ha dejado a deber a Hacienda o a organismos públicos.
Igual que ha ocurrido con Spanair, sería deseable que se abordaran con la misma firmeza otros casos que están pendientes en España. Uno de los más lacerantes son las quiebras de nueve autopistas de peaje españolas. El rescate económica de estas concesionarias, con una deuda que asciende a 4.600 millones de euros, es actualmente uno de los problemas financieros del Estado.
El Gobierno ha propuesto a la banca acreedora una quita del 50% de la deuda, pero está dilatando el proceso de forma inadmisible. Cuando el acuerdo sea firme, el concurso también deberá ser calificado. Y es de esperar que la fiscalía sea activa en este proceso en el que los contribuyentes han perdido tanto dinero por malas decisiones de los gestores públicos. Entre las causas principales de estas quiebras figura el sobrecoste de las expropiaciones que se hicieron de los terrenos por los que debían transcurrir estas vías. La pregunta que deberían hacerse es quién se embolsilló este dinero y por qué las valoraciones fueron tan elevadas.
Las radiales quebradas son un ejemplo del gran despilfarro público en España, igual que los aeropuertos vacíos y muchos otros fracasos. La mala gestión se debería pagar cara. Pero lamentablemente, no siempre es así.
El Periódico.com 21/09/2014
En la ley concursal, la mala gestión se paga cara. Siempre que una empresa entra en concurso de acreedores, si finalmente va a liquidación o si se pacta una quita superior al 50%, el juez debe entrar a calificar si el concurso de acreedores es fortuito (no hay responsabilidad de los administradores) o culpable. En el caso de Spanair, por el impacto de su quiebra, la fiscalía ha ejercido de acusación y, al igual que la administración concursal, ha considerado que los exgestores, entre los que figuran el exvicepresidente del Barça Ferran Soriano, la Generalitat, Fira de Barcelona y Turisme de Barcelona, no hicieron bien su trabajo.
Como la sentencia se puede recurrir, habrá que esperar a que sea firme, desenlace que se puede demorar años. La pérdida para los contribuyentes es doble. Lo que invirtieron las instituciones públicas en un proyecto que no resultó viable y lo que se ha dejado a deber a Hacienda o a organismos públicos.
Igual que ha ocurrido con Spanair, sería deseable que se abordaran con la misma firmeza otros casos que están pendientes en España. Uno de los más lacerantes son las quiebras de nueve autopistas de peaje españolas. El rescate económica de estas concesionarias, con una deuda que asciende a 4.600 millones de euros, es actualmente uno de los problemas financieros del Estado.
El Gobierno ha propuesto a la banca acreedora una quita del 50% de la deuda, pero está dilatando el proceso de forma inadmisible. Cuando el acuerdo sea firme, el concurso también deberá ser calificado. Y es de esperar que la fiscalía sea activa en este proceso en el que los contribuyentes han perdido tanto dinero por malas decisiones de los gestores públicos. Entre las causas principales de estas quiebras figura el sobrecoste de las expropiaciones que se hicieron de los terrenos por los que debían transcurrir estas vías. La pregunta que deberían hacerse es quién se embolsilló este dinero y por qué las valoraciones fueron tan elevadas.
Las radiales quebradas son un ejemplo del gran despilfarro público en España, igual que los aeropuertos vacíos y muchos otros fracasos. La mala gestión se debería pagar cara. Pero lamentablemente, no siempre es así.
El Periódico.com 21/09/2014
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