Fomento tiene menos de un mes para cuadrar el embrollo de las nueve autopistas en quiebra. El juzgado de lo mercantil número 6 de Madrid, donde se resuelve el concurso de Accesos Madrid y donde la Administración quiere trasladar los otro ocho concursos, ha dictado una resolución que fija hasta el 16 octubre el plazo límite para que el Ministerio presente su propuesta de convenio, según han confirmado a elEconomista fuentes cercanas al proceso.
Con la nueva Ley Concursal, que se aprobó hace dos semanas, el Gobierno puede realizar una propuesta de convenio única para todas las concesionarias. La nueva normativa permite que esta propuesta se haga incluso si ha pasado el plazo legal, por lo que no delimita de forma especifica el tiempo límite para ello.
Sin embargo, tras esta resolución, la Administración tiene menos de 30 días para asegurarse de que todas las partes, o al menos una mayoría del 75 por ciento, van aprobar su propuesta.
La parte más problemática está siendo la banca extranjera, que acumula aproximadamente un 40 por ciento de la deuda de las nueve concesionarias, y que ha contratado al bufete Linklaters para hacer un frente común y bloquear la propuesta de Fomento.
Según explicó ayer la titular de este Ministerio, Ana Pastor, están negociando para que "las empresas puedan hacer una quita del 50 por ciento y que no tenga que salir un euro del bolsillo de los españoles".
Este es precisamente el punto que las entidades financieras foráneas no están dispuestas a aceptar, por lo que el Gobierno va a tener que acelerar las conversaciones y proponer nuevas condiciones si quieren alcanzar el apoyo del 75 por ciento de los acreedores, necesario para arrastrar al resto.
Por otro lado, mañana debería celebrarse la junta de la autopista de peaje AP-36 que discurre entre las localidades de Ocaña y La Roda y es operada por Ferrovial con el respaldo de Sacyr y KutxaBank. En esta reunión se votará la propuesta de convenio y si no es aprobada esta concesionaria debe ir a liquidación. Sin embargo, fuentes del sector han explicado a este periódico que probablemente la junta no llegue a celebrarse, pues el Gobierno puede pedir la suspensión de la misma y una ampliación del plazo para presentar su propuesta.
Actualmente la deuda de las nueve concesionarias ronda entre los 4.000 y 4.500 millones de euros y el plan de rescate que hasta ahora ha presentado el Gobierno pasa por aplicar una quita del 50 por ciento, mientras que la otra parte del pasivo se transformará en bonos a 30 años, retribuidos a un interés fijo del 1 por ciento (podría mejorarse ligeramente) más un porcentaje variable asociado a la evolución futura de los tráficos. Con los balances saneados, la Administración propone la creación de una Entidad Nacional de Autopistas (ENA).
El Economista.es 18/09/2014
Con la nueva Ley Concursal, que se aprobó hace dos semanas, el Gobierno puede realizar una propuesta de convenio única para todas las concesionarias. La nueva normativa permite que esta propuesta se haga incluso si ha pasado el plazo legal, por lo que no delimita de forma especifica el tiempo límite para ello.
Sin embargo, tras esta resolución, la Administración tiene menos de 30 días para asegurarse de que todas las partes, o al menos una mayoría del 75 por ciento, van aprobar su propuesta.
La parte más problemática está siendo la banca extranjera, que acumula aproximadamente un 40 por ciento de la deuda de las nueve concesionarias, y que ha contratado al bufete Linklaters para hacer un frente común y bloquear la propuesta de Fomento.
Según explicó ayer la titular de este Ministerio, Ana Pastor, están negociando para que "las empresas puedan hacer una quita del 50 por ciento y que no tenga que salir un euro del bolsillo de los españoles".
Este es precisamente el punto que las entidades financieras foráneas no están dispuestas a aceptar, por lo que el Gobierno va a tener que acelerar las conversaciones y proponer nuevas condiciones si quieren alcanzar el apoyo del 75 por ciento de los acreedores, necesario para arrastrar al resto.
Por otro lado, mañana debería celebrarse la junta de la autopista de peaje AP-36 que discurre entre las localidades de Ocaña y La Roda y es operada por Ferrovial con el respaldo de Sacyr y KutxaBank. En esta reunión se votará la propuesta de convenio y si no es aprobada esta concesionaria debe ir a liquidación. Sin embargo, fuentes del sector han explicado a este periódico que probablemente la junta no llegue a celebrarse, pues el Gobierno puede pedir la suspensión de la misma y una ampliación del plazo para presentar su propuesta.
Actualmente la deuda de las nueve concesionarias ronda entre los 4.000 y 4.500 millones de euros y el plan de rescate que hasta ahora ha presentado el Gobierno pasa por aplicar una quita del 50 por ciento, mientras que la otra parte del pasivo se transformará en bonos a 30 años, retribuidos a un interés fijo del 1 por ciento (podría mejorarse ligeramente) más un porcentaje variable asociado a la evolución futura de los tráficos. Con los balances saneados, la Administración propone la creación de una Entidad Nacional de Autopistas (ENA).
El Economista.es 18/09/2014
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