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| Las autopistas de peaje en quiebra, un problema que, por olvidado, no deja de estar presente |
¿Qué fue del célebre rescate de las autopistas? Tras el último impulso del Gobierno a esta cuestión, que data del verano de 2014, cuando estuvo a punto de alcanzarse un acuerdo definitivo, poco más se ha sabido. Y no debido a un pacto de silencio entre los implicados sino a que los avances al respecto han sido mínimos, por no decir inexistentes. En una palabra, el proceso está parado, en vía muerta. Pero este hecho no hace desaparecer el problema que lleva aparejado. Al contrario, cada día que pasa sin una solución, el Estado se aproxima más a tener que asumir unafactura por la quiebra de las concesionarias que estará muy cercana a los 5.000 millones de euros.
Actualmente, la cuestión es muy difícil de abordar debido al carácter de en funciones que tiene el Gobierno a día de hoy. Sin embargo, el plan ha estado prácticamente detenido a lo largo del último año. Las novedades que han trascendido no han llegado desde el ámbito del Ministerio de Fomento ni de las compañías implicadas sino de la Justicia.
Durante 2015, dos de las concesionarias entraron enf ase de liquidación al rechazar el juez de lo Mercantil que entendía de sus concursos el convenio presentado por Fomento. Ante esta tesitura, el Ejecutivo se ha limitado a recurrir la decisión judicial y así ganar algo de tiempo.
El problema reside en que otras siete concesionarias se encuentran en situación de concursos avanzados y que su entrada en la fase de liquidación está al caer. Y esto supone que se activa el mecanismo de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), es decir, que el Estado se hace cargo de la autopista como propietario último del activo. Los recursos incoados por el Gobierno están retrasando el proceso pero no será por mucho tiempo.
De hecho, se preveía que en la recta final de 2015 otras cinco concesionarias entraran en fase de liquidación y, por lo tanto, sus accionistas solicitaran al Gobierno la correspondiente RPA. Los procesos concursales están resultando tortuosos (los presentados en primer lugar llevan cuatro años en curso), una circunstancia que ha favorecido hasta ahora al Ejecutivo.
Sin embargo, todo apunta a que el nuevo Gobierno que resulte del proceso de negociaciones que se llevará a cabo en las próximas semanas se topará de frente con un problema nada baladí. El plan que Fomento aprobó de forma provisional consistía en la asunción de la deuda de las concesionarias, por encima de los 4.000 millones de euros, pero con una quita del 50% y un programa para pagar el resto a través de un bono a 30 años, con un interés variable en función de los tráficos de las vías afectadas.
Al plan se opuso la banca internacional, que no estaba dispuesta a aceptar una quita tan amplia. Desde la vuelta de aquel verano de 2014, nada nuevo bajo el sol. El proceso de la RPA no será ni mucho menos tan llevadero para las arcas del Estado como el diseñado por Fomento para el rescate de las concesionarias.
“Si los procesos de liquidación siguen adelante, la obligación de hacerse cargo de las concesiones hace saltar por los aires cualquier plan económico que haya diseñado el Gobierno que se conforme en las próximas semanas”, apunta una fuente del sector financiero, quien además muestra su asombro por el hecho de que el proceso apenas haya registrado avances en más de un año. “Está parado, olvidado; pero que nadie piense que va a arreglarse por sí solo”.
Las llamadas autopistas de segunda generación fueron adjudicadas durante la segunda legislatura de José María Aznar. Su coste se disparó debido a los sobreprecios pagados por las expropiaciones. Además, los tráficos registrados en las vías fueron notablemente inferiores a los previstos en los pliegos. La llegada de la crisis terminó de alimentar la tormenta perfecta.
Por el momento, los tribunales han dado la espalda a los planes de Fomento pero desde el Gobierno no se ha dado otra respuesta que los recursos. No hay plan B. Pero sí cerca de 5.000 millones que podrían volar de las arcas públicas para solventar un desaguisado que los políticos, por el momento, han sido incapaces de solucionar. Una factura que terminarán pagando los ciudadanos.
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