El desarrollo de infraestructuras a través de fórmulas de colaboración público-privada -ya sea obra pública sociosanitaria, de transporte o productiva- se ha explorado ampliamente por todas las Administraciones públicas. Aunque fueron los gobiernos del Partido Popular quienes recurrieron más a este sistema para financiar actuaciones que la tesorería de la Generalitat, castigada por lainfrafinanciación histórica del Estado, no podía asumir. A partir de la década de los 90, el modelo clásico, la concesión, comenzó a ganar popularidad. Y desde entonces su posición se mantiene como hegemónica.
Las ventajas contables de estas fórmulas son evidentes para la Administración. Sobre el papel, Europa sitúa los proyectos de colaboración público-privada fuera del balance del sector público a efectos de déficit y endeudamiento, siempre que el sector privado cargue con la mayor parte de los riesgos. No se trata de una cuestión menor. Al contrario, la definición de estos contratos exigen una ardúa labor técnica para que cumplan con todos los requisitos de Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.
La concesión, la fórmula más habitual, se utiliza básicamente para financiar obras de carreteras y ejes viarios -por ejemplo, autopistas-, aunque también se extiende a otro tipo de obra pública. En la práctica, el modelo comprende varias fórmulas jurídicas, pero sus características resultan muy similares. Con frecuencia se emplean para el desarrollo de aparcamientos subterráneos urbanos o polideportivos y piscinas municipales. Y la conselleria de Infraestructuras incluso lo barajó para desbloquear las obras de la línea T2 de Metrovalencia.
El procedimiento es simple. Por concurso público se selecciona a una compañía a la que se adjudica la construcción, explotación y mantenimiento de una infraestructura por un periodo concesional que revierte, posteriormente, a la Administración. A cambio ésta abona un canon anual que completa los ingresos.
La rentabilidad para la empresa explotadora se sitúa con frecuencia en el entorno del 5%, según fuentes del sector consultadas por este diario. Aunque recuerdan que estas operaciones conllevan también riesgos inesperados que a menudo reducen de forma sustancial este porcentaje. Los adjudicatarios, por ejemplo, han de hacer frente a posibles demandas por expropiación de suelo que pueden terminar disparando el coste final de la inversión. En otros casos, el problema radica en la rentabilidad, como consecuencia de deficiencias no detectadas en los estudios de viabilidad y uso.
Aún así, numerosas constructoras se sumaron a la fiebre del concurso público los años tras el estallido de la burbuja. Algunos empresarios del sector lo consideran, hoy, un error. El modelo no sólo comprometió la capacidad financiera de las compañías (que adelantaron los fondos mediante préstamos). También les obligó a incrementar sus estructuras para crear nuevas áreas de negocio vinculadas a la explotación en las que carecían de experiencia. La crisis terminó asfixando a muchas de ellas.
Fue el ex presidente de la Generalitat Francisco Camps quien introdujo el peaje en sombra -también conocido como modelo alemán- en la Comunidad Valenciana en 2005. Se trata de un sistema de pago aplazado donde la concesionaria percibe un canon anual de la Administración valenciana en función del tráfico que se registra en los distintos tramos de la carretera. La CV-35, la autovía de Ademuz, es el máximo exponente. Costó más de 150 millones de euros y se otorgó en concesión por un plazo de 35 años a una UTE en la que figuraban dos firmas valencianas, Secopsa y Nagarés, aunque con una participación minoritaria. Hubo tres adjudicaciones más bajo este modelo, pero la crisis obligó a denerlas.
Como modelo singular de colaboración público-privada, los empresarios del sector apuntan a La Rambleta. La firma adjudicataria recibe dos cánones del Ayuntamiento de Valencia. El primero sufraga las obras del centro cultural, presupuestadas en 14 millones de euros. El segundo, la programación. Al final, del periodo concesional (20 años) el coste para la administración local rondará los 60 millones.
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