La ministra de Fomento, Ana Pastor ha justificado el incumplimiento de su promesa, a todas luces imposible de cumplir, apelando a la herencia recibida de su antecesor Pepe Blanco y, en definitiva, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguró en junio del año pasado, con agravante de vehemencia – “lo digo alto y claro”, aseguró – que la salvación de las autopistas al borde de la quiebra “en ningún caso supondrá una aportación de fondos públicos de todos los españoles”.
Al parecer la expresión “en ningún caso” tiene para la ministra una significación contraria a lo que entendemos los demás ciudadanos.
El año pasado la ministra expresaba el mismo propósito y los contribuyentes tuvimos que asumir 290 millones de euros a los concesionarios para que fueran tirando.
La realidad es que el Estado tendrá que tragarse el marrón de las 10 autopistas quebradas resguardándolas en el paraguas de una empresa nacional como la que ya se liquidó en su día.
Este Gobierno ha redescubierto el expediente tan manido de la socialización de pérdidas que al día de hoy están por encima de los 4.000 millones de euros a lo que hay que añadir otros 600 de impagados por los concesionarios a las constructoras.
Pastor está negociando con la banca acreedora de las autopistas privadas una quita que podría situarse entre el 30 y el 50 por ciento.
Y la banca acreedora: Bankia, Sabadell, Santander, Caixabank y algunos extranjeros están, naturalmente exultantes, pues en una quiebra como dios manda sus créditos no valdrían nada.
La ministra Pastor no ha tenido el valor de dirigirse a la ciudadanía y confesar honradamente que sus virtuosas intenciones eran imposibles de cumplir.
Ningún ministro toma una decisión tan valiente y honrada pero Ana Pastor que es una buena ministra tuvo la oportunidad de aportar una novedad al proceso de regeneración democrática que se ha convertido en el gran tópico nacional.
Estoy convencido de que semejante muestra de honradez, además de socialmente deseable, sería rentable políticamente.
Pero parece que la regeneración democrática no llega a tales extremos que supongo se atribuyen a la demagogia.
Responsabilidades del gobierno socialista, las hubo, por omisión, por el pecado de no haber atajado las locuras del gobierno de Aznar.
Pero el pecado original, el error garrafal de previsión de intensidades de tráfico imposibles y la brutal infravaloración de los costes de expropiación, así como los compromisos onerosos del Estado con una aventura inviable que llenó los bolsillos de los promotores corresponde en el mayor grado al ministro de Francisco del gabinete del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos y al presidente del mismo, José María Aznar.
Este, en el momento solemne del corte de cintas de las periféricas de Madrid, aseguró que estas vías suponían “un antes y un después” en el proceso de modernización y competitividad de España.
Las concesionarias hicieron un cálculo descabellado de la intensidad de tráfico previsible, no por incompetencia sino porque en el fondo les daba igual.
Se lanzaron a la aventura apalancadas, con la alegría del crédito fácil que suponían que no había que devolver. Con el convencimiento proporcionado por la experiencia de que, llegado el caso, el Estado acudiría en su socorro.
Las autopistas de peaje, no ya en tiempos de Aznar o Zapatero sino cuando se crearon con Franco se han ganado el título de autopistas de pillaje.
El Plural.com 20/10/2014
La ministra de Fomento, Ana Pastor, aseguró en junio del año pasado, con agravante de vehemencia – “lo digo alto y claro”, aseguró – que la salvación de las autopistas al borde de la quiebra “en ningún caso supondrá una aportación de fondos públicos de todos los españoles”.
Al parecer la expresión “en ningún caso” tiene para la ministra una significación contraria a lo que entendemos los demás ciudadanos.
El año pasado la ministra expresaba el mismo propósito y los contribuyentes tuvimos que asumir 290 millones de euros a los concesionarios para que fueran tirando.
La realidad es que el Estado tendrá que tragarse el marrón de las 10 autopistas quebradas resguardándolas en el paraguas de una empresa nacional como la que ya se liquidó en su día.
Este Gobierno ha redescubierto el expediente tan manido de la socialización de pérdidas que al día de hoy están por encima de los 4.000 millones de euros a lo que hay que añadir otros 600 de impagados por los concesionarios a las constructoras.
Pastor está negociando con la banca acreedora de las autopistas privadas una quita que podría situarse entre el 30 y el 50 por ciento.
Y la banca acreedora: Bankia, Sabadell, Santander, Caixabank y algunos extranjeros están, naturalmente exultantes, pues en una quiebra como dios manda sus créditos no valdrían nada.
La ministra Pastor no ha tenido el valor de dirigirse a la ciudadanía y confesar honradamente que sus virtuosas intenciones eran imposibles de cumplir.
Ningún ministro toma una decisión tan valiente y honrada pero Ana Pastor que es una buena ministra tuvo la oportunidad de aportar una novedad al proceso de regeneración democrática que se ha convertido en el gran tópico nacional.
Estoy convencido de que semejante muestra de honradez, además de socialmente deseable, sería rentable políticamente.
Pero parece que la regeneración democrática no llega a tales extremos que supongo se atribuyen a la demagogia.
Responsabilidades del gobierno socialista, las hubo, por omisión, por el pecado de no haber atajado las locuras del gobierno de Aznar.
Pero el pecado original, el error garrafal de previsión de intensidades de tráfico imposibles y la brutal infravaloración de los costes de expropiación, así como los compromisos onerosos del Estado con una aventura inviable que llenó los bolsillos de los promotores corresponde en el mayor grado al ministro de Francisco del gabinete del Partido Popular, Francisco Álvarez Cascos y al presidente del mismo, José María Aznar.
Este, en el momento solemne del corte de cintas de las periféricas de Madrid, aseguró que estas vías suponían “un antes y un después” en el proceso de modernización y competitividad de España.
Las concesionarias hicieron un cálculo descabellado de la intensidad de tráfico previsible, no por incompetencia sino porque en el fondo les daba igual.
Se lanzaron a la aventura apalancadas, con la alegría del crédito fácil que suponían que no había que devolver. Con el convencimiento proporcionado por la experiencia de que, llegado el caso, el Estado acudiría en su socorro.
Las autopistas de peaje, no ya en tiempos de Aznar o Zapatero sino cuando se crearon con Franco se han ganado el título de autopistas de pillaje.
El Plural.com 20/10/2014
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