El Gobierno ha presentado en la mañana de este viernes ante el juez su propuesta para rescatar a las autopistas de peaje en quiebra. El plan incluye una quita del 50% sobre la deuda que arrastran las concesiones, cuyo volumen asciende a 3.600 millones de euros, y pagar las cantidades que queden pendientes a 30 años, según han informado en fuentes del Ejecutivo. En caso de salir adelante, será el Ministerio de Fomento quien asumirá la gestión de las nueve autopistas hundidas por el desplome del tráfico y el sobrecoste de las expropiaciones.
La propuesta es la misma que estaba sobre la mesa desde principios de año a instancias de Hacienda y que, según fuentes cercanas al Gobierno, cuenta con el visto bueno de Bruselas. Sin embargo, el departamento que dirige Ana Pastor no la ha presentado hasta que han entrado en vigor los sucesivos cambios adoptados en la ley concursal y que favorecen los intereses del Estado en el contencioso. En particular, el recorte de las mayorías necesarias para imponer los acuerdos a los acreedores rebeldes y la posibilidad de unificar todos los concursos en una sola causa.
El Gobierno, en cualquier caso, ha esperado hasta el último momento para realizar su propuesta, en parte por la técnica de ganar por agotamiento, según denuncian en fuentes de la otra parte de la mesa de negociación. Este mes cumplían los plazos administrativos para la resolución de los concursos de la AP-36, que lleva ya tres aplazamientos, y de Accesos de Madrid, propietaria de la R3 y la R5.
Tras el movimiento de Fomento, ahora se abre un plazo de un mes para que las partes hagan una propuesta consensuada de convenio ante el juez. El magistrado la aceptará si el plan cuenta con el visto bueno del Gobierno. En este proceso, las modificaciones legales en la ley concursal permiten ahora al Ejecutivo y a los bancos españoles superar las reticencias de la banca extranjera a la quita, contraria a la quita.
Este último grupo de entidades lleva defendiendo desde el principio de las negociaciones su derecho a cobrar lo que se conoce como Responsabilidad Patrimonial Administrativa. Esta estipula que la deuda de las concesiones, en caso de liquidación, pase a ser responsabilidad del Estado. El Gobierno, sin embargo, se ha resistido a que el rescate, tal y como reiteró este mismo miércoles la ministra de Fomento, Ana Pastor, “cueste un duro a los contribuyentes” tras el alto nivel de contestación social que han provocado las ayudas a la banca en contraprestación a los recortes. Tampoco querían poner en riesgo los objetivos de déficit por las radiales.
Tras el rumbo que han tomado los acontecimientos, las entidades extranjeras contemplan recurrir a Bruselas para exigir la aplicación retroactiva de la ley concursal. La anterior legislación les hubiera permitido ejecutar sus garantías de acreedor privilegiado en lugar de verse obligados a asumir un convenio durante un mínimo de cinco años que no les convence. A este respecto, confían en que sea la Comisión la que abra un proceso contra España por conculcar derechos adquiridos.
Según los planes del Ejecutivo, la idea es pagar a los acreedores con los ingresos que vayan generando los peajes durante estos 30 años. Para la negociación con la banca han dejado abierto el interés que devengará esta deuda, que podría estar entre el 1% y el 2% al que aspiran las entidades.
Entre las empresas que construyeron las autopistas y montaron las concesiones están Abertis, ACS, Ferrovial, OHL, Sacyr, Acciona, Azvi, Isolux o Comsa. Las infraestructuras fueron financiadas por un grupo de bancos entre los que destacan Santander, BBVA, Caixabank, Banco Popular, Banco Sabadell y Bankia y que ahora aceptan cobrar en 30 años.
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