El PP se va a quedar a medias en su apoyo a la doble propuesta del PSOE de no prorrogar la concesión de la AP-1 más allá de noviembre de 2018 y de liberar la N-I de camiones durante los cuatro próximos años, hasta el fin de la concesión.
La ministra de Fomento se lo ha puesto fácil a los parlamentarios populares burgaleses a la hora de comprometerse a secundar la primera parte de la iniciativa socialista. Ana Pastor remarcó el miércoles en una entrevista en este periódico que «no tiene en su agenda ampliar la concesión».
Jaime Mateu, portavoz de Fomento en el Senado, confirma los planes de la ministra en este sentido, pero no da el visto bueno a emprender una negociación con la Junta para financiar el peaje de los camiones que circulen por la autopista a fin de prohibir el tráfico pesado en la Nacional hasta noviembre de 2018. Luis Tudanca, diputado y recientemente elegido secretario regional del PSOE, plantea esta fórmula en la proposición no de ley a la que pretende que se adhiera el PP. Los socialistas entienden que esta opción -acuerdo entre Ministerio y Gobierno regional- ya se da en otras comunidades y podría llevarse a cabo en Castilla y León, en Burgos en concreto, dada la «peligrosidad» de la carretera nacional.
Sin embargo, los populares rechazan esta idea, por varios motivos. Según Mateu «ya existen peajes blandos» para quienes realizan con frecuencia el trayecto entre Burgos y Miranda y también para los briviescanos, en ambos sentidos. «No vamos a financiar el viaje a un camión que procede de Marruecos para ir a Francia», señala ilustrativamente. El senador por Burgos también alude a «cuestiones presupuestarias», es decir, a la falta de dinero de las administración (Junta y Estado) para embarcarse en un convenio de esta naturaleza. Asimismo, manifiesta que «el fin de la concesión» y liberalización de la AP-1 «está a la vuelta de la esquina».
Uno de los ejemplos que pone Tudanca para establecer ese convenio y sacar los camiones de la N-I es el que firmaron el Ministerio de Fomento y la Generalitat hace un año y medio para la N-II. Ambas administraciones comprometieron cada una 1,5 millones de euros para compensar a la concesionaria Abertis si esta salía malparada por las rebajas (de entre el 35% y 50%) que debía establecer a todos los camiones que circularan por la AP-7. Esta concesionaria está satisfecha por el momento, pues ha visto cómo aumentaba el tráfico hasta los 3.600 camiones de media diaria en laborables. No es el único ejemplo. En la AP-4, en Andalucía, la Junta firmó un convenio con Fomento por el que la primera Administración se hacía cargo del pago íntegro del peaje a todos los usuarios. La tarifa de la AP-9, en Galicia, se sufraga a medias entre Xunta y Ministerio. También existe un acuerdo en La Rioja por el que desde 2010 Gobierno central y regional abonan al 50% el precio de la AP-68.
Tudanca, por su parte, ya ha enviado el texto de la proposición no de ley al PP y, aunque este partido no la apoye en su totalidad, sí podrá secundar el primer punto, el que se refiere a no prorrogar la concesión de la AP-1. El PSOE fundamenta su propuesta en «el gran índice de accidentes de la N-I y a su gran peligrosidad, con 112 siniestros ocurridos en los años 2012 y 2013». Por ello juzga imprescindible que «más allá de disputas políticas» todos los grupos parlamentarios se «comprometan a que no se amplíe la concesión de la autopista más allá de noviembre de 2018».
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